La Procuraduría General de la
República (PGR) confirmó ayer la detención de Néstor Moreno Díaz, ex
director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
señalado por enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos.
El ex funcionario fue detenido en septiembre del año pasado y
liberado a unas horas de su aprehensión, en acatamiento a un amparo
emitido en su favor, en un episodio que provocó una confrontación
declarativa entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Ahora, tras su
recaptura, la PGR ha solicitado que se niegue al funcionario el
beneficio de la libertad bajo caución –al que tendría derecho, habida
cuenta de que el delito que se le imputa es considerado
no grave–, pues sostiene que dicho beneficio le permitiría sustraerse una vez más de la acción de la justicia.
Con independencia de la situación jurídica que se determine para el
acusado, la saga protagonizada por éste pone en perspectiva elementos
sumamente preocupantes en torno a la falta de probidad y transparencia
de las oficinas públicas –particularmente en las del sector energético– y
la cuestionable capacidad de las autoridades correspondientes para
perseguir y sancionar delitos como los que se imputan a Moreno Díaz.
Por más que el perfil presuntamente delictivo del ex funcionario de
la CFE haya salido a la luz pública a raíz de la revelación, en una
corte de Estados Unidos, de millonarios sobornos pagados a éste por una
empresa trasnacional, y aunque las autoridades federales han
responsabilizado velada o abiertamente al Poder Judicial de que el
acusado haya permanecido prófugo hasta ahora, Néstor Moreno arrastra un
largo historial de acusaciones por su oscuro desempeño en la entidad hoy
dirigida por Antonio Vivanco. Inhabilitado en 1998, cuando se
desempeñaba como coordinador de Proyectos de Transmisión y
Transformación de la CFE, el ex funcionario permaneció inexplicablemente
en el cargo, y otro tanto ocurrió en 2000, cuando Moreno Díaz y otros
funcionarios fueron denunciados por un quebrando de más de 16 millones
de pesos en perjuicio de la paraestatal. En 2002, el ex directivo fue
acusado de diversos ilícitos por el grupo parlamentario del PAN en la
Cámara de Diputados, pero fue ascendido, ese mismo año, a la
Subdirección de Generación de la CFE y en 2007 a la Dirección de
Operaciones, bajo la gestión de Alfredo Elías Ayub
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