Acotó el fuero militar y facultó a jueces para determinar apego a Constitución en materia de DH.
Gustavo Castillo y Fernando Camacho
Publicado: 13/07/2011 09:17
México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.
Las resoluciones históricas dictadas ayer por el máximo tribunal del país se dieron a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, líder social del municipio de Atoyac, Guerrero, desaparecido en 1974 durante la guerra sucia.
Asimismo, otorgó facultades a todos los tribunales del país para que puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, con lo que modificó la posición que había asumido en los últimos 70 años de ser el único órgano mexicano que podía analizar la legalidad de una ley y su aplicación.
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- Fueron décadas de espera para esta decisión histórica, señalan ONG
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 3
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, se congratuló con las dos resoluciones que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para acotar el fuero castrense, porque vienen a reconocer un estándar internacional en materia de justicia y, sobre todo, a plantear un nuevo criterio en materia de competencias cuando militares se encuentren involucrados en delitos contra civiles
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El ombudsman nacional dijo a este diario que, en los hechos, es la derogación del fuero militar, pues es una restricción, una interpretación que viene a restringirlo y a dejarlo sólo para el ámbito exclusivo de la disciplina militar
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Sin duda –abundó–, esto va a abonar a que la impunidad pueda agotarse y que la justicia llegue a mayor número de casos
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viene a interpretar nuevamente el artículo 13 constitucional y no dejar duda alguna respecto al conflicto o contradicción que aparentemente se tenía con el artículo 57 del Código de Justicia Militar, habilitando a todos los jueces civiles para que conozcan de aquellos delitos cometidos por militares contra civiles.
- Expulsión de académico colombiano evidenció desacato
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 4
La organización Sin Fronteras advirtió que en la deportación del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán –en mayo de 2009– se acreditó ante un juez que el gobierno mexicano rechazó una solicitud de asilo, lo que rompe con todos los preceptos y leyes en la materia que debió acatar México.
De manera independiente al proceso jurídico que se siguió a Beltrán en su país (fue absuelto tras dos años de permanecer en una cárcel de máxima seguridad, La Jornada, 11 de julio 2011), este caso puso en evidencia los riesgos de privilegiar la seguridad nacional por encima de otras circunstancias, como una solicitud de asilo, lo que rompe toda la tradición de México en la materia.
- Ninguna de las instituciones que maneja la lideresa se salva, dice
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 5
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) explicó que ninguna de las instituciones que maneja Elba Esther Gordillo Morales, por medio de personas de su confianza, ha estado exenta de casos de corrupción, presuntos desvíos de recursos, deficiencias y falta de transparencia en el ejercicio del gasto.
En conferencia de prensa, la titular de la comisión, Esthela Damián Peralta (PRD), sostuvo que los resultados de las auditorías practicadas a la Subsecretaría de Educación Básica, a la Lotería Nacional, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) desmienten lo dicho por el presidente Felipe Calderón, quien ayer aseguró que el pacto con la lideresa no daba carta de impunidad ni para el saqueo.
Ninguna (institución relacionada con Gordillo) tiene resultados positivos. Eso no se puede negar, ninguna está sana en sus funciones porque no se han manejado con transparencia y honestidad o en sus resultados, como en el caso de la educación básica, expuso Damián Peralta al ofrecer detalles de las sucesivas auditorías a las cuentas públicas de esos organismos practicadas desde el sexenio de Vicente Fox por la ASF.
En dos meses el instituto gastó 2 mil 300 millones de pesos en vales de medicinas
A causa del desabasto de medicamentos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en los primeros dos meses del año el organismo gastó 2 mil 300 millones de pesos, equivalentes a 26 por ciento del presupuesto anual destinado a este rubro. La causa: la compra de productos a precio comercial. Lo anterior, porque al no surtir las recetas en las farmacias de clínicas y hospitales, en enero y febrero se entregaron a los derechohabientes 1.2 millones de vales del programa Medicina Exprés (Medex), con el cual se busca mantener niveles de abasto superiores a 95 por ciento. El objetivo aparentemente se logra, pero a costa de un gasto mayor.
Los cupones son canjeados por los derechohabientes de la institución en una red privada de casi 800 farmacias, pero a precios superiores a los que obtienen las instituciones públicas en procesos de licitación.
falta de oportunidad en el surtimiento de recetas, como se denomina oficialmente al desabasto, ascendió a 2 mil 300 millones de pesos en esos dos meses, en los cuales se reconoce que se reportaron las mayores carencias.
ha saqueadoal Issste, consideran empleados
- También el IMSS debe ser auditado, señala el Congreso de Jubilados
El Congreso Nacional Permanente de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores se sumó a la petición de auditar no sólo al Issste, sino también al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), toda vez que los últimos años éste se ha preocupado por lanzar a la opinión pública información deformada y catastrófica cuando hoy sabemos que el presupuesto asignado ha sido suficiente
, señaló Fernando Rodríguez.
A su vez, Honorio Robledo, de la Asociación de Jubilados del Issste, indicó que la falta de médicos, equipo, instalaciones adecuadas y medicamentos en la institución se debe a que el sistema la ha saqueado
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Con los jubilados coincidieron además los propios trabajadores del Issste, al demandar una limpieza integral
y que se auditen a fondo todas sus cuentas a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluso las pensiones.
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 11
La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados dio a conocer ayer documentos donde confirma que la empresa constructora Gutsa está inhabilitada hasta 2015 para recibir contratos de obra pública, y que aun así el 1° de septiembre de 2010 la empresa Impulso Inmobiliaria Integral (I.I.I.) –que controlan Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía– le amplió el contrato para la construcción de la Estela de Luz en Chapultepec.
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 10
El secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, adelantó que las denuncias presentadas por el arquitecto César Pérez Becerril sobre presunta corrupción en la concesión e irregularidades en las obras para la elaboración de la Estela de Luz del Bicentenario, se incluirán en las auditorías que sobre ese tema realiza la dependencia.
Se va a tomar en cuenta lo que se ha ventilado en los medios, dijo en alusión a las denuncias presentadas ante la Cámara de Diputados. La víspera, el arquitecto –cuyo despacho ganó el concurso para el diseño del citado monumento– presentó documentos sobre presuntas irregularidades y corrupción en la licitación y respecto de la elevación del costo de las obras, que de 400 millones de pesos pasó a mil millones.
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 12
San Luis Potosí SLP, 12 de julio. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos calificó como desafortunado el cierre de la Casa de la Caridad, al considerar que es el único refugio y lugar de descanso de cientos de migrantes centroamericanos que cruzan cada semana dicha entidad, lo que aumenta el riesgo para ellos.
Rubén Pérez Ortiz, director de Cáritas en San Luis Potosí, confirmó que la inseguridad que se vive en el estado provocó el cierre temporal de la también llamada Casa del Migrante.
El sacerdote católico dijo que la organización que dirige necesita de instalaciones más amplias para alojar con mayor comodidad a migrantes que necesitan refugio y comida diariamente, pero que Cáritas seguirá brindando ayuda a los viajeros
centroamericanos durante su tránsito hacia la frontera norte.
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 12
Bruselas, 12 de julio. El número de migrantes que han abandonado México para vivir en otros países cayó 59 por ciento entre 2006 y 2009, para un total de 370 mil, debido a la recesión y al endurecimiento de los controles fronterizos, informó hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El dato consta en el informe más reciente de la OCDE sobre los movimientos migratorios en los países miembros, publicado en Bruselas por su secretario general, José Ángel Gurría.
De acuerdo con el estudio, la reducción observada en México fue más acentuada en el flujo hacia Estados Unidos y en la migración por motivos laborales, que se redujo 64 por ciento entre 2006 y 2009, hasta 255 mil personas.
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 12
espiral de dolorde la guerra contra el crimen organizado. Después de haber sido galardonado con la estatuilla Corazón de León, entregada por la Federación de Estudiantes Universitarios, el escritor sostuvo:
Le exijo al Presidente de la República que si quiere empezar a hacer justicia y a regenerar el tejido social de este país, entregue ese dinero a esta universidad. No sólo eso, esto es para los legisladores: queremos para las universidades de este país, para los estudiantes, para la juventud, el mismo dinero que se entrega para la violencia. Queremos ver que se va a trabajar realmente por la nación y no por la violencia, el horror y la muerte, dijo el activista.
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 20
Los legisladores del PRI y el PRD en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados no se presentaron a la reunión ordinaria este martes, para evitar que el PAN aprobara un proyecto de dictamen que rechaza la creación de una nueva empresa de generación y distribución de energía eléctrica, que sustituya a la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).
De los 30 integrantes de la comisión sólo asistieron 10, con lo cual no se obtuvo el quórum legal para sesionar. El vacío se logró luego de que de los 14 representantes del tricolor y los cinco del PRD no acudió ninguno.
El presidente de la comisión, Felipe de Jesús Cantú (PAN), informó que convocará a una sesión extraordinaria en breve, para tratar de someter a votación su proyecto, debido a que el próximo lunes 18 de julio vence el plazo reglamentario para que la iniciativa presentada en noviembre por el diputado José Narro (PRD) pueda ser dictaminada en la comisión.
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 21
San Cristóbal de las Casas, Chis., 12 de julio. Los pobladores de la ranchería Huitepec Alcanfores, en las faldas de cerro Huitepec, cerca de esta ciudad, denunciaron la destrucción de un bosque y las pretensiones de convertir la comunidad en colonia urbana y construir 74 condominios
con respaldo de los gobiernos municipal y estatal. Ante la inconformidad de la población, vehículos del Ejército federal y de las policías estatal y municipal realizan patrullajes desde el pasado día 3.
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 21
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 12 de julio. Cinco familias choles desalojadas por hombres armados del municipio de Salto de Agua el pasado 3 de julio, iniciaron este martes un plantón por tiempo indefinido en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en esta ciudad. Exigen a las autoridades federales y estatales que generen condiciones para su regreso a tierras que recibieron en 2002 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al ser reubicadas de la reserva de Montes Azules.
Los indígenas, en su mayoría niños y mujeres, ingresaron en la CNDH, ubicada cerca del parque central de San Cristóbal, ayer a las 11 horas, y se instalaron en el vestíbulo del inmueble.
Lo único que exigimos es que se garantice nuestro retorno, el retiro inmediato del grupo paramilitar que nos despojó de las tierras y regularización de las mismas, así como castigo a los culpables materiales e intelectuales de la agresión, dijo Mercedes Pérez Pérez, una de las personas afectadas.
- Desaparición forzada del fuero militar
- Orden interamericana
- Recomponer escenarios
- Gord, JamEsther Gord
Corte mexicana que acepta la condición de Suprema a la Interamericana que desde San José, Costa Rica, le ha ordenado dejar de permitir el régimen de excepción que desde décadas atrás, y en especial en estos años recientes sombríos y sangrientos, ha significado una rotunda condición de impunidad a las fuerzas armadas cuando actúan contra civiles de su propia patria. No es que la Corte mexicana resolviera o decidiera (más que en términos estrictamente procesales), sino que hubo de dar paso al cumplimiento local de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del caso de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero (de donde fue presidente municipal), que fue detenido ilegalmente en un retén militar el 25 de agosto de 1974, luego visto en donde entonces estaba instalado un cuartel militar, en la misma zona, y finalmente desaparecido.
- 90 años (tristes) de Mexicana
- Alfa, Alestra, AT&T
- El empresario que mató a un periódico
¡90 años, vamos por más!La mal llamada celebración fue encabezada por Lizette Clavel, de los sobrecargos; Fernando Perfecto, de pilotos, y Miguel Angel Yúdico, de la gente de tierra. Hay una pregunta que deberían contestar a sus afiliados: ¿por qué aceptaron desbaratar los contratos de trabajo cercenando ingresos y prestaciones antes de saber quién sería el nuevo dueño? Éste todavía no aparece, es ridículo lo que hicieron y se presta a diversas interpretaciones. En la víspera, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores había presentado una denuncia por fraude en la PGR, en contra del anterior principal accionista, Gastón Azcárraga, y Manuel Borja, ex director general, a los que acusan de haber defraudado al fisco con una suma aproximada a los 400 millones de pesos. Supuestamente no entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el impuesto sobre la renta retenido de sus salarios. La sospechosa lentitud de los dirigentes sindicales es inocultable: han esperado casi un año para presentar la denuncia. Tampoco han promovido ningún recurso en contra de tres funcionarios que han tenido un papel cuestionable: el secretario de Trabajo, Javier Lozano; el ex titular de Comunicaciones Juan Molinar Horcasitas, y el director general de Nafin-Bancomext, Héctor Rangel Domene. ¿O desconocían el problema fiscal? Javier Lozano y Dionisio Pérez-Jácome emitieron ayer una farragosa declaración. La parte final dice así:
Se espera sinceramente un buen desenlace del presente asunto por el bien de los trabajadores, por el público consumidor y por esta emblemática empresa para el país, que hoy cumple 90 años de vida, motivo por el cual felicitamos a quienes han hecho posible esta larga trayectoria y haremos lo que esté en nuestras manos para que viva muchos años más. Ni la burla perdonan.
- Estela de corrupción
- Desfalco bicentenario
- Elba:
allí te hablan
obras conmemorativas. Lo que ahora se presenta casi casi como novedad, de tiempo atrás ha sido documentado por la Auditoría Superior de la Federación, y la única respuesta ha sido el silencio.
Los criterios establecidos por la SCJN en su votación de ayer representan un avance en la adecuación de los procesos judiciales para la preservación de las garantías fundamentales, y el propio máximo tribunal restaña en alguna medida, con la determinación referida, el daño provocado a su propia imagen por un historial de resoluciones previas en las que no había mostrado voluntad para hacer prevalecer esos derechos. Por añadidura, es de celebrar que los magistrados hayan mostrado altura de miras y sentido común al atender un reclamo de instancias internacionales, organismos defensores de los derechos humanos y amplios sectores de la población: independientemente del funcionamiento de los organismos castrenses de impartición de justicia, es claro que éstos no deben ni pueden quedar al margen de principios jurídicos generales –uno de los cuales es el cumplimiento obligatorio de los tratados internacionales firmados por el país: en este caso, las convenciones de derechos humanos y la jurisdicción de la CIDH–, y que tampoco es correcto que el mando castrense ejerza, al mismo tiempo, poderes ejecutivos y judiciales sobre los uniformados involucrados en atropellos contra la población
Irma Eréndira Sandoval
espectáculo lamentableel intercambio de acusaciones entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Pero lo verdaderamente lamentable es la total abdicación del gobierno federal para defender la institucionalidad democrática de cara a las presiones y chantajes de los poderes fácticos. Como buen yerno y alfil político de Gordillo, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, ha salido a defender a su suegra afirmando con enorme descaro que
vivimos en un país de leyes, no de chismes. Sin embargo, el problema de fondo es precisamente la vulnerabilidad de un estado de derecho en el que personajes como Gordillo, Yunes, González, Guzmán Loera, Montemayor, Hank Rhon, Ruiz y Marín, todos los días demuestran con sus acciones que la ley misma se ha convertido en un
chisme, cuyo continuo abuso siempre queda en la impunidad.
sus cuentas personales, bienes patrimoniales, ingresos, gastos de inversión, cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito y los ingresos que sustentan su ritmo de vida, así como el manejo discrecional que se le ha dado al Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación. Eso sí, el Partido Nueva Alianza (Panal) celebra ya la decisión de la Comisión Permanente de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a fondo del manejo financiero del Issste durante el periodo de Yunes.
Luis Linares Zapata
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