viernes, 10 de diciembre de 2010

“Dejen de estar …ingando

Emilio Álvarez Icaza

Por las sentencias de Inés y Valentina", decía la nota donde estaba la amenaza de muerte que recibieron Obtilia Eugenio Manuel y su esposo Cuauhtémoc Ramírez, integrantes y dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) el pasado 28 de noviembre. Ellos son defensores de derechos humanos y luchan para que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas que fueron torturadas y agredidas sexualmente por elementos del Ejército.

Lamentablemente, las amenazas en contra de Obtilia y Cuauhtémoc no son nuevas, ya en abril de 2009 la CoIDH dictó medidas provisionales en su favor, de sus hijos, así como de 107 defensores y defensoras más del estado de Guerrero. Esta nueva agresión es particularmente grave, pues además amenaza a ambos defensores por sus esfuerzos para impulsar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH.

El Estado mexicano está en problemas. Las amenazas de muerte en contra de Obtilia y su esposo son también una amenaza al Estado mexicano. No se puede permitir que se atente así contra el Estado democrático de derecho y, aun menos, cuando México tiene la obligación de atender las medidas provisionales y acatar las sentencias de la Corte.
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