Por: Erika Ramírez(06/11/2011)
(Revista Contralínea)
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, los defensores de derechos humanos han padecido entre 128 y 326 agresiones; 22 de éstas terminaron violentamente con sus vidas. Entre las más graves también se cuentan 17 detenciones-desapariciones, revela un diagnóstico que en breve harán público la CDHDF y 10 organizaciones civiles. El 98.5 por ciento de los casos están impunes, alerta el análisis. Agentes del Estado, grupos armados, empresas privadas, jerarquías eclesiásticas, entre los agresores.
Los defensores de derechos humanos en México han sufrido, al menos, 128 eventos de presuntas agresiones en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, descubre un informe conjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y 10 organizaciones civiles, entregado a Contralínea por sus autores. Del mismo estudio se desprende que la cifra de casos podría alcanzar los 326. Entre los más graves, están 22 ejecuciones y 17 detenciones-desapariciones.
De las 128 agresiones que reconocen la mayoría de los organismos que signan la información, sólo en dos “se han procesado judicialmente a los probables responsables, lo que resulta en un nivel de impunidad del 98.5 por ciento”.
El diagnóstico detalla que son agentes del Estado y diversos grupos de poder los principales agresores. Entre estos últimos, cita a grupos armados, empresas privadas y jerarquías conservadoras de las iglesias. “A pesar de de que el Estado está obligado a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las defensoras, en ocasiones son los agentes del Estado quienes actúan como cómplices de las agresiones perpetradas en contra de las y los defensores. Lamentablemente, ésta es una práctica común del Estado y de los diversos agentes gubernamentales”.
En este contexto, la militarización y la impunidad acentúan la transgresión a los derechos humanos y vulneran a sus defensores. El principal perpetrador es el Estado, revela el informe entregado a Contralínea previa publicación oficial.
El Diagnóstico del derecho humano a defender derechos humanos en la Ciudad de México –que será impreso a finales de este mes– adelanta que la militarización de la seguridad pública en el país incrementa el riesgo que corren los defensores de derechos humanos en su labor.
En una recopilación de documentos y bases de datos, el análisis arroja diversas cifras en torno a las agresiones en contra de dichos defensores. Organismos nacionales e internacionales divergen en sus reportes.
Mientras la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tiene el registro de “128 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensoras y defensores mexicanos”, durante el periodo 2006-2009, Amnistía Internacional documenta 15 casos de amenazas y ataques de 2007 a 2009, y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos-Organización Mundial Contra la Tortura (FIDH-OMCT) lleva la contabilidad de 45 agresiones de 2008 a 2009.
Protection Desk México, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo también se han dado a la tarea de llevar el conteo. Sus cifras son las más elevadas: 326 casos de 2008 a lo que va de 2011. De éstos, 22 son ejecuciones, 17 detenidos-desaparecidos y 288 “judicializaciones”.
La Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene contabilizados 68 casos, entre los que se han reportado amenazas, homicidios, hostigamientos, declaraciones de desprestigio, uso arbitrario del sistema penal, tentativa de homicidio, robo, lesión y allanamiento.
Lo cierto es que no se lleva a cabo un reporte global de las agresiones, lo que complica ver claramente el panorama de los que han sido afectados, comenta Gabriel Soto, uno de los participantes en la elaboración del diagnóstico e integrante de la CDHDF.
“Hay poca voluntad de las autoridades de proteger a los defensores, porque son ellos quienes señalan sus errores, ponen el dedo en el renglón e indican [las] arbitrariedades. La intención de no proteger [a los defensores] se manifiesta a través de no agrandar las estructuras ni aumentar [el] presupuesto [destinado a esta labor]”.
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