La partera de la imposición

John M. Ackerman

El Instituto Federal Electoral (IFE) una vez más insiste en negar lo obvio. De acuerdo con los consejeros electorales, la existencia de un mercado negro de entrevistas, coberturas y comentarios en los medios de comunicación electrónicas no sería más que una fantasía de un grupo de malpensados. El jueves pasado exoneraron a Enrique Pena Nieto de cualquier responsabilidad en la evidente manipulación mediática que lo ha impulsado desde hace siete años. Así, la autoridad pavimenta el camino tanto para una validación apresurada de la elección presidencial como para la consolidación del autoritarismo mediático que hoy nos malgobierna a todos.

A raíz de las investigaciones de Jo Tuckman, de The Guardian, y Jenaro Villamil, de Proceso, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó el pasado 9 de junio una queja ampliamente documentada al IFE que pide sancionar al candidato presidencial del PRI por cometer un sistemático fraude a la ley con la adquisición ilegal de espacios en radio y televisión para promocionar su imagen y apuntalar su campaña presidencial. En su queja, el PRD trae a colación la irregular transmisión a escala nacional de los espots del quinto informe de gobierno de Peña Nieto en el estado de México, la factura de un millón 150 mil pesos expedida al gobierno del estado de México por los comentarios de Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta, así como entrevistas sumamente sospechosas, como la otorgada por Maxine Woodside a Peña Nieto en Radio Fórmula el pasado 18 de abril, entre otros casos.

Pero en lugar de tomar en serio las acusaciones y emprender una amplia investigación para esclarecer la realidad de los hechos, los consejeros electorales prefirieron columpiarse por las ramas y dar clases de impunidad. En los dos meses y medio que tomó para supuestamente estudiar el caso, el IFE no fue capaz de requerir el testimonio de ninguno de los periodistas mencionados, solicitar los gastos en materia de comunicación social del gobierno del estado de México o investigar empresas como Grupo Tv Promo o Radar, que estarían involucradas en la triangulación de recursos hacia las principales televisoras.

De acuerdo con el IFE, no hacía falta indagar más allá porque los indicios aportados por el PRD no descansan en alguna prueba cierta e inconmovible, por lo que estos hechos endebles de los que se queja no puede producir inferencia válida alguna, máxime si se encuentran controvertidos a través de diversos medios de convicción. En otras palabras, supuestamente no existiría base alguna para siquiera sospechar que podría haber un mercado negro en los medios electrónicos. De acuerdo con los consejeros, Tuckman, Villamil y las docenas de otros periodistas y expertos que han documentado graves irregularidades en la materia no son más que una bola de mentirosos. En contraste, la autoridad confía ciegamente en los desmentidos de los medios electrónicos que controvierten lo afirmado por el periodismo nacional e internacional.

El consejero Benito Nacif demostró con particular claridad este doble estándar durante la sesión pública del IFE el jueves pasado. Por una parte, descalificó la queja del PRD, por estar basada en notas periodísticas, libros, artículos, etcétera, que tienen una validez limitada como simples indicios. Pero por otro lado, eleva como verdad irrefutable los dichos precisamente de otro periodista, Carlos Loret de Mola, quien manda una carta aclaratoria, negando las afirmaciones que se le atribuyen, poniendo en contexto lo que sí dijo y claramente desvirtuando ese indicio que llevaría a una posible admisión de algún esquema de compraventa de tiempos en radio y televisión con fines electorales.

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