La "guerra de baja intensidad" contra la Autonomía, una reflexión sobre la militarización y el paramilitarismo instrumentos del Estado que pretenden someter la lucha de los pueblos.
Daniel Arellano Chávez, Neri Martinez Hernandez y Ricardo Trujillo Gonzalez
Hace mucho tiempo que la guerra ha sido declarada por parte del gobierno y las empresas transnacionales contra los pueblos de México, de 1810-1910-2010 un proceso de lucha que no se ha roto, ha demostrado ser de aliento prolongado, de una inquebrantable resistencia permanente.
Ahora esa guerra oficialmente ha sido denominada “guerra contra la delincuencia organizada”, la declaración se hace cada día más descarada; impulsada por el ejecutivo federal impuesto mediante fraude electoral, despliega al ejército federal y cuerpos de seguridad en cada rincón de México ensañándose día a día contra movimientos sociales, sindicatos, luchas populares, defensores de derechos humanos, pueblos y comunidades, pero también contra la población que no comete otro crimen que cruzar una calle, acudir a un centro de reunión, asistir a la escuela o circular por una carretera.
Violaciones a los derechos humanos, intimidación, hostigamiento, censura, torturas, centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones, masacres, son hoy algo común, en un día 77 personas son asesinadas en México.[1]
Dos preparatorianos acribillados por soldados en San Luis Potosí, dos niños asesinados por militares en Tamaulipas al cruzar un reten al estar vacacionando[2], familias acribilladas por militares en Sinaloa[3] y Nuevo León,[4] masacres de jóvenes en Ciudad Juárez y Durango que el gobierno justifica como sicarios y narcomenudistas.
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Ahora esa guerra oficialmente ha sido denominada “guerra contra la delincuencia organizada”, la declaración se hace cada día más descarada; impulsada por el ejecutivo federal impuesto mediante fraude electoral, despliega al ejército federal y cuerpos de seguridad en cada rincón de México ensañándose día a día contra movimientos sociales, sindicatos, luchas populares, defensores de derechos humanos, pueblos y comunidades, pero también contra la población que no comete otro crimen que cruzar una calle, acudir a un centro de reunión, asistir a la escuela o circular por una carretera.
Violaciones a los derechos humanos, intimidación, hostigamiento, censura, torturas, centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones, masacres, son hoy algo común, en un día 77 personas son asesinadas en México.[1]
Dos preparatorianos acribillados por soldados en San Luis Potosí, dos niños asesinados por militares en Tamaulipas al cruzar un reten al estar vacacionando[2], familias acribilladas por militares en Sinaloa[3] y Nuevo León,[4] masacres de jóvenes en Ciudad Juárez y Durango que el gobierno justifica como sicarios y narcomenudistas.