martes, 22 de enero de 2013

Lo que sigue

Pedro Miguel
 
Vienen intentos de nuevas reformas legales regresivas, oligárquicas y depredadoras. Consumado el despojo de conquistas laborales y de derechos sindicales a los asalariados, el régimen se apresta a una expropiación petrolera de signo contrario a la emprendida por Lázaro Cárdenas en 1938: ahora el gobierno oligárquico que encabeza Enrique Peña Nieto articula la sumisión legislativa para emprender –como quisieron hacerlo en su momento Salinas, Zedillo, Fox y Calderón– la legalización de un proceso que, en los hechos, viene ocurriendo desde hace décadas: la transferencia de la industria energética a manos privadas.

El capital siempre quiere más y sus sirvientes políticos fueron puestos en los cargos justamente para ejecutar la privatización de empresas y servicios públicos: éste es, junto con los contratos mafiosos y después de las guerras, el narcotráfico, el secuestro y el tráfico de personas, el negocio más jugoso (es decir, más concentrador de riqueza) en los tiempos neoliberales.

Por eso los conglomerados empresariales de México, Estados Unidos y Europa han estado presionando, desde hace dos décadas, por la desincorporación de Pemex.

El régimen enfrenta dos problemas para operar este robo: el primero, de orden político, es la resistencia social que habrá de enfrentar; el segundo es administrativo: si 40 centavos de cada peso de las finanzas públicas proceden de la industria petrolera nacional, su privatización crearía un severo desajuste presupuestal. Ello es así por el hecho simple de que las grandes empresas y las grandes fortunas no pagan impuestos, o bien pagan sumas ridículamente bajas en relación con sus utilidades.

En rigor, la pérdida de 40 por ciento de los ingresos fiscales no marcaría ua gran diferencia para el país, si se considera que el grueso de los recursos gubernamentales no se invierten en beneficio de la población ni en obras reales y efectivas sino que son privatizados a la mala por la vía del saqueo, las comisiones, las adquisiciones infladas o simuladas, o bien destinados a la perpetuación y legitimación del grupo gobernante: compra de voluntades electorales, propaganda de autoexaltación y demás.

Pero a la oligarquía dominante no quiere para sí 60 por ciento del presupuesto: lo quiere todo, y la privatización de Pemex implica una merma considerable en los recursos a su disposición. La forma ideada para tapar ese agujero es una reforma fiscal que incremente los recursos que las clases medias y la mayoría de la población aportan al fisco, sea por medio de gravámenes al ingreso, al consumo o vía pago de tarifas diversas. Sería ilusorio suponer que los amos del país van a modificar las leyes hacendarias en perjuicio propio. Por el contrario, con la reforma energética su vertiente empresarial buscará la manera de hacerse con las utilidades de la industria petrolera, su sector político y administrativo tratará de enriquecerse con los pagos legales e ilegales que el sector privado desemblose por los pedazos de Pemex, y ambos idearán la forma de pasar el costo de esas operaciones a los causantes cautivos mediante una reforma fiscal subsecuente.
 


Síguenos en twitter @radioamlo