A tres meses de que concluya el sexenio, el Ejército Mexicano hace el recuento de la guerra contra el crimen organizado. Y el general Ricardo Trevilla Trejo expone ante Reporte Indigo las 158 muertes de militares y sus 938 heridos en la captura de 10 capos, 118 lugartenientes y 46 mil delincuentes. Éste es el parte de guerra.
Jamás, desde los días de la Revolución, el Ejército Mexicano había estado tan presente en las calles. Nunca antes en los tiempos modernos jugó un papel tan crucial como hoy.
La guerra contra el crimen organizado emprendida por el gobierno del presidente Felipe Calderón lo colocó este sexenio en primera fila. Y a unos meses de que concluya esta administración, es la hora de hacer el balance.
Casi seis años de lucha cobraron la vida de 158 militares, y 938 resultaron heridos. Todo en 2 mil 494 operativos y enfrentamientos en los que los militares ultimaron a 2 mil 959 personas, hirieron a 405 y detuvieron a 2 mil 560.
De los ultimados por el Ejército, 98 por ciento eran presuntos delincuentes. Solo 40 víctimas han sido reconocidas como inocentes y fueron documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El balance del sexenio lo hace el general brigadier Ricardo Trevilla Trejo, hasta hoy vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La voz autorizada por el general secretario Guillermo Galván Galván.
Es el balance en verde de un sexenio pintado de rojo. El más rojo del que se tenga memoria desde la lucha armada que empezó en 1910.
Y antes de dejar la vocería para dedicarse durante un año a nuevos retos de preparación y academia, el general Trevilla Trejo da su parte de esta controvertida guerra.
De forma inédita y ante las cámaras de Reporte Indigo, da la cara para enfrentar los espinosos temas. Aborda lo mismo el saldo que el debate de los derechos humanos, la Ley de Seguridad Nacional, el fuero militar y la debatida compra del nuevo avión presidencial.
Trevilla Trejo reclama el sentido popular de las fuerzas armadas mexicanas. “Populares desde nuestros orígenes, conocemos perfectamente al pueblo de México porque nosotros somos el pueblo”.
'Tuvimos resultados inéditos'
Quien ha sido el responsable de prensa en la Defensa explica el desempeño del Ejército y la Fuerza Aérea a lo largo de la guerra emprendida por el gobierno federal en 2006.
Calificados como resultados inéditos, el militar hace un recuento de los decomisos, las detenciones, las agresiones contra el Ejército, los delincuentes abatidos, los militares fallecidos y también los heridos.
En casi seis años, han sido decomisadas 9 mil toneladas de mariguana, cerca de 36 toneladas de cocaína, más de 4 toneladas de heroína y otras 4 de goma de opio.
Se han desmantelado 800 laboratorios clandestinos, se han decomisado 74 toneladas de metanfetaminas y 13.5 millones de pastillas psicotrópicas.
El Ejército también ha decomisado 118 mil 640 armas de todos tipos, 12 millones de cartuchos de todos los calibres y 9 mil granadas.
Las acciones militares incluyen el decomiso de 538 aeronaves, 48 mil 456 vehículos terrestres, 219 embarcaciones y la destrucción de 3 mil 817 pistas clandestinas.
En sus operativos, el Ejército ha liberado a mil 959 personas secuestradas.
El brigadier Trevilla Trejo aborda el delicado tema de las averiguaciones previas contra personal militar.
Enfatiza que la claridad de la estrategia de Calderón terminó por exponer la fragilidad de las leyes de seguridad nacional.
Con 45 mil elementos castrenses patrullando todo el territorio nacional y un saldo de más de 60 mil muertos, el vocero del Ejército y la Fuerza Aérea califica el trabajo de la milicia como “misión cumplida”.
Reconoce que el objetivo principal era contener y debilitar a la delincuencia organizada atípica que se desborda en todo el país y que los responsables de la seguridad pública no han podido enfrentar.
La escalada de violencia convirtió un problema de seguridad pública en un problema de seguridad interior, dice el brigadier.
El general Trevilla Trejo señala con orgullo que la opinión de la población sobre el Ejército es positiva.
Precisa que 8 de cada 10 mexicanos confían en el Ejército. Y 9 de cada 10 se pronuncian a favor de que las fuerzas armadas sigan patrullando las calles.
Al abordar el tema de los derechos humanos, una de las debilidades de esta guerra, expone que la Sedena ha recibido alrededor de 7 mil quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Reconociendo la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revela que ya fue analizado el 86 por ciento de las quejas. Y con base en ellas, fueron emitidas 105 recomendaciones.
Las recomendaciones recaen en 1.5 por ciento de las quejas, en las que se reconoce que han fallecido 40 civiles inocentes.
El fantasma que acecha al sector castrense desde hace más de una década es la jurisdicción militar.
Largo y cansado ha sido el debate sobre el fuero legal militar que protege a los elementos del Ejército que violentan los derechos humanos de un detenido o cometen algún delito.
Ante ello, el vocero del general secretario Guillermo Galván asegura que la jurisdicción militar es efectiva en 97 porciento.
Y para muestra, advierte que debido a las 105 recomendaciones, hay 350 militares sujetos a investigación. De ellos, 182 están indiciados, 106 procesados, 38 sentenciados, 8 absueltos y 16 prófugos.
El brigadier acepta que las cifras son bajas con respecto a la cantidad de demandas. Y es entonces cuando abre la caja de Pandora.
Asegura que no existe una ley de seguridad nacional que soporte y apoye las acciones del Ejército. Sobre todo si se toma en cuenta el lugar y las condiciones en las que opera, que no son propios de una fuerza armada.
Sin duda, reconoce, la falta de sustancia en las leyes de seguridad nacional “nos deja mal parados a nivel internacional”.
Y es que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional pasó meses trabada en el Congreso en 2011. Para el PAN y el PRD, la nueva legislación prácticamente entregaría un cheque en blanco al presidente de la República.
La fracción priista operó incansablemente para aprobar la minuta y negoció con diferentes mandos militares para incluir ciertos decretos que otorgarían mayor capacidad de acción al Ejército y la Marina.
Sin embargo, hubo inconformes en todas las instancias de seguridad. Por eso, de las miles de operaciones que se hicieron durante el sexenio, muchas no tenían sustento técnico ni bases legales que las soportaran.
El 23 de abril pasado, cinco años después de declararle la guerra al narco, el gobierno federal dio a conocer una serie de protocolos para las fuerzas federales con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y delimitar las acciones de los efectivos.
Es decir, después de 60 mil muertos, miles de demandas de violación a los derechos humanos y más de 100 recomendaciones de la CNDH, el equipo de seguridad nacional de Los Pinos logró diseñar o adoptar un protocolo indispensable para combatir lo que ahora los expertos en seguridad nacional denominan una insurgencia criminal.
Han sido numerosas las críticas y observaciones sobre la estrategia de seguridad de Felipe Calderón.
Como en todas las operaciones interinstitucionales, la falta de coordinación y cooperación entre las dependencias de seguridad dieron mucho de qué hablar durante el sexenio.
Pero el general Trevilla Trejo asegura que los procedimientos y mecanismos para materializar las operaciones conjuntas ya existen.
El problema es que han surgido cientos de casos en los que el denominador común en la errata operativa ha sido la falta de coordinación y/o cooperación.
El eje medular es el intercambio de información del que presumen todas las dependencias.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. De hecho, al principio del sexenio, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la PGR dejaron en evidencia que tenían una relación tensa, lo que derivó en la renuncia del entonces procurador Eduardo Medina Mora.
Entre el Ejército Mexicano y la Marina armada también ha habido fricciones.
Ahí están los cables diplomáticos publicados por WikiLeaks, que exhibieron la decisión del gobierno de Estados Unidos de optar por la Marina para entregarle la información de inteligencia necesaria para ubicar al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.
La reacción de la Sedena fue inmediata
La Secretaría de Marina habría mantenido en secreto los planes de la operación hasta el momento en que sus elementos rodearon el complejo de departamentos donde se resguardaba el capo Arturo Beltrán Leyva.
Señala Trevilla Trejo que la coordinación y cooperación se materializan hoy mediante un gabinete de seguridad que trabaja al más alto nivel del gobierno federal.
Y que en el ámbito operativo, se da con los mandos regionales. Sin embargo, éste es uno de los temas centrales que debate la opinión pública.
El vocero de la Sedena aborda también el tema del mando único.
Dado que las policías locales son superadas en cuanto a capacidad de fuego o están infiltradas por el crimen organizado, la falta de coordinación también ha generado recelo y ha tensado la relación entre funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Trevilla Trejo apunta que la participación ciudadana, que cada vez está más presente, ha facilitado los operativos regionales.
Sobre la posición del Ejército en cuanto a los controvertidos contratos por más de 5 mil millones de pesos para la compra de equipo de comunicación y vigilancia, el militar es puntual.
Asegura que el problema es que no existe una política de defensa nacional bien definida. Es enfático al advertir que si la hubiera, el Ejército y la Fuerza Aérea tendrían rumbo y dirección.
Agrega que, sin duda, la compra fue realizada para cumplir con la demanda de instrumentos que requiere el Ejército para hacer frente a sus obligaciones.
Las quejas sobre malversación de recursos han sido constantes al interior de las fuerzas armadas.
Sin embargo, el brigadier defiende el punto. Insiste en que todo se hizo con transparencia y que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública han realizado auditorías.
Añade que incluso han sido revisadas las auditorías hechas por el órgano de control interno de la Sedena.
Las cifras que el general Ricardo Trevilla Trejo proporciona a Reporte Indigo corresponden únicamente a las detenciones y decomisos realizados por la Secretaría de la Defensa. Habría que sumar los resultados de las acciones de otras dependencias.
Felipe Calderón debe entregar un balance y cuentas claras sobre lo acontecido durante su gobierno en materia de seguridad.
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