La conmemoración del tercer
aniversario del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora,
subrogada a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en el que murieron 49 niños y resultaron heridos 76 más, estuvo
marcado por una nueva oleada de movilizaciones de los padres de los
difuntos, quienes en una misiva exigieron a las autoridades la
realización de nuevas pesquisas sobre el caso, la aplicación de las
sanciones a que den lugar y el cese al encubrimiento de individuos como
Juan Molinar Horcasitas y Javier Lozano Alarcón, ex titulares del IMSS y
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respectivamente. El
primero de esos ex funcionarios insistió ayer en su inocencia, afirmó
que ya ha sido investigado y absuelto por las instancias judiciales
correspondientes y dijo respetar su remoción del equipo de campaña de
Josefina Vázquez Mota, anunciada por la candidata presidencial panista
el pasado lunes en su visita a la Universidad Iberoamericana.
Es necesario recordar que la tragedia de la guardería ABC fue
consecuencia de una cadena de negligencias y omisiones atribuibles, en
primer lugar, a los propietarios de la estancia infantil concesionada,
pero también a las autoridades locales –que permitieron la habilitación
del establecimiento en una zona y un inmueble por demás inadecuados– y
al gobierno federal, que es el que cede, por conducto del IMSS, la
operación de estos centros a particulares, y que es, por tanto, el
responsable de que sean operados en condiciones adecuadas. No obstante,
el desorden y la opacidad que caracterizan el esquema de subrogación de
estancias para menores se conjugaron, en el caso de la guardería ABC,
con la ausencia de condiciones mínimas de seguridad en el inmueble
incendiado, el cual carecía de extintores, detectores de humo y salidas
de emergencia, así como de personal suficiente para la atención de los
pequeños.
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