Pedro Miguel
Vienen intentos de
nuevas reformas legales regresivas, oligárquicas y depredadoras.
Consumado el despojo de conquistas laborales y de derechos sindicales a
los asalariados, el régimen se apresta a una expropiación petrolera de
signo contrario a la emprendida por Lázaro Cárdenas en 1938: ahora el
gobierno oligárquico que encabeza Enrique Peña Nieto articula la
sumisión legislativa para emprender –como quisieron hacerlo en su
momento Salinas, Zedillo, Fox y Calderón– la legalización de un proceso
que, en los hechos, viene ocurriendo desde hace décadas: la
transferencia de la industria energética a manos privadas.
El capital siempre quiere más y sus sirvientes políticos fueron
puestos en los cargos justamente para ejecutar la privatización de
empresas y servicios públicos: éste es, junto con los contratos mafiosos
y después de las guerras, el narcotráfico, el secuestro y el tráfico de
personas, el negocio más jugoso (es decir, más concentrador de riqueza)
en los tiempos neoliberales.
Por eso los conglomerados empresariales de México, Estados Unidos y
Europa han estado presionando, desde hace dos décadas, por la
desincorporaciónde Pemex.
El régimen enfrenta dos problemas para operar este robo: el primero,
de orden político, es la resistencia social que habrá de enfrentar; el
segundo es administrativo: si 40 centavos de cada peso de las finanzas
públicas proceden de la industria petrolera nacional, su privatización
crearía un severo desajuste presupuestal. Ello es así por el hecho
simple de que las grandes empresas y las grandes fortunas no pagan
impuestos, o bien pagan sumas ridículamente bajas en relación con sus
utilidades.
En rigor, la pérdida de 40 por ciento de los ingresos fiscales no
marcaría ua gran diferencia para el país, si se considera que el grueso
de los recursos gubernamentales no se invierten en beneficio de la
población ni en obras reales y efectivas sino que son
privatizadosa la mala por la vía del saqueo, las comisiones, las adquisiciones infladas o simuladas, o bien destinados a la perpetuación y legitimación del grupo gobernante: compra de voluntades electorales, propaganda de autoexaltación y demás.
Pero a la oligarquía dominante no quiere para sí 60 por ciento del
presupuesto: lo quiere todo, y la privatización de Pemex implica una
merma considerable en los recursos a su disposición. La forma ideada
para tapar ese agujero es una reforma fiscal que incremente los recursos
que las clases medias y la mayoría de la población aportan al fisco,
sea por medio de gravámenes al ingreso, al consumo o vía pago de tarifas
diversas. Sería ilusorio suponer que los amos del país van a modificar
las leyes hacendarias en perjuicio propio. Por el contrario, con la
reforma energética su vertiente empresarial buscará la manera de hacerse
con las utilidades de la industria petrolera, su sector político y
administrativo tratará de enriquecerse con los pagos legales e ilegales
que el sector privado desemblose por los pedazos de Pemex, y ambos
idearán la forma de pasar el costo de esas operaciones a los causantes
cautivos mediante una reforma fiscal subsecuente.
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