Como hace seis años, el organismo que ustedes integran tiene ante sí la tarea de juzgar la validez, la legalidad y la legitimidad de una elección presidencial. En 2006 el TEPJF dio por bueno un proceso electoral viciado, irregular y oscuro, proclamó presidente electo a Felipe Calderón. Ante las inconformidades, las autoridades electorales se negaron a exhibir las pruebas del supuesto triunfo del aspirante panista –esto es, rechazaron el conteo voto por voto– y la instancia que ustedes encabezan decretó la validez de unos comicios en los que, según los propios magistrados el entonces presidente Vicente Fox, el Consejo Coordinador Empresarial y el partido que está a punto de dejar el poder cometieron transgresiones a la legislación electoral.
Ese fallo causó, con ello, un gravísimo daño a las instituciones republicanas y al país en general. Generó una fractura política en la sociedad, erigió una presidencia ilegítima a ojos de un importante sector de la población, sentó un precedente de impunidad para delincuentes electorales y minó severamente la confianza de la gente en los procedimientos democráticos como generadores de consenso y de solución pacífica de las diferencias. El sexenio que termina deja un saldo catastrófico de estancamiento o regresión en todos los ámbitos de la vida nacional y buena parte de ese saldo es atribuible a la ilegitimidad de origen del propio Calderón.
En el momento presente ustedes enfrentan la disyuntiva de repetir aquella decisión trágica y validar unos resultados electorales oficiales asentados sobre una montaña de irregularidades y de presuntos delitos o de sanear la vida republicana y garantizar la estabilidad política e institucional mediante la nulificación del proceso.
Ustedes no ignoran que los poderes fácticos pretenden, entonces como ahora, revestir con una cáscara de legalidad un resultado electoral obtenido por medios ilegítimos: desde el inicio de una campaña de facto con seis años de antelación, con la ayuda de los medios electrónicos, hasta la inyección masiva de dinero de dudosa procedencia –recursos públicos, en algunos casos– para obtener millones de votos a cambio de dinero. Esta inadmisible corrupción de la voluntad ciudadana se realizó en los sectores más pobres del país, aprovechando las circunstancias de necesidad y miseria de los votantes.
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