Si hubiera justicia en México, los últimos tres procuradores generales de la República, todos de extracción panista, deberían ser procesados penalmente por encubrimiento, complicidad, negligencia y omisión ante delitos cometidos por el crimen organizado.
En los últimos meses de la administración de Vicente Fox, el entonces procurador General, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, recibió una denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contra de varios miembros de la familia yucateca Patrón Laviada, incluido el actual procurador federal de Protección al Ambiente, de nombre Patricio, por los supuestos delitos de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y desvío de recursos públicos, cuando éste se desempeñó como gobernador de Yucatán.
A pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por la UIF, como cuentas bancarias en donde se acumulan millonarios depósitos (en pesos y en dólares), presuntamente procedentes del tráfico de drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a iniciar la averiguación previa correspondiente y le heredó el problema al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a quien lo menos que le preocupa es hacer justicia y, por el contrario, utiliza los órganos judiciales y de investigación para revanchas personales y ajuste de cuentas en contra de quienes piensan distinto a él.
El siguiente procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, revisó la acusación penal de la SHCP en contra de su compañero de gabinete, a quien, para encubrirlo, le dio carpetazo al asunto y desapareció el expediente que contenía las evidencias de la relación de la familia Patrón Laviada con el crimen organizado.
Pero Medina-Mora no actuaba por sí mismo: lo que hacía era seguir las instrucciones que recibía de Los Pinos para impedir llevar a juicio al líder de la familia Patrón Laviada, quien además es amigo cercano de Calderón y titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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En los últimos meses de la administración de Vicente Fox, el entonces procurador General, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, recibió una denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contra de varios miembros de la familia yucateca Patrón Laviada, incluido el actual procurador federal de Protección al Ambiente, de nombre Patricio, por los supuestos delitos de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y desvío de recursos públicos, cuando éste se desempeñó como gobernador de Yucatán.
A pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por la UIF, como cuentas bancarias en donde se acumulan millonarios depósitos (en pesos y en dólares), presuntamente procedentes del tráfico de drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a iniciar la averiguación previa correspondiente y le heredó el problema al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a quien lo menos que le preocupa es hacer justicia y, por el contrario, utiliza los órganos judiciales y de investigación para revanchas personales y ajuste de cuentas en contra de quienes piensan distinto a él.
El siguiente procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, revisó la acusación penal de la SHCP en contra de su compañero de gabinete, a quien, para encubrirlo, le dio carpetazo al asunto y desapareció el expediente que contenía las evidencias de la relación de la familia Patrón Laviada con el crimen organizado.
Pero Medina-Mora no actuaba por sí mismo: lo que hacía era seguir las instrucciones que recibía de Los Pinos para impedir llevar a juicio al líder de la familia Patrón Laviada, quien además es amigo cercano de Calderón y titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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