Objetivos generales de la política petrolera nacional:
1. Mejorar el bienestar de la población impulsando el consumo energético y reduciendo el gasto que realizan las familias y las entidades productivas.
2. Fortalecer la seguridad energética del país.
3. Impulsar la transición energética a fuentes renovables.
4. Hacer de la energía una de las palancas fundamentales de la nueva política industrial.
5. Transformar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en entidades públicas autónomas.
6. Sanear financieramente a Petróleos Mexicanos.
7. Vincular los ingresos excedentes del petróleo a proyectos de largo plazo en materia de educación, investigación científica e infraestructura económica.
Estrategias.
Fortalecer la seguridad energética del país.
Hidrocarburos.
1. Administrar responsablemente las reservas de hidrocarburos. El modelo de extracción de hidrocarburos a bajo costo se agotó. En el futuro previsible no se logrará ya extraer ni exportar en las cantidades de la década pasada. Las reservas se han disminuido y sólo alcanzan para un periodo de nueve años y medio, por lo que es necesario llevar a cabo una gestión de las reservas que permita cubrir la demanda nacional y exportar sólo cuando la relación reservas/producción sea mayor a 10 años, o cuando la restitución de reservas sea superior al 100% de lo extraído.
2. Fortalecer el control y la regulación sobre el aprovechamiento de hidrocarburos.- Debe entenderse que Petróleos Mexicanos es el operador en el aprovechamiento, pero no el propietario de los hidrocarburos, por lo que no debe ser el propio organismo el que fije las reglas de su operación. Una regulación más efectiva requerirá transformar la Comisión Nacional de Hidrocarburos en un organismo independiente de la Secretaría de Energía, con recursos suficientes para llevar el registro de las reservas, auditar su magnitud y supervisar las actividades de exploración y extracción, las tecnologías y los procedimientos utilizados para asegurar la sustentabilidad de los yacimientos y evitar los aprovechamientos negativos como la quema y el venteo extraordinarios de gas natural en la atmosfera.
3. Impulsar la exploración y el desarrollo en regiones que pudieran albergar yacimientos transfronterizos. Un primer objetivo en este sentido, será consolidar el dominio sobre la tecnología y la administración de proyectos en aguas profundas, que permitan proteger los recursos bajo soberanía nacional.
En relación al Acuerdo suscrito a principios del año entre los gobiernos de Estados Unidos y México relativo a los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México, aprobado con premura por mayorías entreguistas del Congreso, el gobierno mexicano debe plantear su revisión para garantizar la protección del interés nacional, para lograr que toda explotación de transfronterizos, hágase o esté haciéndose desde cualquiera de los lados del límite internacional, quede obligadamente sujeta a las estipulaciones del Acuerdo, y que se garantice que trabajos de cualquiera de las partes en transfronterizos, no afectarán ni en calidad ni en sus volúmenes de aprovechamiento las reservas que la otra parte haya decidido mantener para explotarse en el futuro.
4. Transporte, distribución y almacenamiento de gas natural. Estas actividades fueron abiertas a la inversión privada desde hace más de veinte años, encontrándose desde entonces estancadas, lo que se ha constituido en una limitante para la industrialización del país. Al cambio de política, deberá concertarse con las empresas concesionarias a fin de que se acelere la ampliación de la red de gasoductos y de los sistemas de distribución, con la finalidad de aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece el descubrimiento de nuevas fuentes de gas, llamado no convencional, en Estados Unidos y en México, que ha cambiado el panorama energético continental, ya que por su abundancia, ha bajado de precio de 6 hasta menos de 3 dólares el millón de BTUs. En caso de que las empresas no realicen las inversiones que exija el desarrollo del país, el Estado deberá hacerse cargo de ellas.
5. Modernizar y ampliar la capacidad de refinación nacional. Las altas importaciones de gasolinas imponen la necesidad urgente de atenuar sus efectos sobre la seguridad energética del país ampliando la capacidad refinación, en un programa sostenido de mediano y largo plazo, hasta en 600 mil barriles por día.
6. Reconstruir la capacidad de producción de petroquímicos. El ciclo de industria petroquímica mundial vive en la actualidad una nueva fase de ascenso que se combina con las expectativas de un incremento considerable de la oferta de gas natural a bajos precios, por lo que su rentabilidad favorece el impulso de un programa de reactivación a partir de proyectos propios de Pemex, mixtos y privados, buscando integrar cadenas (como la del etileno) que tendrían ventajas para colocar sus productos en los mercados propios y del exterior.
7. Racionalizar el consumo de gas LP. México es uno de los principales consumidores mundiales de este combustible: entre el 70 y 80 % de los hogares, sobre todo aquellos de menores ingresos, lo usan para cocinar, calentar agua y calefacción. La oferta nacional se complementa con importaciones crecientes, y como derivado del petróleo sus precios se han incrementado rápidamente: en menos de una década han subido más de 500%, a pesar de que Pemex (PPQ) aporta un subsidio que supera los 40 mil millones de pesos. Tendencialmente, el gas LP tendría que ser substituido por gas natural y electricidad, sin embargo, la mala experiencia de los consumidores con las distribuidoras de gas natural ha casi frenado esa substitución. Las elevadas erogaciones públicas en subsidios y los costos de las importaciones hacen viable un programa de estímulos para el equipamiento habitacional de calentadores solares de agua y equipos de
cocina de mayor eficiencia eléctrica, lo que permitiría reducir el consumo y el gasto en este combustible.
Electricidad.
1. Cogenerar electricidad en PEMEX. El costo de generación que se puede obtener con plantas de ciclo combinado, alimentadas con gas natural, con grandes demandas de vapor, como las que existen en refinerías y plantas petroquímicas de Pemex, es 20 % menor al de la planta más eficiente de ciclo combinado, alimentada con el mismo gas natural que en la cogeneración; esta condición debiera ser prioritaria para la construcción de nueva capacidad de generación de la CFE, al menos hasta saturar las necesidades de vapor de Pemex. Existe, en este caso, un potencial cercano a los 10 mil MW que prácticamente no se utiliza y que permitiría aumentar la oferta y disminuir las tarifas.
2. Promover la cogeneración industrial con compra de energía y capacidad por la CFE. En el país existen 60 ingenios y empresas que pueden incorporarse a un programa de cogeneración eléctrica con 10 o 15 MW, durante las 4 000 horas de la zafra, contando además con combustible excedente para varios cientos de horas más. Por otra parte, existen decenas de industrias, químicas y papeleras, principalmente, que tienen demandas de vapor que pueden ser aprovechadas para el desarrollo de proyectos de cogeneración. Estos proyectos permitirían aumentar la eficiencia nacional en el uso de combustibles y reforzar la red de distribución de la CFE, pues tienen el potencial de producir energía eléctrica de menor costo que las tarifas industriales de la CFE y pueden, además, generar beneficios económicos para la industria a la cual sirvan con producción de vapor. La CFE puede y debe viabilizar este tipo de cogeneración.
3. Convertir termoeléctricas de combustóleo a carbón. El combustóleo, que por tantos años se ha usado como fuente primaria de energía para la generación de electricidad, ha visto aumentar su precio internacional a más de 100 dólares por barril, situación que lo convierte en una pesada carga para el servicio público de electricidad, por lo que sería conveniente dar de baja unidades alimentadas con combustóleo, que tienen capacidad de cerca de 5 000 MW. Estas unidades pueden ser convertidas a tecnologías de carbón limpio, de preferencia de origen nacional, como ya esta ocurriendo en Altamira. El costo variable de generación de cualquier termoeléctrica de carbón, con eficiencia de más de 36%, es inferior a 35 dólares por MWh, con lo que aseguraría fácilmente su despacho durante todas las horas en que esa energía se encontrara disponible. De este modo se utilizarían infraestructuras de generación ya amortizadas, reduciendo
costos de inversión y de electricidad producida.
4. Dar nuevo impulso a la geotermia nacional. México es uno de los países con mayores recursos de vapor natural en el mundo, sin embargo su aprovechamiento es aún restringido. Es muy importante diversificar el parque de generación de la CFE, aumentando alrededor de 400 MW a la capacidad geotérmica del país.
La energía: instrumento de la nueva política industrial.
1. Precios de insumos y tarifas competitivas. Actualmente los precios de los insumos y combustibles que produce Pemex son definidos por la Secretaría de Hacienda con criterios básicamente recaudatorios. Estos precios debieran fijarse en función de los costos de producción, tal como lo hacen empresas productivas de los sectores industriales, con la visión, además, de estimular la inversión en la expansión de la industria en general.
2. Contenido nacional mayoritario. En la mayor parte de los países petroleros existe un próspero sector de proveedores de bienes y servicios que se benefician del elevado flujo de inversiones y capital que acompañan a esta actividad; estas empresas, en nuestro caso, como efecto de una nueva política petrolera, deben llegar a ser importantes promotoras de la innovación tecnológica, la investigación científica y la formación de recursos humanos de alto nivel.
Con un enfoque de crecimiento industrial, resulta estratégico fomentar y fortalecer a las empresas mexicanas de ingeniería, productoras de bienes de capital, de tecnología y a las proveedoras de servicios, al Instituto Mexicano del Petróleo en sus capacidades de investigación y desarrollo tecnológico, a las instituciones académicas formadoras de recursos humanos, etc., asociándose, cuando así convenga, con instituciones y empresas con finalidades similares nacionales y del exterior. Para impulsar estas medidas, sería necesario echar mano de un conjunto de mecanismos de financiamiento, asesoría y programas dirigidos a facilitar la contratación e incorporación de contenidos nacionales mayoritarios en todos los proyectos de los operadores estatales de la energía.
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