Como parte de las secuelas de
la accidentada visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad
Iberoamericana (Uia) el viernes de la semana pasada, decenas de jóvenes
pertenecientes a diversas instituciones de educación superior se
manifestaron ayer a las afueras de las instalaciones de Televisa en el
sur y el poniente de esta capital; demandaron equidad informativa y
respeto a la libertad de expresión; rechazaron los empeños por
descalificar, desde los medios, esas y otras muestras de descontento
estudiantil, y convocaron a una nueva movilización de universitarios de
todo el país, tanto de instituciones públicas como privadas, para el
próximo 23 de mayo.
Un día antes, en la Universidad Nacional Autónoma de México, más de
20 mil estudiantes participaron en un simulacro de elección presidencial
en el que quedó de manifiesto el rechazo generalizado de esa comunidad a
los partidos que han detentado el poder formal en nuestro país y han
dado continuidad al proyecto político económico vigente. De su lado,
estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo han
venido manteniendo, en semanas recientes, un conflicto con autoridades
de la institución y con el gobierno de la entidad, que tuvo sus orígenes
en el reclamo por mayores apoyos para los albergues estudiantiles y que
se saldó con escenarios de represión y criminalización de los
inconformes.
En su conjunto, las expresiones de inconformidad juvenil que
convergen en el momento presente, pese su diversidad en cuanto a formas e
intensidades, tienen como elementos en común el estar integradas por un
sector particularmente informado y preparado de ese grupo poblacional
–aquel que tiene acceso a la educación superior– y el responder en forma
crítica hacia diversos elementos de la realidad social, política y
económica de la nación, como la persistente crisis económica que vive la
población, la corrupción de los gobiernos priístas y panistas, la
crisis de violencia e inseguridad en el contexto de la
guerra contra el narcotráfico, el saqueo regular de las arcas públicas y de los recursos naturales, la impunidad por actos represivos cometidos por el poder público, el agotamiento en la matrícula de las instituciones universitarias públicas, la consecuente reducción de las perspectivas de futuro personal y colectivo y, desde luego, la hegemonía informativa que practican los consorcios mediáticos afines al régimen, generalmente en perjuicio del derecho de la sociedad a la información.
A la luz de este conjunto de elementos, la respuesta de los jóvenes
universitarios y los barruntos de articulación que comienzan a
manifestarse entre tales expresiones constituyen no sólo una reacción
lógica a la coyuntura actual; son también, como dijo el rector de la
UNAM, José Narro, una perspectiva preferible a la desesperanza
generalizada a la que parece haber sido condenado ese sector de la
población.
En contraste, la cerrazón mostrada en días recientes por dirigentes
partidistas, por gobiernos y por empleados de los consorcios mediáticos
hacia manifestaciones como las referidas no sólo refleja la falta de
comprensión por parte de elites políticas y económicas respecto de la
realidad social del país, sino que prefigura amenazas de criminalización
y violencia represiva que podrían enrarecer todavía más el panorama
electoral en curso.
Cabe insistir, en suma, en que los políticos, los comunicadores y los
empresarios de medios actúen con la mesura, la inteligencia y la altura
de miras necesarias para comprender que esa proliferación organizativa y
de inconformidades entre los jóvenes no puede ser vista como una señal
de alerta, de intolerancia ni mucho menos de desestabilización, sino de
fortaleza democrática.
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