Si el destino final de dicha inversión fuera en beneficio de millones de familias pobres, el gasto estaría más que justificado, pero cuando parte importante de esos recursos públicos van a parar a las cuentas bancarias de funcionarios corruptos, empresarios deshonestos, intermediarios voraces y distribuidores abusivos, se confirma el fracaso del gobierno de Felipe Calderón en el sector salud, en donde el secretario José Córdova Villalobos y los titulares de los órganos de control y vigilancia han fallado en su responsabilidad y son incapaces de poner orden y eliminar la corrupción que se expande como plaga en las instituciones de salud.
El mismo secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, ha dicho que hay una intensa investigación en contra de empresas intermediarias que han corrompido el sistema de distribución de medicamentos a instituciones de salud pública y que en breve habrá inhabilitaciones para que no vuelvan a participar en concursos y licitaciones públicas relacionadas con el sector salud. Sin embargo hasta ahora esa promesa sigue pendiente y el sexenio avanza hacia su conclusión.
Las empresas intermediarias más representativas del sector y que controlan prácticamente el 90 por ciento de los mercados público y privado son Casa Saba, de la familia Saba; Maipo, de los hrmanos Jesús y Carlos Arenas; Nadro, de la familia Escandón; El Fénix, de la familia González Torres; Fármacos Especializados y Selecciones Médicas, de la familia Pérez Fayad; Ralca, de los hermanos Alberto y Sergio Ramírez; Disur, de los hermanos Víctor, Jesús y Armando Sánchez Ayala, y Lomedic, de Carlos Lomelí Bolaños. ¿Cuál de estas empresas será sancionada?
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