MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos vaticinaron que el regreso del PRI a la Presidencia de la República no sólo incrementará los niveles de violencia, sino también el número de violaciones a las garantías individuales.Agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, 63 organizaciones de derechos humanos nacionales y 13 internacionales consideraron que con Enrique Peña Nieto como presidente se dará continuidad al programa de seguridad de Felipe Calderón, que ha dejado por lo menos “70 mil personas ejecutadas y 10 mil desaparecidas”.
Pero no sólo eso, agregaron, también subeiron de tono las agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, luchadores sociales y periodistas, y también contra diversos movimientos populares y del pueblo en general.
En un documento difundido este lunes, resaltaron que “por tercera ocasión” se registró “un proceso electoral plagado de irregularidades”, dirigido a imponer “los intereses empresariales e internacionales”.
Luego de señalar que mientras estuvo en el poder “el PRI cometió las más graves y aberrantes prácticas violatorias a los derechos humanos”, las organizaciones humanitarias aseguraron que el exgobernador del Estado de México “no sólo dará continuidad, sino que profundizará la actual política de seguridad del gobierno de Calderón, lo cual significa otros seis años más de una guerra, que en los hechos no es contra la delincuencia , sino que va dirigida en contra del pueblo, sus organizaciones sociales y de derechos humanos, una guerra que ha bañado de sangre al pueblo de mexicano”.
Sin mencionar al general colombiano Oscar Naranjo, a quien Peña Nieto presentó como su asesor en seguridad nacional, las organizaciones civiles advirtieron que de continuar la “política de guerra, bajo el asesoramiento de un extranjero, tendrá como consecuencia para nuestro país el incremento de violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada de personas”, delito que, según los registros civiles, creció durante la actual administración panista.
En materia de desaparición forzada, detallaron que de enero de 2011 a febrero de 2012 se documentaron 30 casos entre luchadores sociales. Dicho dato –añadieron– revela que “en solo un año se desaparecieron más defensores de derechos humanos que en los cinco años anteriores, lo cual evidencia que esta práctica, lejos de erradicarse, se incrementa cada vez más ante la impunidad que prevalece en todos los casos”.
Según los organismos, las evidencias sobre la respuesta de los gobiernos priistas a los movimientos sociales son indicadores de lo que podría ocurrir durante la administración de Peña Nieto, quien como gobernador dio el mismo tratamiento que sus correligionarios.
Además, recordaron las masacres de Acteal, Chiapas; Aguas Blancas y El Charco, Guerrero, y las represiones en Atenco, Estado de México, y Los Loxicha, en Oaxaca.
“Fue con el PRI que se instauró en nuestro país la práctica más aberrante y atroz que puede existir: la desaparición forzada de personas como mecanismo para generar terror y para destruir a los movimientos sociales. Fue bajo el gobierno priista, durante el periodo conocido como la guerra sucia, que se cometieron más de mil 500 desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales, crímenes que hasta hoy permanecen impunes”, puntualizaron.
Tras reconocer al movimiento estudiantil #Yosoy132, las organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada avizoraron “un escenario de mayor violencia y de violaciones a los derechos humanos”, y se pronunciaron por mantener la “justa demanda de presentación con vida de los detenidos-desaparecidos del país y el respeto a los derechos humanos”.
La Campaña Nacional está formada por los comités de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Monseñor Romero; Cerezo; Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Taller de Desarrollo Comunitario, y Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
Dichas organizaciones anunciaron que pese a las adversidades que se avecinan con el regreso del PRI al frente del gobierno federal, continuarán su exigencia y brindando apoyo “en lo que se requiera a los movimientos populares, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos”.
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