Plaza Pública
Miguel Angel Granados Chapa
Aunque un grupo de militantes panistas tomó la tribuna y pretendió impedir la aprobación de la nueva y descomunal deuda del gobierno de Coahuila, en sesión extraordinaria convocada ex profeso, ayer la legislatura estatal dio luz verde a la reestructuración del débito gubernamental. El gobernador interino Jorge Torres quedó autorizado para contratar créditos que permitan saldar los de vencimiento inminente y cubrir los intereses acumulados. De ese modo, de un momento a otro, de un plumazo, lo que adeuda el gobierno de Saltillo pasó de 31,973 a 33,867.
Ese acto legislativo ilustra el modo en que los diputados locales han avalado a los gobernadores de sus entidades en su afán de hacerse de más recursos sin recaudar mayores ingresos, atenidos como están a las participaciones federales, o sea el dinero que reciben del gobierno central. Durante el sexenio de Vicente Fox, los gobiernos estatales recibieron enormes sumas procedentes de los excedentes petroleros. Pero esa bonanza, por su propia naturaleza, no ha podido mantenerse. Se conservó, en cambio, la deplorable costumbre de gastar como en los tiempos de la reciente prosperidad y por eso se acudió al crédito, para que sean las próximas generaciones las que paguen o sufran las consecuencias de no hacerlo.
Las vías para hacerlo fueron dos: Emitir bonos que se colocaron en la bolsa de valores, ofreciendo rendimientos que hicieran atractivos esos títulos; o recibiendo préstamos, la mayor parte a largo plazo, de algunos bancos. En los dos casos la garantía de solvencia está representada por una expectativa relativamente segura: El dinero federal que se recibirá en los próximos años.
Salvo Tlaxcala, que por disposición legal no puede pactar crédito a pagar en plazos mayores de un año, todas las entidades recorrieron presurosas ese camino fácil. La suma de la deuda de las entidades que funcionan con ese modelo llega actualmente a 315 mil millones de pesos. En ese panorama sobresale el caso de Coahuila, no sólo porque el colosal incremento respectivo se produjo en los cinco años en que gobernó a ese estado el actual presidente del PRI, Humberto Moreira, sino por otras razones.
Una principalísima es que el aumento del monto adeudado es enorme. Cuando Moreira recibió el gobierno de manos de su protector Enrique Martínez y Martínez, el estado debía menos de doscientos millones de pesos (196 para decirlo con precisión). Como si no recibiera participaciones federales y tuviera que vivir de prestado, el gobierno estatal comprometió su futuro en montos escandalosos, hasta llegar a cerca de 32 mil millones de pesos. Cuando el martes quedó listo el dictamen que autorizó todavía un nuevo incremento (el remanente que resulte de restructurar la deuda actual), el líder de los diputados priístas, Fernando de las Fuentes, que conforme al modelo antiguo es la cabeza del Congreso, explicó el destino de esa abultada suma.
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Ese acto legislativo ilustra el modo en que los diputados locales han avalado a los gobernadores de sus entidades en su afán de hacerse de más recursos sin recaudar mayores ingresos, atenidos como están a las participaciones federales, o sea el dinero que reciben del gobierno central. Durante el sexenio de Vicente Fox, los gobiernos estatales recibieron enormes sumas procedentes de los excedentes petroleros. Pero esa bonanza, por su propia naturaleza, no ha podido mantenerse. Se conservó, en cambio, la deplorable costumbre de gastar como en los tiempos de la reciente prosperidad y por eso se acudió al crédito, para que sean las próximas generaciones las que paguen o sufran las consecuencias de no hacerlo.
Las vías para hacerlo fueron dos: Emitir bonos que se colocaron en la bolsa de valores, ofreciendo rendimientos que hicieran atractivos esos títulos; o recibiendo préstamos, la mayor parte a largo plazo, de algunos bancos. En los dos casos la garantía de solvencia está representada por una expectativa relativamente segura: El dinero federal que se recibirá en los próximos años.
Salvo Tlaxcala, que por disposición legal no puede pactar crédito a pagar en plazos mayores de un año, todas las entidades recorrieron presurosas ese camino fácil. La suma de la deuda de las entidades que funcionan con ese modelo llega actualmente a 315 mil millones de pesos. En ese panorama sobresale el caso de Coahuila, no sólo porque el colosal incremento respectivo se produjo en los cinco años en que gobernó a ese estado el actual presidente del PRI, Humberto Moreira, sino por otras razones.
Una principalísima es que el aumento del monto adeudado es enorme. Cuando Moreira recibió el gobierno de manos de su protector Enrique Martínez y Martínez, el estado debía menos de doscientos millones de pesos (196 para decirlo con precisión). Como si no recibiera participaciones federales y tuviera que vivir de prestado, el gobierno estatal comprometió su futuro en montos escandalosos, hasta llegar a cerca de 32 mil millones de pesos. Cuando el martes quedó listo el dictamen que autorizó todavía un nuevo incremento (el remanente que resulte de restructurar la deuda actual), el líder de los diputados priístas, Fernando de las Fuentes, que conforme al modelo antiguo es la cabeza del Congreso, explicó el destino de esa abultada suma.
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