Periódico La Jornada
Miércoles 27 de junio de 2012, p. 24
Miércoles 27 de junio de 2012, p. 24
Tras repudiar el
intervencionismodel gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió a diversas dependencias del gobierno federal informes pormenorizados sobre el flujo de recursos y operación de este acuerdo signado entre ambos países.
Diputados y senadores cuestionaron que el gobierno estadunidense
condicione a los mexicanos el flujo de recursos económicos, al
cumplimiento de
criterios unilaterales de protección de derechos humanos ya consagrados en la Constitución.
Conforme al punto de acuerdo aprobado, la Permanente dio un plazo
máximo de 10 días hábiles a las secretarías de Gobernación, Relaciones
Exteriores, Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la
República, para que entreguen la información relativa a los recursos de
la Iniciativa Mérida que fueron entregados a México, de enero de 2011 a
mayo de 2012, por cumplir un conjunto de estándares internacionales en
materia de derechos humanos.
A las mismas dependencias también les demandó un informe puntual de
la actuación e instrumentación de las instituciones a su cargo, en
relación con los llamados protocolos sobre Uso de la Fuerza y Detención
de Personas, recientemente presentados por el presidente Felipe
Calderón.
Por otra parte, según información de la Casa Blanca, los
gobiernos de México y Estados Unidos preparan una nueva etapa de la
Iniciativa Mérida, para la aplicación de programas de rehabilitación y
prevención de consumo.
De esta forma Estados Unidos transferirá en los próximos meses más de
cien millones de dólares en tecnología y capacitación a organizaciones
no gubernamentales, con el propósito de crear coaliciones contra el uso y
abuso de drogas en Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez.
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