Adolfo Gilly
Frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, el pasado día primeroFoto Alfredo Domínguez
La primera promesa de
campaña cumplida por el ciudadano presidente de México fue la que hizo
el 11 de mayo pasado en la Universidad Iberoamericana:
Asumo plena responsabilidad por lo sucedido en Atenco. Los responsables fueron consignados ante el Poder Judicial, pero, reitero: fue una acción determinada en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de usar la fuerza pública para restablecer el orden y la paz.
El primero de diciembre, día de la toma de posesión de la Presidencia
ante el Congreso de la Unión, la fuerza policial y parapolicial, según
quedó registrado en filmaciones, fotos y testimonios, fue lanzada contra
manifestaciones juveniles o bien pacíficas, o controlables de antemano
si se hubiera querido así. Pero no: era hora de hacernos saber de qué se
trata, y de que los #YoSoy132 y con ellos la ciudad de México entera
pagaran sus culpas por su rebeldía.
Era hora de poner orden –y miedo– en esta ciudad rejega, donde la
oposición democrática tuvo 63 por ciento de los votos y los estudiantes
pusieron cerco a Televisa sin que haya habido, recordemos bien, un solo
ejemplo de violencia durante la ardua campaña electoral. Era hora de
hacernos saber que, también por parte de ellos, Atenco no se olvida.
Esa intención aleccionadora es la racionalidad visible en la
estructura defensiva y amenazante elevada en torno a la Cámara de
Diputados desde una semana antes, cerrando calles y estaciones del Metro
y alzando imponentes vallas metálicas en las vías cercanas a San
Lázaro. Replegadas estas vallas unos días después debido a las protestas
ciudadanas, pero no desmanteladas, detrás de ellas las filmaciones del
día primero de diciembre muestran no sólo a las fuerzas de la Policía
Federal, sino también a grupos de civiles, con gorros, chamarras y
algunos con el rostro semicubierto caminando como por su casa entre los
federales uniformados. ¿Qué era eso?
Así se vio ese sábado, en la mañana, la violencia desatada de los
federales en San Lázaro, lanzando a la altura de los cuerpos cartuchos
de gases lacrimógenos y balas de goma; en la tarde, primero la pasividad
de la policía del Distrito Federal ante los destrozos de comercios en
Avenida Juárez –¿quién la comandaba en ese día de cambio de mandos?–; y
después los apresamientos indiscriminados de otros jóvenes en otros
lugares, incluso muchos que querían dialogar con los policías y fueron
encapsulados, arrastrados y apresados por esos uniformados. En un listado de 58 detenidos publicado en La Jornada del 3 de diciembre por Imágenes en Rebeldía, 40 tienen menos de 26 años.
Así vimos también las inexplicables destrucciones en la Alameda, como
una especie de mensaje dirigido a Marcelo Ebrard, deshaciendo con saña
su última obra urbana. Y pudimos ver finalmente el lunes 3 la eficacia y
la calma de esa misma policía de la ciudad para cuidar y acompañar la
manifestación de protesta de esa tarde en la Avenida Reforma. Hoy,
martes 4, cuando escribo estas líneas, ninguna autoridad ha explicado
tantas conductas en apariencia contradictorias.
Tampoco tengo una explicación, pero sí algunas reflexiones ante una violencia que hacía mucho no veíamos en esta ciudad.
El PRI ha recuperado la Presidencia. En sus largos años en el poder
nunca gobernó sin tener el mando efectivo de la capital de la República,
salvo en los últimos tres años de Ernesto Zedillo, de 1997 a 2000,
cuando perdió el gobierno de la ciudad ante Cuauhtémoc Cárdenas y el
PRD, y hasta hoy no lo ha recuperado.
Más aún: en la reciente elección, después de los gobiernos de
Cárdenas (y el breve interregno de Rosario Robles), de Andrés Manuel
López Obrador y de Marcelo Ebrard, el candidato del PRD, Miguel Mancera,
fue elegido con 63 por ciento de los votos. En la elección nacional, en
cambio, Enrique Peña Nieto alcanzó (oficialmente) apenas 38 por ciento.
Para el PRI se trata de una anomalía intolerable: los poderes de la
Federación residen en esta ciudad capital rebelde a su mando y a sus
modos. Ahora que vuelve al poder nacional, después del fracasado
interludio panista de Fox y Calderón, necesita recuperar el mando de
hecho –aunque no lo tenga de derecho– sobre la ciudad de México.
Miguel Mancera, el jefe de Gobierno capitalino entrante, está notificado.
A Ebrard, en sus últimos días de gobierno, bandas desconocidas le
hicieron trizas su vitrina de despedida, la cuidada obra de remozamiento
de la Alameda, apenas concluída. ¿Quién? ¿Los #YoSoy132? ¿Los
anarquistas? ¿Los saqueadores de comercios que iban a lo suyo? ¡Vamos, por favor, seamos serios! Si algo entiende uno en esta penumbra de los últimos días es que también Marcelo Ebrard ha sido notificado.
Quedan informados también sobre cómo viene el juego los estudiantes y académicos de la UNAM, la UAM, la Ibero, el IPN y cuantos como ellos, en otras casas de estudio, se atrevan a repetir la hazaña de la Ibero
en mayo y a soñar con un México de justicia, libertad y paz. Quedamos
informados todos. Para que el PRI, a su vez, quede informado, es preciso
arrancar la libertad de todos los presos del nefasto día de inicio de
sexenio.
El último presidente de ese partido, Ernesto Zedillo Ponce de León,
obtuvo 48 por ciento de votos en 1994.
En 1997 perdió la ciudad de
México, esta capital rebelde, democrática y respondona de los Estados
Unidos Mexicanos. Hasta hoy.
Vienen por ella. Defendámosla.
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