- Los responsables serán sancionados, señala el jefe de Gobierno del Distrito Federal
- Entre los detenidos hay personas que no incurrieron en hechos delictivos, dicen legisladores al procurador Rodríguez Almeida
- Ya fueron consignados 69
- Los acusan sin pruebas: abogados
Familiares y amigos de los jóvenes detenidos por los disturbios del
pasado sábado en el centro de la ciudad permanecen en plantón afuera de
la agencia 50 del Ministerio Público, ubicada en la colonia Doctores. En
la imagen, un hombre abraza a su hija luego de que ésta quedó libre la
mañana de ayerFoto Alfredo Domínguez
Raúl Llanos, Bertha Teresa Ramírez y Mirna Servín
Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 32
Martes 4 de diciembre de 2012, p. 32
La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) investigará quién o quiénes están atrás de los hechos
violentos ocurridos el sábado pasado en calles del Centro Histórico de
esta capital, que dejaron daños al Hemiciclo a Juárez, al Museo de la
Tolerancia y un sinnúmero de negocios y mobiliario urbano, y los
responsables serán sancionados, aseguró el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubon.
El mandatario señaló que el titular de esa dependencia, Jesús
Rodríguez Almeida, tiene esa instrucción específica. Detalló que si bien
las afectaciones se pueden reparar, se investigará y sancionará todo lo
ocurrido el fin de semana pasado.
El procurador capitalino se reunió ayer con diputados locales y
federales y con senadores, quienes le expresaron que entre los 96
detenidos, luego de los enfrentamientos del pasado 1º de diciembre entre
policías y manifestantes, hay personas que no incurrieron en hechos
delictivos, por lo que pidieron que se les permita tener acceso a un
debido proceso.
Sin embargo, en ese encuentro Rodríguez Almeida –según comentaron
algunos de los asistentes– les manifestó que del total de detenidos se
había consignado ya, desde temprana hora, a 69 personas, mientras a
otras 27 se les dejó en libertad, entre ellas 12 adolescentes, por lo
que la dependencia a su cargo ya no tenía nada que ver en ese asunto y
los legisladores deberían hacer la labor correspondiente ante los
juzgados de lo penal.
Al salir de la reunión, las diputadas Aleida Alavez (federal) y
Dinorah Pizano (local) expresaron que desde la Cámara de Diputados, el
Senado y la Asamblea Legislativa promoverán puntos de acuerdo en los que
pedirán al gobierno de la ciudad garantizar que no se violen los
derechos humanos de los detenidos.
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