Seguridad alimentaria, congelada

Por: Erika Ramírez
(21/02/2012)
(Revista Contralínea)

Más de tres cuartas partes del territorio mexicano son afectadas por la sequía invernal; el impacto recaerá en 2 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales. En tanto, desde 2006 permanece en la congeladora del Senado de la República la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

La sequía en 19 entidades del país afectará a más de 2 millones de personas este año. El impacto, indican especialistas y legisladores, es consecuencia de la falta de leyes y programas que garanticen la seguridad alimentaria. Desde 2006, se mantiene en la congeladora del Congreso de la Unión la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

En tanto, Estados Unidos (principal “socio” comercial de México en materia agropecuaria) dispone, desde la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de leyes agrícolas quinquenales que respaldan a sus productores.

El 1 de febrero pasado, Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, indicó que “la sequía está dañando en forma extraordinaria a (los estados de) Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, pero que perjudica también, en la clasificación de sequía severa, a partes de otras 14 entidades con una mayor afectación. Esto no se ha traducido en afectación muy grave a la producción agrícola porque son estados áridos; pero sí en la producción ganadera”.

La Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional establece “la obligación para el Estado mexicano, con base en la participación de los sectores privado, público y social, de planear las actividades económicas, con el objeto de garantizar el logro de los objetivos nacionales”.

En 2006, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por 328 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, el dictamen por el que se expidió la Ley, y que incluye la aplicación de ciencia y tecnología en la preservación de la biodiversidad y respeto a la cultura indígena. Entre sus objetivos principales se encuentra el de garantizar la soberanía, la seguridad agroalimentaria y la nutrición adecuada de todos sus habitantes.

Con la Ley se pretende “aumentar la capacidad productiva de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, en un sistema eficiente, equilibrado económica y socialmente, en el mercado nacional y mundial”. Además propone un subprograma de Emergencia para la Erradicación de la Desnutrición, que debiera de estar listo a más tardar en 2015, a cargo de la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Desarrollo Social.

Víctor Suárez Carrera, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2006, promovió la Ley con la que, indica, se pretende enfrentar el incremento de la dependencia agroalimentaria y la inexistencia de una política de Estado a largo plazo.


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