MÉXICO, D.F. (Proceso).- No fue un simple exabrupto el amago del presidente de la República en contra de los 23 mil ciudadanos que promueven la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en México. Si así fuera, Felipe Calderón no hubiera convertido el comunicado del domingo 27 de noviembre en un costoso desplegado de plana entera en los periódicos de circulación nacional. Tampoco hubiera mandado a sus voceros periodísticos y aliados políticos a ratificar la amenaza y denostar a los denunciantes a lo largo de la semana pasada. Al contrario, al darse cuenta de su error, simplemente se hubiera retractado de las últimas frases del polémico pronunciamiento.El lunes 28, en entrevista con Joaquín López Dóriga, la vocera gubernamental Alejandra Sota de ninguna manera se desmarcó de la propuesta de “proceder legalmente” en contra de los ciudadanos peticionarios. Al contrario, ratificó que “se están estudiando todas las alternativas existentes”. Políticos priistas como Emilio Chauyfett y Enrique Peña Nieto, quienes también guardan varios esqueletos en su proverbial closet, han avalado el derecho del gobierno federal a intimidar a los ciudadanos inconformes. El senador Ramón Galindo, del PAN, caracterizó públicamente la petición ante la corte de La Haya como un “escupitajo” y una “estupidez”.
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