El caso es llevado ante Amnistía Internacional y la ONU. Se violaron derechos humanos de ebuleños, al no darles seguridad jurídica, afirma abogadaCAMPECHE, Cam. 19 de agosto.- El desalojo violento de más de 60 familias del poblado de San Antonio Ebulá cometida por maquinaria y vándalos contratados por el empresario constructor Eduardo Escalante Escalante sólo deja en claro “la impunidad total, amparada por el gobierno del Estado, por no sancionar una actuación a todas luces ilegal”.
“Se violaron los derechos humanos, el silencio de la autoridad también viola los derechos humanos, porque es obligación del Estado dar seguridad jurídica a los pobladores”, denunció la abogada defensora de los ebuleños, Andrea del Carmen Bocanegra Quiroz.
“Se violaron los derechos humanos, el silencio de la autoridad también viola los derechos humanos, porque es obligación del Estado dar seguridad jurídica a los pobladores”, denunció la abogada defensora de los ebuleños, Andrea del Carmen Bocanegra Quiroz.
“Que no nos diga la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche que no hay actuación de las autoridades estatales, el gobierno del Estado no ha llevado un camión para desalojarlos, para decir que hubo violación de derechos humanos como lo están estimando, pero la omisión, al no darle seguridad jurídica a los ciudadanos, es violación a los derechos humanos, es grave, sólo se había presentado un caso como este en Campeche, con la comunidad de Juan de la Cabada, en el sexenio de Abelardo Carrillo Zavala, prácticamente se está repitiendo la situación”, acusó la litigante.
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