Las averiguaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus informes, sobre violaciones a los derechos humanos, son como los llamados a misa de la iglesia con sus ministros pederastas. No tienen ninguna finalidad, en la medida que no son consignados los presuntos responsables. Y menos dan lugar a un proceso para un deslinde de responsabilidades penales y civiles. Se trata de darle “atole con el dedo” a los quejosos, terceros perjudicados y a las víctimas.
Los últimos informes sobre abuso del poder y violación a los derechos humanos, que van desde agresiones, torturas y cancelación de la libertad, hasta homicidios, en los estados de Puebla, Oaxaca y Sonora, son un pitorreo del pleno de esa Corte (que bien pudiera haber consignado esos expedientes como denuncias ante la Procuraduría General de la República, PGR). La propaganda del Poder Judicial de la Federación, por radio, televisión y prensa escrita, dizque informando sobre sus actividades, es para hacernos creer que imparte justicia, pero es la complicidad de la elite gobernante, para darse impunidad. Son los ministros, funcionarios encubridores, corruptos y tan perversos como los pintó Orozco, en un mural del edificio de la Suprema Corte, como un antro, una cueva de ladrones prostituyendo a la Justicia: una diosa en manos de jueces prevaricadores y en juerga de libertinos.
En Sonora, no obstante el infanticidio de 49 niños, muertos por homicidios con todas las agravantes, y 75 niños más, marcados de por vida por las lesiones sufridas, en aquel incendio del 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC, domiciliada en la capital de Sonora, no hay nada tras la averiguación de la presunta responsabilidad administrativa, penal y civil del entonces desgobernador Robinson-Bours; el también entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Molinar Horcasitas; el que fuera presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara; los beneficiarios directos de la ilegal subrogación y una lista de funcionarios, por negligencia, omisiones y hasta complicidades.
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Los últimos informes sobre abuso del poder y violación a los derechos humanos, que van desde agresiones, torturas y cancelación de la libertad, hasta homicidios, en los estados de Puebla, Oaxaca y Sonora, son un pitorreo del pleno de esa Corte (que bien pudiera haber consignado esos expedientes como denuncias ante la Procuraduría General de la República, PGR). La propaganda del Poder Judicial de la Federación, por radio, televisión y prensa escrita, dizque informando sobre sus actividades, es para hacernos creer que imparte justicia, pero es la complicidad de la elite gobernante, para darse impunidad. Son los ministros, funcionarios encubridores, corruptos y tan perversos como los pintó Orozco, en un mural del edificio de la Suprema Corte, como un antro, una cueva de ladrones prostituyendo a la Justicia: una diosa en manos de jueces prevaricadores y en juerga de libertinos.En Sonora, no obstante el infanticidio de 49 niños, muertos por homicidios con todas las agravantes, y 75 niños más, marcados de por vida por las lesiones sufridas, en aquel incendio del 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC, domiciliada en la capital de Sonora, no hay nada tras la averiguación de la presunta responsabilidad administrativa, penal y civil del entonces desgobernador Robinson-Bours; el también entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Molinar Horcasitas; el que fuera presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara; los beneficiarios directos de la ilegal subrogación y una lista de funcionarios, por negligencia, omisiones y hasta complicidades.
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