Gustavo Leal F.*
La Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo 2007 ya documentaba el crecimiento de los
microempresarios informales que no registraban sus propios
establecimiento respecto de los que sí lo hacían, conforme a la ley.
Hasta 66 por ciento eran adultos jóvenes de 25 a 49 años.
Con el argumento de que
la competitividad no está por encima del incumplimiento del estado de derecho, en 2008 el IMSS enfrentó la oposición patronal a la regulación del outsourcing.
El crecimiento de la economía informal, la contratación bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios –creado por la Secretaría
de Hacienda– y la falta de adecuada fiscalización frenaban el registro
de empresas ante el IMSS.
Entre 2005 y 2007 sólo una de cada 10 fue dada de alta. El IMSS reconocía:
Hay un problema muy grande de economía informal y de trabajadores que, cobrando sólo por comisiones y honorarios, no tienen protección.
Bajo la figura de esos honorarios, el alta del trabajador coincide
con que el patrón retiene el impuesto y lo entera directamente al fisco.
Pese a disponer de un convenio específico con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para el intercambio de bases de datos,
la fiscalización del IMSS con miras a evitar la elusión-evasión de
cuotas obrero-patronales para este tipo de esquemas ha sido
escandalosamente pobre. La disparidad de datos entre el IMSS y el Inegi
ha sido también evidente.
La propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que el
IMSS incumplía su ley (artículo 251) al dejar de afiliar a quienes
estarían obligados. En 2008, apenas 19 por ciento del total de los
obligados lo hacían. De los 4 millones 290 mil obligados 3 millones 475
(81 por ciento) entre personas físicas y morales estaban fuera del
registro.
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