John M. Ackerman
Con el inexcusable e ilegal indulto a las televisoras, queda claro que los consejeros electorales no toman las decisiones en el Instituto Federal Electoral (IFE). Aquel IFE que representaba una voz ciudadana, plural y valiente, comprometida con la defensa del espacio público y la democracia, ya es historia. La entidad que organizará las elecciones de 2009 se encuentra al servicio de Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones, y sus respectivos partidos políticos, quienes fungen como mayordomos del duopolio televisivo.
De la misma forma en que el IFE antes se subordinaba a los mandatos de Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos, hoy el organismo electoral se ha convertido de nuevo en un terreno para dirimir negociaciones y pactos entre las cúpulas del gobierno y los personajes más oscuros de la “oposición”. Tal como el IFE de Luis Carlos Ugalde se doblegara ante los poderes fácticos y se negara a ejercer sus facultades legales, el instituto de Leonardo Valdés hoy negocia la ley de manera vergonzosa y sacrifica su autonomía constitucional.
Lo que une a los cinco consejeros que votaron en favor del “sobreseimiento” del proceso sancionador en contra de Televisa y Tv Azteca es su irrestricta lealtad a personajes políticos del PRI y el PAN. Recordemos que Marco Baños y Benito Nacif son incondicionales de Manlio Fabio Beltrones y Felipe Calderón, respectivamente. Francisco Guerrero mantiene esa misma relación de complicidad con Emilio Gamboa. Arturo Sánchez pertenece al “equipo” de Juan Molinar Horcasitas, actual director general del IMSS. Marco Gómez, el consejero “verde”, le ofreció la luna y las estrellas al PRI y al PAN con tal de no ser incluido en la lista de consejeros despedidos el año pasado.
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domingo, 15 de febrero de 2009
El onanismo en el poder
Arnaldo Córdova
Es un fenómeno universal el que los políticos se acostumbren rápidamente a hacerse tontos cuando deben explicar a sus opositores (e incluso a sus seguidores) la razón de sus actos o cuando se les replica (cuando no se aceptan sus justificaciones) o, de plano, cuando se les critica por sus errores. Difícilmente encontraremos un político que diga lo que se propone y menos lo que pretende ocultar. Y, con muy honrosas excepciones, jamás veremos a uno que confronta abiertamente a los que están y a los que no están de acuerdo con él. Él quiere que todo mundo esté con él y que jamás ponga en duda sus decisiones. “No te me opongas, porque romperás la unidad que nos es tan necesaria”, solía decir a los suyos un ministro inglés de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial.
Que se hagan tontos, sin embargo, no equivale a que sean necesariamente tontos. Un buen político está perdido si es un tonto. O va a ser utilizado indefectiblemente por otros o, en todo caso, otros harán siempre su tarea y él ni siquiera se dará cuenta. Fue el caso de Fox. ¿Qué puede pasar si, encima, un político tonto pretende hacerse el tonto? Creo que la respuesta está en la tira cómica que hemos visto desfilar últimamente en torno a los “catastrofistas” que critican al gobierno porque quieren ver destruido a su Estado. A cualquiera se le antojaría que todo es mera ficción; pero es una espeluznante realidad y parece que hay muy poco con qué poder explicarla.
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Es un fenómeno universal el que los políticos se acostumbren rápidamente a hacerse tontos cuando deben explicar a sus opositores (e incluso a sus seguidores) la razón de sus actos o cuando se les replica (cuando no se aceptan sus justificaciones) o, de plano, cuando se les critica por sus errores. Difícilmente encontraremos un político que diga lo que se propone y menos lo que pretende ocultar. Y, con muy honrosas excepciones, jamás veremos a uno que confronta abiertamente a los que están y a los que no están de acuerdo con él. Él quiere que todo mundo esté con él y que jamás ponga en duda sus decisiones. “No te me opongas, porque romperás la unidad que nos es tan necesaria”, solía decir a los suyos un ministro inglés de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial.
Que se hagan tontos, sin embargo, no equivale a que sean necesariamente tontos. Un buen político está perdido si es un tonto. O va a ser utilizado indefectiblemente por otros o, en todo caso, otros harán siempre su tarea y él ni siquiera se dará cuenta. Fue el caso de Fox. ¿Qué puede pasar si, encima, un político tonto pretende hacerse el tonto? Creo que la respuesta está en la tira cómica que hemos visto desfilar últimamente en torno a los “catastrofistas” que critican al gobierno porque quieren ver destruido a su Estado. A cualquiera se le antojaría que todo es mera ficción; pero es una espeluznante realidad y parece que hay muy poco con qué poder explicarla.
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La catástrofe del día
Rolando Cordera Campos
Sin novedad en el frente nos acercamos al fin de la semana. Sólo que… en Monterrey, por cuarto día consecutivo aparecen los jóvenes “tapados” que hacen y queman barricadas, enfrentan a la policía local, exigen la “salida de la plaza” del jefe de la Zona Militar, general Antúnez, mientras el secretario de Seguridad Pública del estado asegura que “el crimen organizado paga 500 pesos a cada uno de los manifestantes y les proporciona transporte” (David Carrizales, La Jornada, 13/02/09, p. 30).
“Saquean silos y trenes con alimentos en todo el país”, anuncia El Universal en su primera plana del viernes, y agrega: “Entre las rutas ferroviarias que más robos han registrado destacan Veracruz-Laredo, la del Pacífico, así como las que cruzan por Guanajuato y Jalisco”… “Esta semana, en Sinaloa fueron hurtadas 30 toneladas de frijol. En Guanajuato, las acciones de la autoridad han sido insuficientes para detener los robos que se han dado en las últimas horas.”
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Sin novedad en el frente nos acercamos al fin de la semana. Sólo que… en Monterrey, por cuarto día consecutivo aparecen los jóvenes “tapados” que hacen y queman barricadas, enfrentan a la policía local, exigen la “salida de la plaza” del jefe de la Zona Militar, general Antúnez, mientras el secretario de Seguridad Pública del estado asegura que “el crimen organizado paga 500 pesos a cada uno de los manifestantes y les proporciona transporte” (David Carrizales, La Jornada, 13/02/09, p. 30).
“Saquean silos y trenes con alimentos en todo el país”, anuncia El Universal en su primera plana del viernes, y agrega: “Entre las rutas ferroviarias que más robos han registrado destacan Veracruz-Laredo, la del Pacífico, así como las que cruzan por Guanajuato y Jalisco”… “Esta semana, en Sinaloa fueron hurtadas 30 toneladas de frijol. En Guanajuato, las acciones de la autoridad han sido insuficientes para detener los robos que se han dado en las últimas horas.”
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Palabras contra hechos
Antonio Gershenson
Aparentemente, la gran polémica de estos últimos días ha sido de optimistas contra pesimistas. El gobierno decidió que hay que ser optimistas. Muchos otros no. La verdadera polémica es, en el fondo: palabras contra hechos. Y los hechos determinan si las cosas están mejor o peor, y si vienen mejor o vienen peor.
Un primer hecho, publicado esta semana: en tres meses, de noviembre del año pasado al reciente enero, se perdieron más de 541 mil empleos en las zonas urbanas de México (datos del Seguro Social). Las palabras: el subsecretario de Hacienda, replicando a las críticas de diputados, dijo que afirmar que estos empleos se perdieron era una cifra exagerada, ya que el pronóstico gubernamental para todo 2009 se ubicaba sólo entre 250 mil y 300 mil.
Decía que había que creer a las cifras futuras del gobierno y no a los hechos, porque al fin del año la caída es estacional. ¿Qué no el fenómeno estacional de fin de año era el aumento de las ventas por Navidad, Año Nuevo, Reyes? Y si hablamos de la “cuesta de enero”, pues resulta que enero fue el “menos malo” de los tres meses, con 128 mil empleos perdidos, cuando el promedio de los tres meses fue de 180 mil. Es el colmo que se nos quiera convencer de creerles más a las palabras, en este caso números gubernamentales, que a los hechos (también incluyendo números) que una institución gubernamental dio a conocer.
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Aparentemente, la gran polémica de estos últimos días ha sido de optimistas contra pesimistas. El gobierno decidió que hay que ser optimistas. Muchos otros no. La verdadera polémica es, en el fondo: palabras contra hechos. Y los hechos determinan si las cosas están mejor o peor, y si vienen mejor o vienen peor.
Un primer hecho, publicado esta semana: en tres meses, de noviembre del año pasado al reciente enero, se perdieron más de 541 mil empleos en las zonas urbanas de México (datos del Seguro Social). Las palabras: el subsecretario de Hacienda, replicando a las críticas de diputados, dijo que afirmar que estos empleos se perdieron era una cifra exagerada, ya que el pronóstico gubernamental para todo 2009 se ubicaba sólo entre 250 mil y 300 mil.
Decía que había que creer a las cifras futuras del gobierno y no a los hechos, porque al fin del año la caída es estacional. ¿Qué no el fenómeno estacional de fin de año era el aumento de las ventas por Navidad, Año Nuevo, Reyes? Y si hablamos de la “cuesta de enero”, pues resulta que enero fue el “menos malo” de los tres meses, con 128 mil empleos perdidos, cuando el promedio de los tres meses fue de 180 mil. Es el colmo que se nos quiera convencer de creerles más a las palabras, en este caso números gubernamentales, que a los hechos (también incluyendo números) que una institución gubernamental dio a conocer.
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Denuncian trama para despojar al país de red de fibra óptica y cederla a Telefónica
■ Carstens, Gil Díaz y Luis Téllez participan en la maquinación, acusa diputado perredista
El gobierno, con el auspicio del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y la influencia de Francisco Gil Díaz, pretende entregar gratuitamente la red de fibra óptica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la trasnacional Telefónica Movistar, denunció el diputado federal perredista Juan Guerra Ochoa.
Expuso que el costo, erogado por el erario, de la red de fibra óptica asciende a más de 4 mil millones de dólares, de los cuales la empresa española no pagaría un solo centavo.
Entre 2004 y 2005, Gil Díaz, como secretario de Hacienda, promovió que la CFE tendiera en todo el territorio nacional una red de fibra óptica similar a la de Teléfonos de México (Telmex), o incluso con mayor cobertura.
A través de ella se puede dar el servicio de telefonía, de Internet y de televisión; es decir, con esa red la diferencia entre la telefonía por cable y la abierta prácticamente desaparece, porque sería capaz de cubrir a 90 por ciento de la población.
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El gobierno, con el auspicio del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y la influencia de Francisco Gil Díaz, pretende entregar gratuitamente la red de fibra óptica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la trasnacional Telefónica Movistar, denunció el diputado federal perredista Juan Guerra Ochoa.
Expuso que el costo, erogado por el erario, de la red de fibra óptica asciende a más de 4 mil millones de dólares, de los cuales la empresa española no pagaría un solo centavo.
Entre 2004 y 2005, Gil Díaz, como secretario de Hacienda, promovió que la CFE tendiera en todo el territorio nacional una red de fibra óptica similar a la de Teléfonos de México (Telmex), o incluso con mayor cobertura.
A través de ella se puede dar el servicio de telefonía, de Internet y de televisión; es decir, con esa red la diferencia entre la telefonía por cable y la abierta prácticamente desaparece, porque sería capaz de cubrir a 90 por ciento de la población.
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Rito panista con tinte militar
Por primera vez elementos del Ejército pisan la sede albiazul
El Universal
Domingo 15 de febrero de 2009
En un hecho inédito, elementos del Ejército mexicano arribaron en punto de las 8:45 horas de ayer a la explanada de la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN).
Con sus botas negras y uniforme verde olivo, 50 elementos del segundo batallón de infantería, de la primera región militar, descendieron de dos camiones descubiertos y comenzaron una formación para la ceremonia cívica de izamiento de bandera para dar inicio al Consejo Nacional de este instituto político.
Una banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional y soldados con fusiles G-3 en mano enmarcaron los trabajos del Consejo panista. Trompetas y tambores entonaban el Himno Nacional justo a las 10:00 horas.
Ahí, Germán Martínez, acompañado por el ex presidente Vicente Fox; por el secretario general Rogelio Carbajal; el senador Gustavo Madero y el diputado Héctor Larios, formaron la guardia de honor y entonaron el himno mexicano.
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El Universal
Domingo 15 de febrero de 2009
En un hecho inédito, elementos del Ejército mexicano arribaron en punto de las 8:45 horas de ayer a la explanada de la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN).
Con sus botas negras y uniforme verde olivo, 50 elementos del segundo batallón de infantería, de la primera región militar, descendieron de dos camiones descubiertos y comenzaron una formación para la ceremonia cívica de izamiento de bandera para dar inicio al Consejo Nacional de este instituto político.
Una banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional y soldados con fusiles G-3 en mano enmarcaron los trabajos del Consejo panista. Trompetas y tambores entonaban el Himno Nacional justo a las 10:00 horas.
Ahí, Germán Martínez, acompañado por el ex presidente Vicente Fox; por el secretario general Rogelio Carbajal; el senador Gustavo Madero y el diputado Héctor Larios, formaron la guardia de honor y entonaron el himno mexicano.
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Segob niega “Estado fallido”
El Universal
Domingo 15 de febrero de 2009
El gobierno descartó que en México exista un “Estado fallido” por la escalada de violencia que atizan cárteles, aseguró el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
A pregunta expresa sobre si México era un Estado fallido, el funcionario reviró: “¿Le parece una pregunta seria?”.
—Lo pregunto con seriedad, secretario.
—¡Por supuesto que la descarto!, es un Estado que está operando, afirmó al preguntarle sobre el tema en la sede nacional del PAN, durante el Consejo Nacional de ese partido.
Por su parte, al emitir su mensaje ante consejeros albiazules, el líder nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, respaldó al gobierno federal al señalar que éste no es un “Estado doblegado”.
El panista reviró contra los gobiernos del PRI, pues dijo: “Es fallido aquel gobierno que concede a los delincuentes márgenes de impunidad a cambio de aparente e ilusoria tranquilidad, como aquella simulada paz social que cantaban los priístas”.
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Domingo 15 de febrero de 2009
El gobierno descartó que en México exista un “Estado fallido” por la escalada de violencia que atizan cárteles, aseguró el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
A pregunta expresa sobre si México era un Estado fallido, el funcionario reviró: “¿Le parece una pregunta seria?”.
—Lo pregunto con seriedad, secretario.
—¡Por supuesto que la descarto!, es un Estado que está operando, afirmó al preguntarle sobre el tema en la sede nacional del PAN, durante el Consejo Nacional de ese partido.
Por su parte, al emitir su mensaje ante consejeros albiazules, el líder nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, respaldó al gobierno federal al señalar que éste no es un “Estado doblegado”.
El panista reviró contra los gobiernos del PRI, pues dijo: “Es fallido aquel gobierno que concede a los delincuentes márgenes de impunidad a cambio de aparente e ilusoria tranquilidad, como aquella simulada paz social que cantaban los priístas”.
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“¿Atenco?... Nos quieren ver la cara”: Soberanes
El ombudsman nacional recrimina a la Corte por su fallo en el caso Atenco; deja sin castigo a los principales responsables, asegura. También critica al gobierno federal por omisiones en el tema de trata de personas
El Universal
Domingo 15 de febrero de 2009
No ha sido una semana fácil para el ombudsman nacional. La Suprema Corte terminó por exonerar a los dos más altos funcionarios señalados en el caso de Atenco, y el gobierno federal se desentiende de los trabajadores mexicanos explotados en las islas Bahamas. En los dos casos, la CNDH documentó graves violaciones a los derechos humanos. Es para morir de gastritis. De suerte que este reconocido jurista está lo bastante curtido como para persuadirlo de que se olvide de los derechos civiles.
¿Qué tal de ánimos, don Soberanes?
Bien, bien.
¿No es “catastrofista”?
Pues creo que sí… están muy duras las cosas.
Y más con lo de Atenco, ¿no?
Así es.
¿Se cumplió la justicia que pidió?
Híjole, no me haga esas preguntas.
¿Peña y Medina no fueron responsables de dar órdenes?
¡No, pues… me hubiera dado el harakiri!, ¿verdad?
¿O sea que las policías se mandan solas?
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El Universal
Domingo 15 de febrero de 2009
No ha sido una semana fácil para el ombudsman nacional. La Suprema Corte terminó por exonerar a los dos más altos funcionarios señalados en el caso de Atenco, y el gobierno federal se desentiende de los trabajadores mexicanos explotados en las islas Bahamas. En los dos casos, la CNDH documentó graves violaciones a los derechos humanos. Es para morir de gastritis. De suerte que este reconocido jurista está lo bastante curtido como para persuadirlo de que se olvide de los derechos civiles.
¿Qué tal de ánimos, don Soberanes?
Bien, bien.
¿No es “catastrofista”?
Pues creo que sí… están muy duras las cosas.
Y más con lo de Atenco, ¿no?
Así es.
¿Se cumplió la justicia que pidió?
Híjole, no me haga esas preguntas.
¿Peña y Medina no fueron responsables de dar órdenes?
¡No, pues… me hubiera dado el harakiri!, ¿verdad?
¿O sea que las policías se mandan solas?
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“Me fueron a vender un santo”
Carlos Monsiváis
Notas de la semana
Me fueron a vender un santo,
sin marco, sin cristal y sin vidriera.
Me fueron a vender un santo,
sin marco, sin cristal y sin vidriera.
La gente preguntaba qué santo era,
y era el santo más chingón de la galera.
Canción presidiaria de la década de 1920.
Recopilación: Juan de la Cabada
De las tristezas que se han abatido sobre la Patria Blindada contra la Adversidad, la más dolorosa a juicio de los verdaderos creyentes es la desaparición en los altares de la gran sombra protectora: el padre Marcial Maciel, el proyecto de santo más poderoso que se veía en América Latina desde la coalición de Felipe de Jesús-Martín de Porres-Rosa de Lima.
En las parroquias, en los atrios, a la hora de esperar la vocación del rezo, en las penumbras donde se anidan los rosarios, hoy se murmura, mientras la pena se transfigura: “¡Ya no será santo, rondará en nuestros corazones, eso sin duda, pero el hueco en los altares resplandecerá como herida de la condición humana!”.
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Notas de la semana
Me fueron a vender un santo,
sin marco, sin cristal y sin vidriera.
Me fueron a vender un santo,
sin marco, sin cristal y sin vidriera.
La gente preguntaba qué santo era,
y era el santo más chingón de la galera.
Canción presidiaria de la década de 1920.
Recopilación: Juan de la Cabada
De las tristezas que se han abatido sobre la Patria Blindada contra la Adversidad, la más dolorosa a juicio de los verdaderos creyentes es la desaparición en los altares de la gran sombra protectora: el padre Marcial Maciel, el proyecto de santo más poderoso que se veía en América Latina desde la coalición de Felipe de Jesús-Martín de Porres-Rosa de Lima.
En las parroquias, en los atrios, a la hora de esperar la vocación del rezo, en las penumbras donde se anidan los rosarios, hoy se murmura, mientras la pena se transfigura: “¡Ya no será santo, rondará en nuestros corazones, eso sin duda, pero el hueco en los altares resplandecerá como herida de la condición humana!”.
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PLAZA DOMINICAL
15/FEBRERO/2009
PLAZA DOMINICAL
La Corte y la impunidad selectiva
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desahogó esta semana, en siete sesiones que implicaron dobles jornadas el martes, miércoles y jueves y un total de 18 horas de debate, su averiguación constitucional sobre las violaciones a garantías constitucionales en San Salvador Atenco y sus inmediaciones el tres y cuatro de mayo de 2006. Por el resultado de la discusión, por su tono, puede augurarse con mínimo margen de error, que es la penúltima investigación de este género que emprende el máximo tribunal. Queda pendiente la referida a Oaxaca, cuyo desenlace fue anunciado con la resolución de Atenco. Cuando la haya resuelto, en sentido imaginable desde ahora, la Corte bajará la cortina, no aplicará más la facultad excepcional de que la dota el segundo párrafo del artículo 97 constitucional y esperará, y acaso hasta urja que ocurra, la supresión de ese ingrediente anómalo entre sus atribuciones.
Temerosa de sí misma, de las consecuencias de constituirse en un verdadero poder investigador, la Corte se autolimitó innecesariamente cuando accedió a desplegar una atribución que sólo había practicado en dos ocasiones antes de esta década, en que abordó tres más. Dadas las características de la tarea pesquisitoria y su breve fundamento constitucional los ministros pudieron haberse explayado para impedir impunidad en los casos de violaciones graves, paradigmáticas, a garantías individuales. Pero a la mayoría del pleno les temblaron las corvas, pudo más en los ministros un formalismo paralizante, comprensible y aun exigible cuando ejercen funciones jurisdiccionales, y se fabricaron corsés que reducen sus indagaciones a meras relatorías de hechos. Para que no desluciera demasiado su trabajo, en esta ocasión pretendieron forjar criterios para el uso de la fuerza pública, como si fuera un órgano de consulta al que se acude para el establecimiento de políticas generales y no fuera, como es, un órgano investigador de hechos específicos sobre los cuales tenía que pronunciarse.
Ante la brutalidad policiaca con que fueron agredidos manifestantes y pobladores de Atenco el tres y el cuatro de mayo de 2006 (especialmente en esta segunda fecha, en que no hubo propiamente enfrentamientos como la víspera, en que no pocos ciudadanos actuaron con violencia inadmisible contra agentes de la autoridad), y ante la impunidad que asomó su tétrico rostro desde poco después de los acontecimientos, los pobladores afectados demandaron la intervención de la Corte. Advertido de la relevancia del reclamo, el 29 de agosto de ese año lo hizo suyo el ministro Genaro David Góngora Pimentel, pues se requería que un miembro del pleno solicitara poner en acción el mecanismo del artículo 97. Con lentitud empezó a tramitarse el caso al punto de que sólo el siete de febrero siguiente, cinco meses después, el pleno de la Corte acordó iniciar su participación. Formó una comisión investigadora no con miembros del Pleno, como hizo en 1995 cuando se averiguó la criminal afrenta de Aguas Blancas, sino con magistrados de circuito, como ya se había hecho en el caso de Lydia Cacho. Cuando estaba en curso la indagación de Atenco, contra toda lógica jurídica el Pleno emitió regulaciones que se aplicaron retroactivamente y descuadraron los procedimientos que la comisión investigadora había comenzado a aplicar. De cualquier modo, produjo un voluminoso informe preliminar (2 mil 500 páginas y 40 cajas de documentos). De allí partió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para preparar el dictamen, de 900 páginas, sometido a discusión a partir del lunes pasado.
En ese dictamen, y puesto que la indagación partió de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dieron por supuestas las violaciones denunciadas por las víctimas, se reconoció que las hubo. Y allí hubiera podido concluir el trámite, porque la regla número 21 del acuerdo general que ciñe las investigaciones constitucionales establece con claridad que el informe preliminar “no podrá adjudicar responsabilidades sino únicamente identificar a las personas que hubieran participado en los hechos…”. Eso hizo Gudiño Pelayo: enlistó a más de dos mil participantes en los acontecimientos de mayo y pasó a determinar el grado de participación de los mandos y los subordinados, pero la mayor parte de sus colegas rehusó hacerlo.
Dijo Gudiño Pelayo al presentar su ponencia, el lunes 9:
“La investigación no arrojó datos o elementos que apoyaran la hipótesis de que se hubiera dado alguna orden de golpear, dañar o vejar a los manifestantes y detenidos, pero no obstante eso sucedió a la postre. Y… aún cuando la violencia no hubiese sido ordenada, sí hay elementos para considerar que fue permitida, alentada y en esa medida autorizada o avalada por los superiores de los policías participantes en los operativos.
“Esa permisión o tolerancia a la violencia se advierte también en que poco, o casi nada, se investigó por parte de los propios superiores de los policías para castigar las conductas abusivas después de cometidas.
“Los procedimientos, particularmente… los administrativos (en cuya integración tiene incidencia la superioridad de los policías) en muy pocos casos culminaron en fincamiento de responsabilidades y, hasta donde obra en autos, las causas penales están abiertas”
Durante el debate, los ministros convinieron por amplia mayoría en que la intervención de la fuerza pública fue legítima, para restablecer el orden (Y al concluir la discusión se empeñaron en subrayar que no pretendían inhibir el uso legítimo de la fuerza, no sea que se les tachara de libertinos). Esa calificación de legitimidad puso a salvo a los superiores y si caso dejó abierta la posibilidad de que “las autoridades competentes” a las que harán llegar sus resoluciones, revisen las acusaciones a los subordinados a los que se les pasó la mano.
El ministro Sergio Valls, uno de los ocho ministros que no atendieron el señalamiento de Gudiño Pelayo sobre la permisión y tolerancia de la superioridad, sintetizó el certificado de impunidad selectiva diciendo: “a mi juicio no hubo acciones desplegadas por los mandos superiores que pudieran configurar en forma directa violación de garantías”. Añadió que ni siquiera las omisiones expresadas en falta de capacitación del personal o en no haber ordenado “que la agresión policiaca cesara de inmediato” son causa de responsabilidad: “tampoco esas conductas se pueden imputar a los altos mandos del Gobierno pues éstos sólo pueden ser vinculados en proporción de las facultades que la propia ley les encomienda”.
Gozosos escuchaban estos y otros argumentos semejantes los enviados del gobernador Enrique Peña Nieto, que junto con Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, en aquel entonces Secretario de Seguridad Pública es el principal beneficiario de esta forma no de examinar los hechos, sino de interpretar la ley. A la cabeza de esos enviados estaba el Subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno mexiquense, él mismo puesto a salvo por los ministros que aplicaron la impunidad selectiva: como Contralor del Gobierno le fue encomendado investigar si hubo abuso policial en Atenco, y concluyó que no, que no lo hubo.
En cambio no pudieron estar presentes, por lo menos en la primera sesión, los abogados Bárbara Zamora, Santos García y Humberto Oseguera, que promovieron la investigación constitucional. Denunciaron que el licenciado Alberto Díaz Díaz, en nombre de la presidencia de la Corte les “impidió el paso con el peregrino argumento de que ya no había lugar”, aunque resultara “evidente que llenaron el salón con policías y burocracia de la Corte”.
Ese trato disparejo es pálido reflejo de la sesgada aplicación de justicia en este célebre caso cuya etapa final (en lo que hace a la averiguación constitucional) coincidía con el examen periódico universal a que era sometido el Gobierno de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Mientras que no hay un solo policía preso por la violencia de mayo, hay 13 manifestantes recluidos por los mismos hechos, condenados a penas que llegan hasta cerca de 32 años. Y no se mencione el rudo contraste entre la impunidad regalada a Peña Nieto y Medina Mora y la severidad cavernaria que se ha cebado sobre Ignacio del Valle, líder del Frente por la Defensa de la Tierra, sentenciado a 112 años de cárcel.
PEl pasado presente
Un día como hoy, 15 de febrero de 1995, hace 14 años, se anunció que en los seis días anteriores habían salido del País dos mil 500 millones de dólares. México se adentraba en la crisis causada por la irresponsable política económica del presidente Carlos Salinas que se las arregló para achacar al “error de diciembre” de 1994, al nuevo Gobierno encabezado por su heredero y más tarde enemigo Ernesto Zedillo.
Apenas mes y medio después de haber tomado posesión Zedillo, se afanaba en enfrentar la crisis que le estalló en las manos. Con un optimismo engañoso semejante al que hoy quiere mostrar el presidente Felipe Calderón, su amigo el último Presidente priísta antes de la alternancia dijo el 17 de febrero que “era un error creer que había insolvencia económica”. Cinco días más tarde dijo que “no se convino con Estados Unidos la política económica del País”. En sentido contrario, el diario The New York Times afirmaba que “el acuerdo financiero da a Estados Unidos poder de veto sobre la estrategia económica mexicana durante 10 años”.
El Presidente y el diario neoyorquino se referían al crédito otorgado por el Gobierno e Washington al de México para afrontar la crisis. Un reporte del 31 de enero decía que “después de que los líderes de las cámaras del Congreso le notificaron que no se aprobaría el aval financiero para México, el presidente William Clinton decidió por decreto otorgar dicho crédito. El monto fue mayor al originalmente contemplado, al pasar de 9 mil a 20 mil millones de dólares, que se sumó al crédito multilateral acordado por el Fondo Monetario Internacional, para totalizar 50 mil 709 millones de dólares.
En un mensaje a la Nación, Ernesto Zedillo aseguró que con el paquete de ayuda financiera, el problema de liquidez de la economía mexicana sería superado y se garantizaría la estabilidad financiera y cambiaria. Subrayó que la utilización de los nuevos créditos no supondría el aumento del endeudamiento; se trata, dijo, de una operación estrictamente financiera que no pone en riesgo la soberanía del País. Expresó su reconocimiento al presidente William Clinton por su solidaridad y absoluto respeto que mostró al pueblo y al Gobierno de México.
Un análisis sobre la actitud de Clinton explicaba que “la complejidad y las diversas repercusiones de la crisis económica de México, obligaron al presidente William Clinton a un cambio de estrategia y a estructurar un paquete crediticio que eliminara el riesgo de una moratoria de pagos por parte de su vecino del sur.
“Un aspecto que no escapa a la reflexión está relacionado con la rapidez y el monto del préstamo otorgado; ambas características hablaron de la urgencia que se sintió en los núcleos financieros del mundo por resolver la amenaza que representaba la crisis mexicana para la viabilidad del modelo económico a partir del cual se estaba buscando integrar el nuevo orden económico internacional.
“William Clinton evitó que la economía mexicana cayera en una crisis de consecuencias impredecibles y de paso libró a su País de padecer los efectos desequilibradores de una eventual debacle mexicana. Adicionalmente el Presidente norteamericano frenó la emergencia que ya se estaba gestando en otras naciones de Latinoamérica, que amenazaban con experimentar una crisis similar a la mexicana y que ponía en riesgo los intereses geopolíticos y neoeconómicos en el área de influencia estadounidense”.
Además de ese crédito, Zedillo manejaba otros instrumentos para encarar la crisis. Uno de ellos fue el Acuerdo de Unidad Para Superar la Emergencia Económica, cuyos objetivos eran “evitar que el mayor peso del ajuste recaiga en los sectores menos favorecidos”, “evitar la espiral devaluación(precios-salarios)”, “restablecer la confianza para emprender el crecimiento” e “impulsar los cambios estructurales necesarios para aumentar la competitividad”.
Los acuerdos sobre precios y salarios incluyeron el compromiso empresarial “de sacrificar márgenes de utilidad para moderar los aumentos de precios”, incrementar de 500 mil a 700 mil el número de becas para capacitación laboral, fortalecer el régimen de seguridad social y aumentar los apoyos otorgados a través de Procampo. Con objeto de fortalecer el ahorro público y la política monetaria se determinó que el gasto público disminuyera en 1.3% del Producto Interno Bruto en relación a lo aprobado inicialmente; que hubiera una alza de precios y tarifas públicas que no supere el incremento del ingreso disponible de los trabajadores que ganen el salario mínimo y la simplificación fiscal integral. El sector financiero, por su parte, se comprometió a ofrecer alternativas a los empresarios con problemas de cartera vencida. No cumplió su oferta dicho sector, lo cual generó una crisis de insolvencia al son de “debo no niego, pago no tengo”.
APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
http://www.yunqueland.com/
OPINION Y VARIAS DEL POR ESTO!!!
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APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
http://www.yunqueland.com/
EL AVIONAZO DE MOURIÑO: PAGARON CREEL Y MEDINA MORA SOBREPRECIO POR EL AVION
El avionazo, asunto politico
RODRIGO VERA
Por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, fueron acusados penalmente el senador panista Santiago Creel y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. El motivo: el pago de un presunto sobreprecio de más de 2 millones de dólares en la adquisición del avión en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño. Es una más de las innumerables irregularidades que rodean el desplome de la aeronave y que alcanzan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el atribulado Luis Téllez.
El senador panista Santiago Creel Miranda y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, son acusados penalmente de presunto “enriquecimiento ilícito”, “tráfico de influencias” y “ejercicio abusivo de funciones”, debido a que, en diciembre de 2003, presuntamente pagaron un “sobreprecio” de 2 millones 300 mil dólares al comprar el avión Learjet 45 en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Creel y Medina Mora, entonces titulares de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), respectivamente, adquirieron el Learjet usado, de acuerdo con las denuncias, en 7 millones 500 mil dólares, cuando el mismo modelo supuestamente costaba, nuevo, 5 millones 200 mil dólares.
Además –de manera inexplicable–, la compra no la hicieron directamente a la aerolínea suiza vendedora, TAG Aviation, sino que utilizaron como intermediaria a Servicios Aéreos Estrella (SAE), una empresa privada mexicana con antecedentes de implicación en el narcotráfico.
Por si fuera poco, la adquisición se realizó después de que, en agosto de 2003, la Federal Aviation Administration (FAA) emitió una notificación en la que pedía suspender todos los vuelos de ese tipo de aeronaves, ya que tenían un defecto de fábrica irreparable.
¿Por qué compraron un avión usado con un millonario sobreprecio? ¿Por qué no lo adquirieron directamente con Bombardier, la empresa fabricante? ¿Por qué no acataron la recomendación de la FAA? ¿Hubo corrupción y tráfico de influencias?
Estos interrogantes deben ser respondidos por Creel y Medina Mora, pues contra ambos ya fueron interpuestas dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se hicieron los anteriores señalamientos.
La primera denuncia la presentó el 2 de diciembre pasado, en su “carácter de ciudadano”, José Luis Moyá Moyá, señalado como asesor del senador panista Federico Döring y como una fuente más del “fuego amigo” que, dentro del blanquiazul, se está lanzando contra Santiago Creel para bloquear su carrera política.
La segunda denuncia fue hecha por la Unión de Abogados por la Democracia (UAD), a la que se identifica con los intereses de Televisión Azteca, que realiza una campaña mediática de desprestigio contra Creel.
En entrevista con Proceso, Creel dice de la denuncia de Moyá: “No me extrañaría, y no quiero ir más allá, que esto fuera parte de un fuego amigo”. Y respecto de la segunda, afirma: “Esta denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que Televisión Azteca ha instrumentado en contra mía”.
Asegura que el avión costó 6 millones 91 mil dólares, precio muy por debajo del que tenía, nueva, una aeronave igual, y dice estar dispuesto a presentarse a declarar ante el Ministerio Público para demostrar la falsedad de las imputaciones: “La autoridad competente tendrá todos los documentos para avalar esta situación”, sostiene.
De 24 páginas, la denuncia de Moyá señala que Creel, como secretario de Gobernación y superior jerárquico de Medina Mora, seguramente “instruyó” a éste para que adquiriera el Learjet, ya que fue el Cisen el que directamente realizó la compra.
Agrega que el aparato pertenecía a TAG Aviation, la empresa suiza que ya le había dado “cinco años de uso” a la aeronave, finalmente comprada en “7.5 millones de dólares” por Medina Mora, siendo que “el precio de venta de ese avión en ese entonces fue de 5.2 millones de dólares”, por lo que “no sería extraño que se hubiese dado el delito de cohecho en la compra”.
Para apoyar estas aseveraciones, incluye un reporte de la publicación especializada Business jet traveler, donde se marca en “5.2 millones” el precio del “Learjet 45 de Bombardier” recién salido de fábrica.
Destaca que “se causó un daño al erario” por 2 millones 300 mil dólares “al no comprar directamente en el extranjero una aeronave nueva”. Y si era para el gobierno, incluso Hacienda “pudo exentarla de impuestos de importación e IVA y aranceles”. Debió adquirirse “directamente” con el fabricante “una aeronave nueva, con garantía y pilotos entrenados y certificados”.
Fue precisamente este aspecto alusivo al entrenamiento de los pilotos el que llevó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, a sostener la tesis de que ellos no estaban suficientemente preparados para operar el Learjet 45, además de que se habían prestado a manejos irregulares para acreditar horas de vuelo que en realidad no habían cumplido.
Las aseveraciones de Téllez, realizadas en los días subsiguientes al desplome del aparato, indignaron a las familias de los pilotos y a la comunidad aeronáutica del país, que hizo notar un punto: el hecho de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, fue la instancia que les expidió las licencias a los pilotos.
En cuanto a Servicios Aéreos Estrella, lo más extraño –indica la denuncia de Moyá– es que se haya recurrido a la intermediación de esa compañía, “una empresa involucrada con el narco”. Y remite a un reportaje publicado en el número 1054 de la revista Proceso en el que se detalla que, en enero de 1997, un avión de SAE transportó a los comensales que asistieron a la boda de Aurora Carrillo Fuentes, hermana del jefe del cártel de Juárez. La fiesta se realizó en Guamuchilito, Sinaloa. En ese tiempo, el Ejército Mexicano y la PGR mantuvieron bajo observación a SAE.
“La empresa Servicios Aéreos Estrella y funcionarios del Cisen –añade la denuncia– son responsables de generar las bases y licitación o adjudicación del mantenimiento y suministro de pilotos desde 2003… ahí se inicia, con este contrato, la irresponsabilidad de funcionarios en poner a un intermediario, ajeno al gobierno federal, que no es responsable de vigilar la seguridad nacional.”
Y pide que, “con documentación bancaria”, Creel y Medina Mora aclaren cuánto se le pagó a SAE por sus servicios de intermediación y cuánto se le dio finalmente a TAG Aviation por la aeronave usada que, además, no debió volar, por instrucciones de la FAA.
La denuncia incluye el reporte de esta autoridad aeronáutica estadunidense, emitido el 14 de agosto de 2003, en el que textualmente se asienta que, de fábrica, los Learjets 45 presentaron una “falla estructural del estabilizador horizontal”, la cual puede ocasionar “pérdida de control de la aeronave”.
Y puntualiza que, “por motivos a investigar”, Creel y Medina Mora permitieron todas estas irregularidades, por lo que ellos y el resto de los “funcionarios involucrados” deben ser citados a comparecer.
La segunda denuncia, interpuesta por la UAD el 15 de enero pasado, a través de su presidente Ángel Pérez de la Fuente, parte del mismo hecho irregular: “Se pagaron 2 millones 300 mil dólares más por esta aeronave usada”.
Expone lo “sospechoso que resulta” que en sólo 19 días se haya realizado el proceso de compra: El 27 de noviembre de 2003 se publicaron las bases de la licitación pública internacional, con folio 04100001-035-03, emitida para que SAE gestionara la compra, la cual se concretó el 16 de diciembre siguiente.
No se tomaron en cuenta, dice la UAD, ni las condiciones del mercado aeronáutico ni las recomendaciones de la FAA ni el fatal accidente de un Learjet 45 que ocurrió en Italia cinco meses antes de esta adquisición.
Por tal motivo, indica que Creel “pudo haber incurrido en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, así como enriquecimiento ilícito, previstos en los artículos 220, 221 y 224, respectivamente, del Código Penal federal”.
Ambas denuncias aseguran que Creel está siendo protegido por la misma Secretaría de la Función Pública (SFP), que actualmente realiza una investigación sobre posibles irregularidades en la compra y mantenimiento del avión. En esta dependencia, dicen, a Creel le cubren las espaldas dos funcionarios que son incondicionales suyos: su exsecretario particular Guillermo Huerta Ling, actual comisario del sector seguridad en la SFP, y José Antonio Bolívar Bustillo, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de esa secretaría.
Las refutaciones de Creel
Entrevistado en sus oficinas de Polanco, Santiago Creel niega que la aeronave haya sido adquirida por encima de su valor real: “A mí se me informó que el precio y la calidad fueron buenos”, dice.
–¿No hubo entonces ese sobreprecio de más de 2 millones de dólares?
–No. Por lo que yo he podido platicar con quienes estuvieron a cargo de la operación, ellos me dicen que esto es una mentira, que el precio estuvo ligeramente por debajo del precio en el mercado. Y que comparado con el precio de una aeronave nueva, era sustancialmente más barato.
“Dicen que había un desperfecto técnico en ese modelo de aviones. Pero a mí me dijeron que el avión cumplía perfectamente y que además tenía garantías en los equipos por varios años. Incluso, que estaba mejor equipado que un avión nuevo, puesto que había volado en Europa y allá los requisitos son mayores. Por eso me extraña que ahora surja esta situación.”
Para apoyar sus afirmaciones, Creel entrega el documento Adquisición por el Cisen del avión matricula XC-VMC, en el que se registra que “la aeronave –construida en el año 2000– costó 6 millones 91 mil 270 dólares”, precio por debajo del “avalúo comercial”, que resultó de 6 millones 850 mil dólares.
El documento menciona que “el valor de un avión nuevo –con características similares– era de 10 millones 500 mil dólares”, de acuerdo con el estudio de costo-beneficio.
Con esto, el senador refuta las aseveraciones de los denunciantes en el sentido de que el Learjet tuvo un sobreprecio y resultó más caro que uno nuevo.
Entrega también al reportero el “estudio costo-beneficio” realizado por Gobernación –con el número de oficio UNAOPSPF/309/BM/1023/2003–, donde se evaluaron tres aeronaves como opciones de compra. La más barata resultó ser el Learjet 45 que ofertó SAE.
Y relata que, siendo secretario de Gobernación, fue iniciativa suya cambiar los viejos aviones de la dependencia:
“La Secretaría de Gobernación contaba entonces con aeronaves viejas. La mayoría, producto de las incautaciones hechas por la PGR. No sólo los aviones eran viejos, sino que su costo de operación era alto. Algunos ni siquiera podían entrar a Estados Unidos por el ruido que hacían. Pedí que evaluaran la posibilidad de quitar esos aviones.
“La Secretaría de la Función Pública nos pidió que la operación se llevara a través del Cisen, porque éste tiene los sistemas de seguridad y control mucho más rígidos. Y así se empezó a abrir el proceso de compra, que se llevó a cabo en los términos que marca la Ley de Adquisiciones, mediante una licitación. Se abrieron las bases y se hizo la convocatoria. Todo apegado a la normatividad.”
–¿Usted ya no intervino en el proceso de compra del Learjet 45? ¿No firmó el contrato de compraventa?
–No, por supuesto que no, porque la Función Pública nos recomendó que se hiciera a través del Cisen. Era muy importante que el Cisen también se hiciera cargo de la operación. Inclusive, cuando el avión llegaba a los aeropuertos, la gente del Cisen resguardaba la aeronave, independientemente del resguardo que tiene todo aeropuerto.
–¿Medina Mora firmó el contrato de compraventa?
–No recuerdo a ciencia cierta. Y no quisiera incurrir en un equívoco al decir quién firmó el contrato. Pero la operación se realizó a través del Cisen.
Para Creel, la denuncia de José Luis Moyá es quizá parte del “fuego amigo” que le están lanzando dentro de su partido, con el fin de relegarlo políticamente:
“No me extrañaría –y no quiero ir más allá– que esto fuera parte de un fuego amigo. Estoy indagando más las cosas, pero tiene la lógica y el contexto de esa situación.”
Refiriéndose a Moyá, asegura: “En lo individual, no conozco a esta persona”. No obstante, tiene algunas referencias sobre él, como la que apareció en la columna Ciudad perdida, de Miguel Ángel Velázquez, publicada en La Jornada el 24 de enero de 2002. Ahí se dice que “Moyá es uno de los asesores de Federico Döring, quien halló en su consejero la parte de inquina que le faltaba en contra del gobierno del DF y del PRD en general”.
En la edición de El Universal del 22 de octubre de 2007, Carolina Rocha le dedicó a Moyá un artículo, titulado ¿Apóstol o mercenario de la información?, en el que lo relacionaba con Döring y con otros panistas, como Ángel Pasta y Salvador Abascal, con quien después terminaría mal.
Agrega que nadie como Moyá acapara en el país “los servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)”. Este “Osama Bin Laden informativo… sabe nombre y apellido de cada funcionario sancionado en su desempeño administrativo”. Sus “indagatorias” dieron pie al “escándalo de las tangas de Provida”, lo mismo que a denuncias contra Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador, entre otros personajes.
Resultan claros para Creel los intereses que hay detrás de la denuncia de la UAD, a la que liga con Televisión Azteca, que se vio perjudicada con la reforma electoral impulsada por el senador:
“Esa denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que ha venido instrumentando Televisión Azteca en contra mía, a partir de la reforma electoral. Esta pseudounión de abogados ha venido plasmando otras denuncias contra mí. Todas sin fundamento. Todas retomadas por la televisora en sus noticiarios para golpearme.”
Concluye el senador:
“Seguiré adelante con las reformas a la telecomunicación, a la radio y a la televisión que estime necesarias para el avance democrático del país
RODRIGO VERA
Por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, fueron acusados penalmente el senador panista Santiago Creel y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. El motivo: el pago de un presunto sobreprecio de más de 2 millones de dólares en la adquisición del avión en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño. Es una más de las innumerables irregularidades que rodean el desplome de la aeronave y que alcanzan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el atribulado Luis Téllez.
El senador panista Santiago Creel Miranda y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, son acusados penalmente de presunto “enriquecimiento ilícito”, “tráfico de influencias” y “ejercicio abusivo de funciones”, debido a que, en diciembre de 2003, presuntamente pagaron un “sobreprecio” de 2 millones 300 mil dólares al comprar el avión Learjet 45 en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Creel y Medina Mora, entonces titulares de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), respectivamente, adquirieron el Learjet usado, de acuerdo con las denuncias, en 7 millones 500 mil dólares, cuando el mismo modelo supuestamente costaba, nuevo, 5 millones 200 mil dólares.
Además –de manera inexplicable–, la compra no la hicieron directamente a la aerolínea suiza vendedora, TAG Aviation, sino que utilizaron como intermediaria a Servicios Aéreos Estrella (SAE), una empresa privada mexicana con antecedentes de implicación en el narcotráfico.
Por si fuera poco, la adquisición se realizó después de que, en agosto de 2003, la Federal Aviation Administration (FAA) emitió una notificación en la que pedía suspender todos los vuelos de ese tipo de aeronaves, ya que tenían un defecto de fábrica irreparable.
¿Por qué compraron un avión usado con un millonario sobreprecio? ¿Por qué no lo adquirieron directamente con Bombardier, la empresa fabricante? ¿Por qué no acataron la recomendación de la FAA? ¿Hubo corrupción y tráfico de influencias?
Estos interrogantes deben ser respondidos por Creel y Medina Mora, pues contra ambos ya fueron interpuestas dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se hicieron los anteriores señalamientos.
La primera denuncia la presentó el 2 de diciembre pasado, en su “carácter de ciudadano”, José Luis Moyá Moyá, señalado como asesor del senador panista Federico Döring y como una fuente más del “fuego amigo” que, dentro del blanquiazul, se está lanzando contra Santiago Creel para bloquear su carrera política.
La segunda denuncia fue hecha por la Unión de Abogados por la Democracia (UAD), a la que se identifica con los intereses de Televisión Azteca, que realiza una campaña mediática de desprestigio contra Creel.
En entrevista con Proceso, Creel dice de la denuncia de Moyá: “No me extrañaría, y no quiero ir más allá, que esto fuera parte de un fuego amigo”. Y respecto de la segunda, afirma: “Esta denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que Televisión Azteca ha instrumentado en contra mía”.
Asegura que el avión costó 6 millones 91 mil dólares, precio muy por debajo del que tenía, nueva, una aeronave igual, y dice estar dispuesto a presentarse a declarar ante el Ministerio Público para demostrar la falsedad de las imputaciones: “La autoridad competente tendrá todos los documentos para avalar esta situación”, sostiene.
De 24 páginas, la denuncia de Moyá señala que Creel, como secretario de Gobernación y superior jerárquico de Medina Mora, seguramente “instruyó” a éste para que adquiriera el Learjet, ya que fue el Cisen el que directamente realizó la compra.
Agrega que el aparato pertenecía a TAG Aviation, la empresa suiza que ya le había dado “cinco años de uso” a la aeronave, finalmente comprada en “7.5 millones de dólares” por Medina Mora, siendo que “el precio de venta de ese avión en ese entonces fue de 5.2 millones de dólares”, por lo que “no sería extraño que se hubiese dado el delito de cohecho en la compra”.
Para apoyar estas aseveraciones, incluye un reporte de la publicación especializada Business jet traveler, donde se marca en “5.2 millones” el precio del “Learjet 45 de Bombardier” recién salido de fábrica.
Destaca que “se causó un daño al erario” por 2 millones 300 mil dólares “al no comprar directamente en el extranjero una aeronave nueva”. Y si era para el gobierno, incluso Hacienda “pudo exentarla de impuestos de importación e IVA y aranceles”. Debió adquirirse “directamente” con el fabricante “una aeronave nueva, con garantía y pilotos entrenados y certificados”.
Fue precisamente este aspecto alusivo al entrenamiento de los pilotos el que llevó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, a sostener la tesis de que ellos no estaban suficientemente preparados para operar el Learjet 45, además de que se habían prestado a manejos irregulares para acreditar horas de vuelo que en realidad no habían cumplido.
Las aseveraciones de Téllez, realizadas en los días subsiguientes al desplome del aparato, indignaron a las familias de los pilotos y a la comunidad aeronáutica del país, que hizo notar un punto: el hecho de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, fue la instancia que les expidió las licencias a los pilotos.
En cuanto a Servicios Aéreos Estrella, lo más extraño –indica la denuncia de Moyá– es que se haya recurrido a la intermediación de esa compañía, “una empresa involucrada con el narco”. Y remite a un reportaje publicado en el número 1054 de la revista Proceso en el que se detalla que, en enero de 1997, un avión de SAE transportó a los comensales que asistieron a la boda de Aurora Carrillo Fuentes, hermana del jefe del cártel de Juárez. La fiesta se realizó en Guamuchilito, Sinaloa. En ese tiempo, el Ejército Mexicano y la PGR mantuvieron bajo observación a SAE.
“La empresa Servicios Aéreos Estrella y funcionarios del Cisen –añade la denuncia– son responsables de generar las bases y licitación o adjudicación del mantenimiento y suministro de pilotos desde 2003… ahí se inicia, con este contrato, la irresponsabilidad de funcionarios en poner a un intermediario, ajeno al gobierno federal, que no es responsable de vigilar la seguridad nacional.”
Y pide que, “con documentación bancaria”, Creel y Medina Mora aclaren cuánto se le pagó a SAE por sus servicios de intermediación y cuánto se le dio finalmente a TAG Aviation por la aeronave usada que, además, no debió volar, por instrucciones de la FAA.
La denuncia incluye el reporte de esta autoridad aeronáutica estadunidense, emitido el 14 de agosto de 2003, en el que textualmente se asienta que, de fábrica, los Learjets 45 presentaron una “falla estructural del estabilizador horizontal”, la cual puede ocasionar “pérdida de control de la aeronave”.
Y puntualiza que, “por motivos a investigar”, Creel y Medina Mora permitieron todas estas irregularidades, por lo que ellos y el resto de los “funcionarios involucrados” deben ser citados a comparecer.
La segunda denuncia, interpuesta por la UAD el 15 de enero pasado, a través de su presidente Ángel Pérez de la Fuente, parte del mismo hecho irregular: “Se pagaron 2 millones 300 mil dólares más por esta aeronave usada”.
Expone lo “sospechoso que resulta” que en sólo 19 días se haya realizado el proceso de compra: El 27 de noviembre de 2003 se publicaron las bases de la licitación pública internacional, con folio 04100001-035-03, emitida para que SAE gestionara la compra, la cual se concretó el 16 de diciembre siguiente.
No se tomaron en cuenta, dice la UAD, ni las condiciones del mercado aeronáutico ni las recomendaciones de la FAA ni el fatal accidente de un Learjet 45 que ocurrió en Italia cinco meses antes de esta adquisición.
Por tal motivo, indica que Creel “pudo haber incurrido en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, así como enriquecimiento ilícito, previstos en los artículos 220, 221 y 224, respectivamente, del Código Penal federal”.
Ambas denuncias aseguran que Creel está siendo protegido por la misma Secretaría de la Función Pública (SFP), que actualmente realiza una investigación sobre posibles irregularidades en la compra y mantenimiento del avión. En esta dependencia, dicen, a Creel le cubren las espaldas dos funcionarios que son incondicionales suyos: su exsecretario particular Guillermo Huerta Ling, actual comisario del sector seguridad en la SFP, y José Antonio Bolívar Bustillo, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de esa secretaría.
Las refutaciones de Creel
Entrevistado en sus oficinas de Polanco, Santiago Creel niega que la aeronave haya sido adquirida por encima de su valor real: “A mí se me informó que el precio y la calidad fueron buenos”, dice.
–¿No hubo entonces ese sobreprecio de más de 2 millones de dólares?
–No. Por lo que yo he podido platicar con quienes estuvieron a cargo de la operación, ellos me dicen que esto es una mentira, que el precio estuvo ligeramente por debajo del precio en el mercado. Y que comparado con el precio de una aeronave nueva, era sustancialmente más barato.
“Dicen que había un desperfecto técnico en ese modelo de aviones. Pero a mí me dijeron que el avión cumplía perfectamente y que además tenía garantías en los equipos por varios años. Incluso, que estaba mejor equipado que un avión nuevo, puesto que había volado en Europa y allá los requisitos son mayores. Por eso me extraña que ahora surja esta situación.”
Para apoyar sus afirmaciones, Creel entrega el documento Adquisición por el Cisen del avión matricula XC-VMC, en el que se registra que “la aeronave –construida en el año 2000– costó 6 millones 91 mil 270 dólares”, precio por debajo del “avalúo comercial”, que resultó de 6 millones 850 mil dólares.
El documento menciona que “el valor de un avión nuevo –con características similares– era de 10 millones 500 mil dólares”, de acuerdo con el estudio de costo-beneficio.
Con esto, el senador refuta las aseveraciones de los denunciantes en el sentido de que el Learjet tuvo un sobreprecio y resultó más caro que uno nuevo.
Entrega también al reportero el “estudio costo-beneficio” realizado por Gobernación –con el número de oficio UNAOPSPF/309/BM/1023/2003–, donde se evaluaron tres aeronaves como opciones de compra. La más barata resultó ser el Learjet 45 que ofertó SAE.
Y relata que, siendo secretario de Gobernación, fue iniciativa suya cambiar los viejos aviones de la dependencia:
“La Secretaría de Gobernación contaba entonces con aeronaves viejas. La mayoría, producto de las incautaciones hechas por la PGR. No sólo los aviones eran viejos, sino que su costo de operación era alto. Algunos ni siquiera podían entrar a Estados Unidos por el ruido que hacían. Pedí que evaluaran la posibilidad de quitar esos aviones.
“La Secretaría de la Función Pública nos pidió que la operación se llevara a través del Cisen, porque éste tiene los sistemas de seguridad y control mucho más rígidos. Y así se empezó a abrir el proceso de compra, que se llevó a cabo en los términos que marca la Ley de Adquisiciones, mediante una licitación. Se abrieron las bases y se hizo la convocatoria. Todo apegado a la normatividad.”
–¿Usted ya no intervino en el proceso de compra del Learjet 45? ¿No firmó el contrato de compraventa?
–No, por supuesto que no, porque la Función Pública nos recomendó que se hiciera a través del Cisen. Era muy importante que el Cisen también se hiciera cargo de la operación. Inclusive, cuando el avión llegaba a los aeropuertos, la gente del Cisen resguardaba la aeronave, independientemente del resguardo que tiene todo aeropuerto.
–¿Medina Mora firmó el contrato de compraventa?
–No recuerdo a ciencia cierta. Y no quisiera incurrir en un equívoco al decir quién firmó el contrato. Pero la operación se realizó a través del Cisen.
Para Creel, la denuncia de José Luis Moyá es quizá parte del “fuego amigo” que le están lanzando dentro de su partido, con el fin de relegarlo políticamente:
“No me extrañaría –y no quiero ir más allá– que esto fuera parte de un fuego amigo. Estoy indagando más las cosas, pero tiene la lógica y el contexto de esa situación.”
Refiriéndose a Moyá, asegura: “En lo individual, no conozco a esta persona”. No obstante, tiene algunas referencias sobre él, como la que apareció en la columna Ciudad perdida, de Miguel Ángel Velázquez, publicada en La Jornada el 24 de enero de 2002. Ahí se dice que “Moyá es uno de los asesores de Federico Döring, quien halló en su consejero la parte de inquina que le faltaba en contra del gobierno del DF y del PRD en general”.
En la edición de El Universal del 22 de octubre de 2007, Carolina Rocha le dedicó a Moyá un artículo, titulado ¿Apóstol o mercenario de la información?, en el que lo relacionaba con Döring y con otros panistas, como Ángel Pasta y Salvador Abascal, con quien después terminaría mal.
Agrega que nadie como Moyá acapara en el país “los servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)”. Este “Osama Bin Laden informativo… sabe nombre y apellido de cada funcionario sancionado en su desempeño administrativo”. Sus “indagatorias” dieron pie al “escándalo de las tangas de Provida”, lo mismo que a denuncias contra Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador, entre otros personajes.
Resultan claros para Creel los intereses que hay detrás de la denuncia de la UAD, a la que liga con Televisión Azteca, que se vio perjudicada con la reforma electoral impulsada por el senador:
“Esa denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que ha venido instrumentando Televisión Azteca en contra mía, a partir de la reforma electoral. Esta pseudounión de abogados ha venido plasmando otras denuncias contra mí. Todas sin fundamento. Todas retomadas por la televisora en sus noticiarios para golpearme.”
Concluye el senador:
“Seguiré adelante con las reformas a la telecomunicación, a la radio y a la televisión que estime necesarias para el avance democrático del país
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