El efecto incendiario de los rumores que se difundieron entre el 4 y el 6 de septiembre en el oriente del Estado de México y en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal paralizó la economía y causó pérdidas financieras. Dos líderes perredistas de Nezahualcóyotl afirman que la situación tiene también componentes políticos y que, con el auge del crimen organizado en la zona y la profunda desconfianza en las autoridades, el pánico se convirtió en un arma tan efectiva como las de fuego.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una semana después de la sicosis generada por rumores de que se había desatado la violencia en el oriente del Estado de México, la tranquilidad no ha vuelto del todo.
Los habitantes de municipios de Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuacán, Los Reyes e Ixtapaluca reforzaron sus precauciones: procuran no llegar tarde a sus hogares ni circular después de las nueve de la noche, y varios negocios que antes de la zozobra de los días 4, 5 y 6 de septiembre se mantenían abiertos después de las 10 de la noche, optaron por cerrar una o dos horas antes.
Entrevistados por separado, el senador por esta entidad, Luis Sánchez Jiménez, y el alcalde electo de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda Hernández, coinciden en que desde hace tres años la violencia del crimen organizado, el descontrol de la seguridad pública y la corrupción de las corporaciones policiacas mantienen en permanente incertidumbre a los mexiquenses. Lo dos perredistas le atribuyen esa herencia al exgobernador Enrique Peña Nieto, quien recientemente fue declarado presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Zepeda Hernández sostiene que durante los tres últimos años han sido ejecutadas 200 personas en Nezahualcóyotl, 18 de ellas en agosto pasado. “Una cifra que no da el gobierno es que 40 policías municipales fueron asesinados por el crimen organizado”, enfatiza.
El presidente municipal electo, que tomará posesión en enero próximo, explica que en 2009, “cuando el PRI arrasó en los municipios del ‘corredor amarrillo’ y el ‘corredor azul’, el gobernador Enrique Peña Nieto les condicionó a los presidentes municipales electos el área de seguridad pública: él hace los nombramientos de los directores municipales desde Toluca. A partir de entonces vemos una descomposición en todo el Estado de México. La delincuencia, la inseguridad y La Familia Michoacana sientan sus reales; esta política de seguridad no varió con Eruviel Ávila”.
–¿Hubo complicidad de Peña Nieto y la hay con Eruviel Ávila?
–Todo se ha generado a partir de la omisión. No sé si por complicidad; no tengo los elementos para hablar de ello, pero a veces se es cómplice por acción y otras por omisión.
Luis Sánchez Jiménez, alcalde de Nezahualcóyotl de 2003 a 2006, apunta que en el oriente del Estado la Familia Michoacana suele cobrar derecho de piso a giros negros, y el paso a “bares, cantinas y discotecas, pero también a las estéticas, escuelas privadas, locatarios de mercados, tianguistas y hasta a los que venden tacos en la banqueta. Han asesinado a gente que se negó a darles dinero”.
El 3 de agosto pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) presentó al presunto operador de La Familia Michoacana Juan Carlos Muñoz, El Pariente, quien habría declarado que esa organización se asentó en el oriente de la entidad en 2009 y obtenía más de 4 millones de pesos mensuales por la venta de drogas, así como 150 mil por extorsiones. El detenido aceptó su responsabilidad en 23 ejecuciones cometidas en Netzahualcóyotl.
Sin embargo, la invasión del grupo michoacano a territorio mexiquense fue detectada en 2008. En una averiguación previa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), se establece que testigos protegidos aseguraron que “son los altos mandos de policías de distintos niveles los que se encargan de cuidar que los rivales de La Familia Michoacana no invadan el territorio. Cuando eso ocurre, los agentes secuestran o eliminan a los competidores; y cuando algún funcionario ordena cerrar alguna narcotiendita, ellos mismos se encargan de reabrir el negocio en otro sitio” (Proceso 1806).
Componente político
El martes 4, tras un enfrentamiento entre mototaxistas de San Vicente Chicoloapan y militantes de Antorcha Popular (la organización priista antes llamada Antorcha Campesina) que ocasionó dos muertes, grupos de personas comenzaron a difundir por altavoces y personalmente que se preparaban ataques contra la población y los comercios. Primero se dijo que la agresión provenía de Antorcha Popular, pero después se habló de acciones armadas de La Familia Michoacana.
Vecinos de las delegaciones capitalinas Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, limítrofes con la zona oriental mexiquense, también fueron víctimas de esos actos de amedrentamiento.
El miedo paralizó la región. De acuerdo con diversos medios de comunicación, por esos días de sicosis la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reportó pérdidas de 25 millones de pesos en establecimientos de Iztapalapa y de 90 millones en Nezahualcóyotl, municipio donde cerraron nueve de cada 10 negocios. La Coordinación de Organizaciones para el Mejoramiento del Transporte en el Estado de México informó que entre 15 mil y 23 mil trasportistas no dieron servicio en Chicolpapan, Los Reyes, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, lo que representó una merma de 15 a 20 millones de pesos en sus ingresos.
Hasta ahora la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es la única dependencia que abrió una investigación previa, por ataques a la paz pública, contra José Luis Peña Navarro, Juan Ramón Sánchez Torrijos, David Guerrero Padilla y Eugenia Mayné Osorio López.
Estas cuatro personas fueron sorprendidas la noche del jueves 6 cuando, desde un automóvil y con altavoces, sembraban la alarma sobre los supuestos ataques armados de antorchistas y de la delincuencia organizada en la colonia Agrícola Oriental. Los detenidos declararon que personas no identificadas les pagaron 400 pesos por difundir esos mensajes.
Hasta el sábado 8, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas señaló que estos acontecimientos “nos deben obligar a reflexionar” en el uso de las redes sociales. Añadió que el Estado de México está “en paz y en calma”.
En la sesión del martes 11, el senador Luis Sánchez Jiménez propuso un punto de acuerdo para que Ávila Villegas informe al Senado de lo que ocurrió del 4 al 6 de septiembre, sobre las investigaciones iniciadas por su gobierno y de los daños económicos derivados de los rumores en los municipios de Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Texcoco, Ixtapaluca, Los Reyes, Chimaulhuacán, Valle de Chalco, Chalco y Tlalmanalco.
Asimismo, el legislador pidió que Ávila dé cuenta de las primeras indagatorias por las muertes de dos personas en el enfrentamiento entre mototaxistas y militantes de Antorcha Popular, organización que “ha sido apoyada por los gobernadores en turno del Estado de México”.
En la propuesta, que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, Sánchez Jiménez también pidió la intervención del gobierno de Felipe Calderón para iniciar un operativo de seguridad en los municipios de la zona metropolitana.
La opacidad del gobierno mexiquense “da lugar a que se formulen otras hipótesis de los rumores, que podrían tener tintes políticos”, dice el senador Sánchez Jiménez en entrevista.
“Es probable que el gobierno actual sea el responsable de la divulgación de rumores para disminuir la presencia de Antorcha Popular… Hay un pleito muy fuerte entre Eruviel y los antorchistas, reflejado en los resultados electorales de julio pasado en Texcoco, donde por el PRI compitió Manuel Cadena, exsecretario de Gobierno de Arturo Montiel.
“El PRI quedó en el tercer lugar, lo que no sólo se puede explicar por una negociación entre Eruviel e Higinio Martínez (exlíder del PRD), que por Movimiento Ciudadano ganó a través de una de sus cercanas, Delfina Gómez Álvarez”.
Según el legislador, “hay una queja muy fuerte de Manuel Cadena de que le jugaron mal, porque Cadena siempre ha defendido a los antorchistas; con él crecieron mucho durante el gobierno de Montiel, y con Peña Nieto se fortalecieron”.
Sánchez Jiménez refuerza su sospecha con las declaraciones de personas que vieron a policías municipales y estatales reproducir el rumor de que los antorchistas se organizaban para golpear y asaltar a los ciudadanos. También se dio a conocer que hay correos electrónicos de que “suspenden actividades hasta nuevo aviso”, enviados el miércoles 5 por Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) a las escuelas de nivel preescolar.
Agrega el legislador: “Investigué con primarias y secundarias, y confirmé que los directores no recibieron ese correo. Después hablaron con los directores de preescolar para corregir la información, pero al día siguiente los directivos volvieron a recibir llamadas telefónicas para que no asistieran el 6”.
La táctica del terror
Desde septiembre de 2008 el periodista Ricardo Ravelo dio cuenta de las incursiones de La Familia Michoacana en el Estado de México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal, en aquel entonces había aproximadamente 5 mil narcotienditas en la entidad.
Al principio, La Familia Michoacana entró con Los Zetas a ese territorio para disputárselo al Cártel de Sinaloa, que mantuvo el control durante la administración de Arturo Montiel. Escindido del Cártel del Golfo y de Los Zetas en 2007, el grupo michoacano se dio a conocer a través de narcomensajes en innumerables víctimas. El abandono de 24 personas ejecutadas en un paraje de La Marquesa el 12 de septiembre de 2008 fue una de sus acciones más estremecedoras.
Pero La Familia Michoacana no sólo controla el tráfico de estupefacientes en el estado; también “financia sus actividades con el robo a transportes de carga; extorsiones, la piratería el cobro a empresarios de los giros negros, como table dance, casas de citas y de masajes; cantinas con venta de droga, picaderos y otros negocios ilícitos” (Proceso 1664).
En la Edición Especial número 25 de Proceso (julio de 2009), se documenta que la expansión en La Familia Michoacana en el Estado de México fue acompañada de una estrategia de terror dirigida hacia la población. Los narcos “secuestraron e impusieron cuotas a comerciantes y empresarios que oscilaban entres los 40 mil y 200 pesos”, mientras que muchos jóvenes fueron reclutados hasta por 5 mil pesos diarios para vender droga en motocicletas proporcionada por el cártel.
La violencia en los últimos tres años no recayó exclusivamente en el oriente de la entidad, advierte el legislador Luis Sánchez. Según el reporte que dio a conocer el Inegi sobre los homicidios por entidad federativa ocurridos de 2005 a 2011, el Estado de México destaca con 13 mil 164 asesinatos. De esa cifra, 6 mil 584 (casi 50%) se cometieron entre 2009 y 2011.
“El fundamento de la sicosis es el miedo. La violencia que vivimos es imparable. Hay asesinatos en el Estado de México, en general. Es la herencia de Peña Nieto, porque La Familia Michoacana entró con él”.
Por su parte, el alcalde electo de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda, agrega: “La gente tiene temor porque sabe que una versión de esa naturaleza… puede ocurrir en Netzahualcóyotl, en los Reyes en San Vicente, en Chalco, porque esa descomposición en la seguridad pública ha permeado el tejido social, particularmente en los sectores más vulnerables, que no tienen confianza en las autoridades y mucho menos en la policía”.
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