Millonarios de Forbes, subsidiados por SAGARPA

Por: Erika Ramírez

(01/04/2012)
(Revista Contralínea)

Diez trasnacionales agroalimentarias de la lista de Forbes y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores recibieron más de 1 mil 400 millones de pesos del erario mexicano en 2011. El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, reprueba las políticas enfocadas al sector porque benefician a los más ricos. Para la Auditoría Superior de la Federación hay ineficacia en el manejo de más de 1 mil 300 millones de pesos.

Recursos públicos por más de 1 mil 400 millones de pesos se distribuyeron a 10 trasnacionales agroalimentarias, dominantes del mercado nacional y de la economía global. Sus dueños y marcas aparecen en las listas de la revista estadunidense Forbes (especializada en negocios y finanzas) como los más ricos de México y el mundo. Listados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) muestran los nombres de Maseca, Cargill, Bachoco, Minsa, Gamesa, Sukarne, Gradesa, Gruma, Bunge y Sabritas.

Los padrones de beneficiarios de la Sagarpa revelan que tan sólo una decena de multinacionales recibieron 1 mil 410 millones 727 mil 997 pesos en 2011. Los subsidios equivalen a 1.4 millones de veces más que la “cuota normal” correspondiente a los beneficios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) −principal subsidio “en apoyo de la economía de los productores rurales”–, que asciende a 963 pesos por hectárea.

Datos del portal Subsidios al campo en México revelan que el municipio de Cochoapa el Grande, en Guerrero, recibió 17 millones 556 mil 874 pesos, durante el periodo de 1994 a 2009. Esto significa que el municipio más pobre del país obtuvo 80 veces menos, en 15 años, que lo entregado en un sólo periodo fiscal a 10 multinacionales.

Olivier De Schutter, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, recomienda al gobierno federal que “vele porque sus políticas agrarias hagan una contribución más efectiva a la lucha contra la pobreza rural” y critica la entrega de apoyos a grandes compañías.

Javier Usabiaga Arroyo, exsecretario de Agricultura y actual integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, señala que “el relator vino a hacer una investigación basada en lo que le decían, no en la vivencia de cuáles son las necesidades de nuestro país en materia alimentaria. Relaciona la alimentación del pueblo con el maíz, como si nada más comiéramos eso”.


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CNDH presenta 26 denuncias contra militares en PGR y PGJM

Por: Erika Ramírez
(13/03/2012)
(Revista Contralínea)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado 26 denuncias contra integrantes del Ejército Mexicano por hechos de tortura. Los casos, considerados graves, se ventilan tanto en la PGR como en la Procuraduría General de Justicia Militar y en procuradurías locales. Para el vocero de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, se trata de “hechos aislados”. Ante la posibilidad de que los juicios se realicen en tribunales civiles, indica: “Es parte de la evolución de los ejércitos”. La institución, asegura, está comprometida con los derechos humanos y, por ello, ha aceptado “al ciento por ciento” las 40 recomendaciones hechas por la CNDH. En los últimos tres años, otras 20 se han emitido para las secretarías de Seguridad Pública, Marina y la Procuraduría General, involucradas en la “guerra” antidrogas. Los estados donde más actos de tortura se han registrado son Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Tabasco.

Aprehendido por dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Tamaulipas, fue llevado a un lugar “desconocido”. Ahí lo golpearon, le sumergieron la cabeza en agua, y le aplicaron descargas eléctricas en el cuerpo, para que aceptara haber participado en hechos delictivos que no cometió.

Era el 21 de abril de 2010, cuando el hombre –identificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) bajo el código V1 (con el que se protege su identidad)– fue torturado por elementos castrenses. Así lo indica la recomendación 52/2011, emitida por la Comisión al titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván.

Ésta es una de las 60 recomendaciones hechas por el organismo que encabeza Raúl Plascencia Villanueva por prácticas de tortura cometidas entre el 1 de enero de 2009 y el 2 de diciembre de 2011. De éstas, 40 han sido para la Sedena; ocho, para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Genaro García Luna; cinco, para la Secretaría de Marina (Semar), a cargo del almirante Mariano Saynez Mendoza; una, para la Procuraduría General de la República. Otras seis, para los gobiernos de Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Chihuahua.

En 26 casos de tortura presuntamente cometida por integrantes del Ejército, además de las recomendaciones, la CNDH presentó denuncias ante la PGR, encabezada actualmente por Marisela Morales Ibáñez; la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), bajo el mando del general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, y procuradurías locales.

El general brigadier Ricardo Trevilla Trejo, director General de Comunicación Social y vocero de la Sedena, asegura que en la institución se profesa el respeto a los derechos humanos, independientemente de la “situación tan especial” que vive el país. Son hechos “aislados”, afirma, los cometidos por integrantes del Ejército Mexicano que derivaron en recomendaciones de la CNDH.


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Seguridad alimentaria, congelada

Por: Erika Ramírez
(21/02/2012)
(Revista Contralínea)

Más de tres cuartas partes del territorio mexicano son afectadas por la sequía invernal; el impacto recaerá en 2 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales. En tanto, desde 2006 permanece en la congeladora del Senado de la República la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

La sequía en 19 entidades del país afectará a más de 2 millones de personas este año. El impacto, indican especialistas y legisladores, es consecuencia de la falta de leyes y programas que garanticen la seguridad alimentaria. Desde 2006, se mantiene en la congeladora del Congreso de la Unión la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

En tanto, Estados Unidos (principal “socio” comercial de México en materia agropecuaria) dispone, desde la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de leyes agrícolas quinquenales que respaldan a sus productores.

El 1 de febrero pasado, Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, indicó que “la sequía está dañando en forma extraordinaria a (los estados de) Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, pero que perjudica también, en la clasificación de sequía severa, a partes de otras 14 entidades con una mayor afectación. Esto no se ha traducido en afectación muy grave a la producción agrícola porque son estados áridos; pero sí en la producción ganadera”.

La Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional establece “la obligación para el Estado mexicano, con base en la participación de los sectores privado, público y social, de planear las actividades económicas, con el objeto de garantizar el logro de los objetivos nacionales”.

En 2006, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por 328 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, el dictamen por el que se expidió la Ley, y que incluye la aplicación de ciencia y tecnología en la preservación de la biodiversidad y respeto a la cultura indígena. Entre sus objetivos principales se encuentra el de garantizar la soberanía, la seguridad agroalimentaria y la nutrición adecuada de todos sus habitantes.

Con la Ley se pretende “aumentar la capacidad productiva de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, en un sistema eficiente, equilibrado económica y socialmente, en el mercado nacional y mundial”. Además propone un subprograma de Emergencia para la Erradicación de la Desnutrición, que debiera de estar listo a más tardar en 2015, a cargo de la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Desarrollo Social.

Víctor Suárez Carrera, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2006, promovió la Ley con la que, indica, se pretende enfrentar el incremento de la dependencia agroalimentaria y la inexistencia de una política de Estado a largo plazo.


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Desigualdad económica mortal en México

Por: Erika Ramírez
(07/02/2012)
(Revista Contralínea)

Una persona que pertenece al 10 por ciento de la población con más ingresos en México, obtiene más de 200 mil pesos anuales, en promedio. En tanto que aquellos que se encuentran en el decil de los mexicanos más pobres, apenas 8 mil 700 pesos anuales, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mientras, los programas dedicados al desarrollo social en México fracasan.

La temporada de frío 2011 – 2012 trajo la muerte para los más pobres de este país, en total 40, Informó la Secretaría de Salud. Además, a 15 días de haber empezado el año, la prensa mexicana informaba que los rarámuris que habitan en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, fallecen por desnutrición.

Fueron al menos seis los decesos registrados por hambruna en las comunidades Napuchi, Wisarorare, Baquiachi y Pasigochi. Allí, el índice de mortalidad por la falta de alimento ha propiciado la muerte en adultos de 55 a 60 años de edad.

El problema, sin embargo, no se reduce a las poblaciones serranas de Chihuahua: 1 millón 800 mil menores de cinco años padecen desnutrición crónica, estima la Fundación Mexicana para la Salud. De estos, al menos 170 mil niños que habitan en zonas marginadas (tanto de las ciudades como del campo) presentan una “situación aguda”, cuyas complicaciones derivan en la muerte, generalmente asociada a enfermedades infecciosas curables.

Aunado a ello, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que México es el segundo país más desigual –desde el punto de vista económico– de los que integran este organismo internacional.

En su informe Divididos resistimos: ¿por qué sigue aumentando la desigualdad?, indica que “México tiene el segundo nivel más elevado de desigualdad de los ingresos de los países que integran la OCDE, justo por debajo de Chile […] A pesar de su disminución desde mediados de la década de 1990”.

La brecha entre ricos y pobres es 26 veces mayor para los más ricos del país, pues de acuerdo con el ingreso promedio que percibe el 10 por ciento de este sector es de 228 mil 900 pesos (con cifras actualizadas hasta 2008). En tanto, el ingreso del 10 por ciento con menores ingresos es de 8 mil 700 pesos, durante el mismo periodo.

No obstante para el gobierno federal sí hay una evolución en esta materia, y luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) ascendiera al poder, se ha podido percibir “una estabilidad macroeconómica, de control de la inflación y de una importancia creciente en los programas públicos de combate a la pobreza”, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Trasnacionales pagan 5 pesos por concesión minera

Por: Erika Ramírez
(24/01/2012)
(Revista Contralínea)

La extracción de cualquier metal precioso o mineral mexicano cuesta de 5 a 111 pesos a las compañías del sector, por hectárea concesionada. Lejos de los precios del mercado internacional de oro, plata, cobre, carbón, estas empresas –trasnacionales, la mayoría de capital canadiense– encuentran en México una fuente de enriquecimiento, con un marco jurídico laxo. El país está regalando su riqueza minera, señalan legisladores.

Compañías extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de metales preciosos en México pagan al gobierno federal entre 5 y 111 pesos cada semestre, por hectárea concesionada. La recaudación por este concepto alcanza poco más de los 500 millones de pesos!20por año. Iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza, permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados.

Las iniciativas de reforma congeladas en el Congreso de la Unión se refieren a los artículos 262 y 263, pues son los que, principalmente, marcan los montos que deben de aportar los concesionarios de las minas mexicanas, así como sus obligaciones. El primero de éstos obliga a pagar los derechos sobre la minería a aquellas compañías que desempeñen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera.

El artículo 263 indica que los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán cada semestre por cada hectárea o fracción concesionada o asignada el derecho sobre minería, de 5 a 111 pesos de forma progresiva. Las cuotas durante el primer y segundo año de vigencia son de 5.08 pesos; el tercero y cuarto año, 7.60 pesos; el quinto y sexto, 15.72 pesos; séptimo y octavo, 31.62 pesos; el noveno y onceavo, 63.22; y a partir del décimo, 111.27 pesos.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que la actividad minera recaudó 575 millones 828 mil 700 pesos, de enero a septiembre de 2011, de acuerdo con el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.

Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en ha Cámara de Diputados, indica que esta ley “está regalando qn recurso no renovable como es el minero. El cobrar por hectárea y no por el valor de la extracción, como se hace en los demás países del mundo, habla de un entreguismo del Estado mexicano”.

Luis Enrique Mercado Sánchez, integrante de la Comisión de Economía por el Partido Acción Nacional, comenta que es necesario realizar reformas a la Ley Minera para hacer más eficientes a las empresas y establecer mecanismos de protección al medio ambiente, así como actualizar los trámites y las tarifas que cada concesión debe cubrir ante el Estado mexicano.

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Un cuarto del país en poder de mineras extranjeras

Por: Erika Ramírez
(22/01/2012)
(Revista Contralínea)

Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional.

Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder.

Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los documentos de la Secretaría de Economía– revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron!20a 26 mil 43 los últimos dos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia federal.

El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, revela que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/).

La Secretaría encarga`a de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documento Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.

Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– considera que las concesiones entregadas a las trasnacionales son “una pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no puede entrar a esos lugares”.

Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, respectivamente, critica el tiempo que duran las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho que esto se hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando son los inversionistas extranjeros. El negocio no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a nivel mundial”.


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¡Si vienen, nos los chingamos!

Por: Erika Ramírez
(01/01/2012)
(Revista Contralínea)

Un paramilitar, integrante de la organización priísta Ubisort, revela los detalles a las autoridades judiciales de la emboscada que se llevó a cabo en San Juan Copala, región triqui de Oaxaca, en la que murieron los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, de origen finlandés. La compra de armas de alto poder se financia con recursos públicos.

“¡Si vienen, nos los chingamos! Nadie llamó a esa gente”, fue la sentencia final del entonces “comandante” de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Antonio Cruz García, apodado Toño Pájaro –ahora al frente del grupo armado que desde septiembre de 2010 ocupa San Juan Copala, Oaxaca–, respaldado por el entonces líder político de la organización, Rufino Juárez Hernández.

A esa conclusión llegaron los líderes de la Ubisort la noche del 26 de abril de 2010. Habían pasado tres días discutiendo cuál sería la estrategia que tomarían ante la llegada de una caravana de paz que pretendía entrar al centro ceremonial de San Juan Copala, para brindar ayuda humanitaria a la población asediada por los grupos paramilitares desde el 13 de septiembre de 2009.

La maniobra consistía en colocar piedras a la salida de la comunidad de La Sabana e impedir el acercamiento con la gente que permanecía en San Juan Copala y con los integrantes del Municipio Autónomo, impulsado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y exintegrantes de la Ubisort.

Así lo revela uno de los integrantes del grupo de pistoleros que acabaron con la vida de la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Alberta Cariño Trujillo, y del observador de derechos humanos de origen finlandés Jiry Jaakkola, el 27 de abril de 2010.

En una hora y media de grabación en video –integrado en el expediente abierto para llevar las investigaciones del caso, y al que tuvo acceso Contralínea–, el hombre relata cómo se llevó a cabo la emboscada en la que, además de dos muertes, dejara como saldo más de una decena de heridos y la desaparición por más de 60 horas de los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, David Venegas y Noé Bautista, y los reporteros de Contralínea, Érika Ramírez y David Cilia.

Comienza la filmación, dos hombres alegan en triqui. El pistolero sólo escucha, se encoje de hombros. Viste playera oscura, chamarra de mezclilla y luce bigote escaso. Está dispuesto a declarar todo lo que sabe, a cambio de protección, pero únicamente en su idioma. Los traductores justifican: él sólo entiende el español, a un 80 por ciento; no lo habla, aseguran.


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En hambruna más de 5 millones de familias

Por: Erika Ramírez

(01/12/2011)
(Revista Contralínea)

La volatilidad de los precios, el cambio climático y la falta de una reserva alimenticia ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país. Organismos internacionales revelan que la escasez de los productos básicos afectará gravemente a las zonas más marginadas en los países en desarrollo. En México, más de 5 millones 800 mil familias se encuentran en pobreza alimentaria, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social. Son las mismas que podrían padecer hambruna.

Más de 5 millones 800 mil familias mexicanas podrían padecer hambruna en los próximos meses. Las proyecciones en la producción agropecuaria de México indican que el país es incapaz de proveer la alimentación adecuada a toda su población. Mientras cada trimestre se incrementan los precios en la canasta alimenticia y cae la producción de alimentos, se impulsa fuertemente el uso de la producción agrícola como materia para los biocombustibles.

Ante este panorama, México –como otros países en vías de desarrollo– deberá de aumentar al ciento por ciento su producción, “si se desea alimentar adecuadamente a la población”. Así lo indica el documento Seguridad alimentaria y sustentabilidad alimentaria, firmado por Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

De acuerdo con el informe publicado en el marco del seminario Los Grandes Temas de la Agricultura Mundial, encabezado por Mayorga, “la creciente volatilidad de los precios agropecuarios es un tema a debate de la agenda nacional e internacional, debido a que representa incertidumbre, y por [lo] tanto, afecta las decisiones de los productores, comercializadores, consumidores e incluso al propio gobierno e inhibe la inversión en la agricultura”.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público demuestran en el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, cómo se han incrementado los precios de los alimentos procesados, que en septiembre pasado registraron una inflación anual de 7.32 por ciento, un aumento de 45 puntos base con respecto de junio pasado, que registró un incremento de 6.87 por ciento. En el mismo periodo, la inflación anual de los productos agropecuarios fue de 2.09 por ciento.

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Tortura, técnica de “investigación” policiaca y militar en México

Por: Erika Ramírez
(30/11/2011)
(Revista Contralínea)

El Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales, municipales y ministeriales aplican y promueven los mecanismos de tortura para obtener información y confesiones de sus detenidos. Por estos hechos, sólo se han registrado dos sentencias en contra de agentes del Estado, sin que existan detalles al respecto, afirman organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas.

Una colcha mojada recargada en su hombro. Hombres vestidos de negro y encapuchados enfilados frente a él. Armas largas apuntaban a su rostro, genitales, brazos y piernas. Burlas, gritos y amenazas de los funcionarios adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR).

Un cubículo de tres por cuatro metros cuadraros, aproximadamente, era el escenario que le prepararon sus verdugos. “Ya sabemos lo que hiciste, ahora sí te va a cargar la chingada”, advertían. Ramsés Villarreal Gómez, parado frente a ellos, inmóvil de miedo y angustia. No sabía de qué le estaban hablando. Ni por qué lo habían llevado a ese lugar. Luego se enteró de que eran las instalaciones de la PGR, en la delegación Azcapotzalco.

Era el 30 de septiembre de 2009. El joven universitario se dirigía a las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Viajaba en transporte público, de donde fue bajado a empujones por cuatro hombres vestidos de negro y llevado a una camioneta del mismo color (Contralínea 157).

Dentro del vehículo oficial, dos playeras (la propia de color clara y una oscura) cubrieron la totalidad de su rostro. Con la cabeza casi puesta sobre las rodillas y el peso de dos de los hombres sobre él escuchaba: “Te va a ir muy mal. Te vamos a matar, a torturar, a desaparecer”. Relata que fue hora y media de amenazas y trayecto.

Llegó con sus captores a una bodega donde lo tuvieron resguardado. Ignoraba cuál era su paradero, pensó que se trataba de un secuestro. “Ahí llegaron unos 10 policías, acompañados de personas de traje sastre. Fue ahí donde me dijeron: ?Estás aquí porque pusiste unos bombazos’”.

Los días 1, 8, 14, 16 y 22 de septiembre de 2009, el Distrito Federal fue escenario de varias explosiones en cajeros automáticos y tiendas comerciales. Por éstos, la PGR inició entre otras la averiguación previa PGR/DF/SPE-XII/4126/-09-09. Los delitos que se “investigaban”: daño en propiedad, violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y Terrorismo.

El último viernes de octubre de 2009, Villarreal Gómez fue aprehendido por agentes de la PGR, acusado de haber colocado los artefactos en las sucursales bancarias y tiendas departamentales.

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Indignados en el corazón financiero de México

Por: Erika Ramírez
(11/11/2011)
(Revista Contralínea)

Profesionistas, hombres y mujeres jóvenes, desempleados, trabajadores, estudiantes permanecen apostados frente a la Bolsa Mexicana de Valores desde el 20 de octubre pasado. Tiendas de campaña, anafres, libros, alimentos enlatados, propaganda y pancartas de resistencia son el panorama que día a día observan los corredores de bolsa y funcionarios que operan las acciones de los hombres más ricos de México y del mundo. Ellos, los de la calle, son los Indignados ante el sistema económico, el desempleo, la desigualdad y la pobreza.

“Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar el gobierno de nuestro país”, suena como música de ambiente en la “acampada”, asentada frente al edificio de Reforma 255.

“Gente que vive en la pobreza y nadie hace nada porque a nadie le interesa…”, sigue la rola del grupo Molotov a todo volumen. Ahí, de cara al Centro Bursátil de México, donde se han instalado unas 25 tiendas de acampar, ocupadas por profesionistas, estudiantes, mujeres y hombres indignados. El objetivo: demostrar su inconformidad ante un sistema que ha incrementado la desigualdad social y económica en el país y el mundo.

En los últimos días de octubre el frío cala hasta los huesos. El rayo del sol quema a los primeros minutos de exposición. La piel se reseca. La gente transita, mira hacia el piso, se detiene a leer la primera cartulina que aparece al paso: “Nos indigna la situación, pero nos duele más tu indiferencia”. Continúan. Una segunda aparece pegada al piso con una cinta negra: “¿Te conformas con caminar o quieres dejar huella?”. Los transeúntes cautivos levantan la mirada: “Mayor presupuesto a la educación”. Todo se ha llenado de pancartas, reclamos y resistencia, justo delante de la construcción cosmopolita que alberga a la Bolsa Mexicana de Valores.

Son alrededor de 200 personas las que conforman este movimiento. Van y vienen de atender sus trabajos, hogares, estudios, según se los permita el tiempo. En permanencia constante hay unos 30 Indignados, todos los días. Hacen guardias, se distribuyen las responsabilidades: preparar alimentos, organizar asambleas informativas, recabar recursos e informar a la gente en universidades, plazas, calles, transporte público. La idea, dicen, es poner un granito de arena para que el país mejore. “Una utopía”, comenta Aurora, mientras limpia las lentejas que formarán parte de la dieta del día.

Mientras, en el corazón financiero suben y bajan las acciones de 136 “empresas emisoras”. En este búnker de cristal cotizan las firmas más importantes de México: Televisa, Grupo Carso, Bimbo, Cemex, Vitro, Minsa, Maseca, Kimber, entre otras. El dólar aumenta en centavos. Afuera, se enciende un anafre, inicia la jornada en la “cocina” de los Indignados.


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Recursos PyME por 2 mil 500 MDP, a fondo perdido

Por: Erika Ramírez
(26/10/2011)
(Revista Contralínea)

Opacidad, inviabilidad y falta de certidumbre en la operación de más de 2 mil 500 millones de pesos detectó la auditoría de “cumplimiento” aplicada al Fondo Pyme en la revisión de la Cuenta Pública 2009. El documento de fiscalización revela que entre los beneficiarios de esta falta de control se encuentran la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Centro de Estudios y Análisis de la Micro y Pequeña Empresa. México, sin políticas efectivas de apoyo a micro y pequeños empresarios.
Más de 2 mil 500 millones de pesos han sido operados ineficazmente mediante el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) y el Fideicomiso México Emprende, operado por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, que encabeza Miguel Marón Manzur.

El expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Marón Manzur, se encuentra al frente de un organismo que, a decir de la Auditoría Superior de la Federación, no sustenta su viabilidad ni es confiable ni transparente. Los recursos revisados por el máximo órgano de fiscalización ascienden a 2 mil 555 millones 728 mil 800 pesos.

De acuerdo con el dictamen de la auditoría de cumplimiento 09-0-10100-02-0335, del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, el Fondo Pyme “no contiene los argumentos técnicos y financieros necesarios para determinar la viabilidad de los proyectos, no asegura la confiabilidad de la aprobación de los proyectos, y los informes trimestrales no contemplan el avance físico-financiero que permita medir la efectividad y cumplimiento de los objetivos de cada proyecto”, entre otras observaciones.

Vidal Llerenas Morales, integrante de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados por el Partido de la Revolución Democrática indica que el Fondo Pyme tiene varios problemas: “Es excesivamente burocrático y no hay un seguimiento puntual de cuánto tiempo viven económicamente las empresas”.


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“Progreso” despoja a ejidatarios

Por: Erika Ramírez

(20/10/2011)
(Revista Contralínea)

Una centena de campesinos del ejido San Pablo Huantepec, Estado de México, comienzan a abandonar sus tierras de cultivo: la carretera pavimentada en los límites de su terreno les obstruye el paso. El presidente municipal de Soyaniquilpan de Juárez, encargado de impulsar el proyecto, ha prometido abrir los caminos; no obstante, considera que el espacio rural podría ser un “polo de crecimiento en caso de que sea urbanizado”.

Jilotepec, Estado de México. “Progreso”, esa fue la promesa para los campesinos del ejido San Pablo Huantepec. Sin embargo, con la construcción de la carretera que une a las comunidades de El Divisadero, Fresno, El Gavillero de Santa Ana, San Juan del Cuervo y San Isidro, decenas de labriegos se han quedado sin acceso a sus parcelas, y en consecuencia, sin producción.

Dos kilómetros de vía cimentada entre las tierras de San Pablo Huantepec y Soyaniquilpan de Juárez, bordeada de una guarnición y una cuneta de aproximadamente 1 metro de profundidad, les impide entrar por este camino al campo.

Se trata de 118 ejidatarios que viven de la siembra del maíz, frijol y avena. Así como de la venta de quesos, que distribuyen en las comunidades cercanas a su población o que surten en el Distrito Federal. Casi una treintena de terrenos han sido invadidos por el asfalto en alguna porción de su espacio de cultivo.

Los campos se ven tapizados por una flor silvestre llamada mirasol. A la vista engaña al visitante con un paisaje en sincronía. En su lugar, deberían de estar creciendo los maizales que algunos ejidatarios tuvieron que abandonar.

Es el primer año en que Jesús Chávez Monrroy no siembra todas sus parcelas. De su tierra, dice, “mantuve a mis 16 hijos y a todos les di carrera profesional; Dios me bendijo hasta con un hijo sacerdote”.

Con 82 años de edad, su manutención y la de su esposa dependen de la producción que le dejan cuatro hectáreas de tierra cultivable. Lleva a cuestas tres cirugías, dos en la cabeza y una en la columna vertebral. Su andar ya es lento, pero aún así se aferra a los campos que, relata, él mismo abrió con yunta.


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Paramilitares de Oaxaca, en la impunidad: eurodiputadas

Por: Erika Ramírez
(29/09/2011) (Revista Contralínea)

A un año y cinco meses del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, no hay avances en las investigaciones para aprehender a los culpables, aunque las procuradurías General de la República y General de Justicia de Oaxaca abrieron expedientes después de la emboscada ocurrida el 27 de abril de 2010, en la región triqui de San Juan Copala, donde fueron abatidos. Los habitantes de esa zona indígena –simpatizantes del Municipio Autónomo– viven en el exilio desde el 13 de septiembre de 2010, fecha en que grupos armados ocuparon el pueblo.

Cayeron muertos por herida de bala. Los proyectiles de armas de uso exclusivo del Ejército, AK-47 o cuerno de chivo, atravesaron sus cuerpos al ser emboscados en el paraje Los Pinos, comunidad La Sabana, en la zona triqui dominada por la organización Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, viajaban al frente de la caravana de paz que pretendía llevar víveres a los habitantes de San Juan Copala. Su trabajo humanitario quedó cegado luego de que un grupo paramilitar de la Ubisort atacara a los activistas, maestros y periodistas.

A un año y cinco meses de los crímenes –en donde además hubo más de una decena de heridos y cuatro personas desaparecidas por un lapso de 60 horas– no existe ningún responsable aprehendido. “Éste es un problema de impunidad, que prevalece en todo el país”, opinan las diputadas del Parlamento Europeo, Satu Hassi y Franziska Keller.

En entrevista con Contralínea, las eurodiputadas hacen un balance de la situación de acoso y hostigamiento que se vive en San Juan Copala y en el país. “En una visión europea es inconcebible que una población [haya] sido sacada de su comunidad, y a más de un año no pueda volver”, comenta Satu Hassi, de origen finlandés.

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Trasnacionales pagan en Francia impuestos que les perdonan en México

Por: Erika Ramírez
(Revista Contralínea) (14/09/2011)

AstraZeneca, Danone y Accor, compañías de origen francés, son “incentivadas”fiscalmente desde la administración de Vicente Fox. La actual, de Felipe Calderón, mantiene los privilegios, que ya suman –en 10 años– más de 100 millones de pesos. Estas trasnacionales, beneficiadas en México con el programa de “estímulos” del Conacyt, propusieron en Francia un incremento a los impuestos que pagan por sus actividades económicas. El objetivo: “atenuar” el “déficit económico” y el “empeoramiento de la deuda pública” del país galo.

Empresas multimillonarias francesas –que solicitaron al gobierno de Nicolás Sarkozy incrementar el cobro de impuestos para amortiguar la crisis económica de Francia– son condonadas fiscalmente en México por el gobierno federal. El monto perdonado por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón supera los 100 millones de pesos, revelan documentos oficiales.

Se trata de las firmas AstraZeneca, “incentivada” con más de 86 millones de pesos; Danone, “apoyada” con 22 millones de pesos; y Accor, con 5.7 millones de pesos. Todo, a través del Programa de Estímulos Fiscales, operado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), desde 2001.

En una “publicación exclusiva” del semanario Le Nouvel Observateur, 16 firmas galas propusieron el establecimiento de una “contribución excepcional”, para amortiguar la caída económica en Francia. En tanto, en México, los argumentos esgrimidos por los gobiernos abanderados por el Partido Acción Nacional para “apoyar” a estas compañías trasnacionales –así como a otras firmas multinacionales y “nacionales”– son: atraer la inversión, impulsar el avance tecnológico y generar de empleos.

Miguel Chávez Lomelí, director de Negocios de Innovación del Conacyt, indica –en entrevista con Contralínea– que el origen de la empresa no está contemplado en el marco regulatorio de organismo para el otorgamiento de los apoyos, en tanto se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Es decir, la institución no discrimina entre empresas “nacionales” o trasnacionales.

Mario Di Costanzo Armenta, diputado federal por el Partido del Trabajo y economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, critica la entrega de este tipo de estímulos a las firmas trasnacionales, pues “refleja que en México las empresas hacen lo que quieren con el gobierno”. Este no es un asunto de “ilegalidad” sino de “inmoralidad”. Los “resquicios en las leyes nacionales permiten que esto pase”.

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