MÉXICO, D.F. (Proceso).- El “Pacto por México” promovido por Enrique
Peña Nieto busca reemplazar los necesarios debates públicos sobre el
futuro de la nación por negociaciones tras bambalinas entre los mismos
políticos de siempre. El nuevo presidente quiere evitar a toda costa
someter sus propuestas al debate parlamentario o a la deliberación
ciudadana. Pretende retornar a los tiempos del partido de Estado
hegemónico en que el presidente de la República mandaba como un rey y
los demás políticos levantaban sus dedos en anuencia, o “se atenían a
las consecuencias” de su rebeldía.
Ninguno de los personajes que
hoy negocian el pacto ha sido elegido por medio de una votación
democrática, universal y directa. Si bien Gustavo Madero, Jesús Zambrano
y Pedro Joaquín Coldwell fueron “elegidos” por sus partidos como
dirigentes, ninguno de los integrantes de la mesa de negociación ocupa
hoy un puesto de elección popular. Juan Molinar Horcasitas, José Murat,
Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Ortega, Carlos
Navarrete y Santiago Creel son funcionarios del gobierno federal o
simples náufragos de la política en busca de nuevas chambas a costa del
erario. Ninguno cuenta con una representación ciudadana. Todos responden
a sus jefes políticos.
El nuevo pacto PRIANRD tampoco cuenta con
participación social. No se ha convocado a la presentación de propuestas
de la sociedad ni se han compartido con la ciudadanía los borradores o
documentos de trabajo. El pacto es un documento negociado por políticos
de dudosa trayectoria, sin liderazgo social y de espaldas a la
ciudadanía. No podemos esperar nada bueno de ello.
La accidentada
presentación en sociedad de la mesa de negociación el jueves pasado fue
un clásico ejemplo de un “acto fallido” o, en este caso, un “pacto
fallido”. Sigmund Freud desarrolló la teoría del “acto fallido”, o
“desliz freudiano”, para entender el sentido profundo que muchas veces
tienen nuestras equivocaciones supuestamente accidentales. Por ejemplo,
el extravío de las llaves del coche podría deberse no a un simple
lapsus, sino a un deseo inconsciente de quedarse en casa. O llamarle a
alguien por un nombre equivocado podría en realidad implicar el deseo de
que esa persona sea alguien diferente.
De la misma manera, la
llamativa ausencia del texto del pacto el jueves 29 ayudó a desnudar la
verdadera naturaleza del acuerdo. Los discursos absolutamente vacuos y
carentes de visión política evidenciaron que el esfuerzo no busca
impulsar ideas o propuestas para mejorar el país, sino simplemente
repartir mejor el botín del poder entre los mismos de siempre.
Los
comentarios de Jesús Zambrano fueron particularmente reveladores. En
lugar de ofrecer ejemplos concretos de la visión de “izquierda” que
impulsa su partido en la mesa de negociación, se limitó a pronunciar
frases grandilocuentes sobre la necesidad de “escribir un nuevo
capítulo” y de “elevar nuestra mira”. Quedó claro que su objetivo como
negociador no es defender una agenda de transformación social, sino
conseguir posiciones y prebendas para sus amigos y aliados.
Asimismo,
sin que se lo pidiera nadie, Pedro Joaquín Coldwell dio la explicación
de que el PRI de Peña Nieto “no es un PRI que esté viendo hacia la
regresión ni hacia la restauración de un sistema político que se ha
agotado”. Lo único que hace el ahora secretario de Energía es reconocer y
validar esta fundamentada impresión, compartida cada vez por más
mexicanos, sobre el nuevo gobierno federal.
Al querer darle la
vuelta al Congreso e ignorar a la ciudadanía, Peña Nieto no hace más que
repetir el mismo modelo político que utilizó cuando era gobernador del
Estado de México. Allí logró la “unidad” política a partir de un coctel
de “incentivos” y amenazas, comprando y amedrentando a la clase política
local, desarticulando las organizaciones sociales independientes y
domesticando a los medios de comunicación. Así, construyó el contexto de
impunidad y descontrol necesario para que él, Videgaray y su camarilla
pudieran gobernar sin rendirle cuentas a absolutamente nadie.
Estrategias
similares fueron utilizadas por el ahora secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y el próximo procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, cuando se desempeñaron como gobernadores
de Hidalgo. El maestro Miguel Ángel Granados Chapa nunca se cansó de
exhibir las redes de complicidad, autoritarismo y corrupción de la
retrógrada forma de hacer política en su estado natal.
No es
coincidencia que Peña Nieto, Emilio Chuayffet , Osorio Chong y Murillo
Karam, los cuatro hombres fuertes del nuevo gobierno, son exgobernadores
de entidades federativas que aún no han experimentado una alternancia
política. El PRI, y sus antecedentes, ha gobernado sin relevo alguno
desde hace más de 80 años en ambos estados. Lo mismo es el caso respecto
a Pedro Joaquín Coldwell, quien fue gobernador de Quintana Roo, otro
estado que aún no ha experimentado una alternancia al nivel del
Ejecutivo estatal.
Veracruz y Coahuila, también gobernados por
grandes amigos de Peña Nieto, son otros dos destacados ejemplos de
entidades que han sufrido los estragos de la falta de la alternancia. No
debería sorprendernos si Rubén Moreira y Javier Duarte terminaran
incorporándose al gobierno federal incluso antes de que terminen sus
mandatos. Humberto Moreira y Fidel Herrera seguramente ya están en
camino. Los exgobernadores de Tamaulipas quizás también encuentren
espacios lucrativos en la nueva administración. La conquista del
gobierno federal por los nuevos dinosaurios feudales del PRI será
completa.
Un nuevo pacto auténticamente social tendría que
construirse de “abajo” hacia “arriba”, y no a la inversa. También
tendría que incorporar de manera central y protagónica a la voz de los
jóvenes del movimiento #YoSoy132. Son los integrantes de las nuevas
generaciones los que deberían trazar el camino hacia el futuro, no los
representantes de una clase política caduca y corrupta.
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