Estamos viviendo un estado militarizado y paramilitarizado. El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico, la población civil se está viendo cada vez más afectada
Luciana Bertoia
Liliana Souza es integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), una organización mexicana, fundada en 2004, que les presta atención a las víctimas de la represión institucional. La psicóloga participó en el Seminario Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos que concluyó ayer en Buenos Aires y dialogó con Página/12 acerca de la situación de los derechos humanos en México. Souza denunció que en ese país rige un estado de excepción de facto, que atenta contra las garantías de la población civil.
–¿Cómo definen desde CCTI la situación que actualmente se vive en México?
–Estamos viviendo un estado militarizado y paramilitarizado. Hay pugnas por los territorios que resultan clave para el crimen. Si bien el gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico, lo que está ocurriendo es que la población civil se está viendo cada vez más afectada. Esta queda en una situación de vulnerabilidad y de suspensión de las garantías individuales que el Estado debe asegurarle a la población. Por eso hablamos nosotros de un Estado de excepción, en el que la misma legislación se rompe en aras de una supuesta seguridad nacional que está en peligro. Creemos que hay un repunte de violaciones a los derechos humanos y que el papel de las organizaciones ahora es hacer visible lo que queda escondido detrás de una cantidad inmensa de cifras que da el Estado sobre cómo va la guerra al narcotráfico.
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–¿Cómo definen desde CCTI la situación que actualmente se vive en México?
–Estamos viviendo un estado militarizado y paramilitarizado. Hay pugnas por los territorios que resultan clave para el crimen. Si bien el gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico, lo que está ocurriendo es que la población civil se está viendo cada vez más afectada. Esta queda en una situación de vulnerabilidad y de suspensión de las garantías individuales que el Estado debe asegurarle a la población. Por eso hablamos nosotros de un Estado de excepción, en el que la misma legislación se rompe en aras de una supuesta seguridad nacional que está en peligro. Creemos que hay un repunte de violaciones a los derechos humanos y que el papel de las organizaciones ahora es hacer visible lo que queda escondido detrás de una cantidad inmensa de cifras que da el Estado sobre cómo va la guerra al narcotráfico.
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