EL DERECHO A DECIDIR
Por: Guadalupe Cruz
MEXICO, D.F., 29 de septiembre (apro-cimac).- Más de 4 millones de mujeres en Latinoamérica y el Caribe abortan cada año y la mayoría lo hace en la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida y con temor de ser encarcelada, denunciaron decenas de redes y organizaciones de mujeres de la región, quienes emitieron la "Declaración Pública" con motivo del próximo 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en la región.
La interrupción clandestina del embarazo implica un grave daño a su salud física y mental, y constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales, en especial el derecho a la vida, salud, autodeterminación, igualdad, a estar libres de torturas y daños, a la libertad de pensamiento, religión y al control de su propia fecundidad.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) firmantes afirman que no habrá democracia ni desarrollo humano sostenible en nuestras sociedades mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por esta causa y sean objeto de condenas y castigos, lo que convierte al aborto inseguro en un grave problema de justicia social.
De acuerdo con las OSC, los responsables de las muertes son los Estados que no garantizan a las mujeres una maternidad voluntaria, ni respetan sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la libertad de opción..
Además, las iglesias que intervienen y atentan contra el Estado laico, así como los legisladores que se niegan a despenalizar y siquiera a debatir el tema; los proveedores de servicios que denuncian y maltratan a mujeres hospitalizadas por abortos inseguros, de igual forma, los jueces que las procesan y condenan y la sociedad que calla y permite.
A las latinoamericanas y caribeñas se les impone la maternidad como destino único e irrenunciable, sin reconocerles autonomía de decisión sobre sus vidas y sus cuerpos soberanos, aseveran.
Con ello, se niegan a entender que, detrás de un aborto inducido, hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, pobreza, abandono, enfermedades de la mujer o gestaciones de fetos con graves malformaciones, entre otros motivos, refieren las OSC de mujeres.
Ante este panorama, las decenas de organizaciones de la región reclaman el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.
Al poner fin al aborto clandestino, acabará también el drama de las muertes maternas por esta causa y se resguardará la salud y vida de las mujeres, al igual que el bienestar de sus familias.
La maternidad no debe imponerse ni por leyes ni por doctrinas religiosas. "Las mujeres somos sujetas de derechos con plena capacidad moral para tomar las decisiones favorables de acuerdo con nuestras realidades y proyectos de vida, incluyendo la decisión de interrumpir un embarazo o ser madres", señalan.
Exigen que los Estados latinoamericanos y del Caribe respeten la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y se les brinde la información y medios necesarios para ejercerla sin riesgos.
"Esto debe abarcar: acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo anticoncepción de emergencia; educación sexual laica y humanista; acceso a abortos seguros, legales y con alta calidad de la atención; condiciones sociales y estructurales adecuadas para vivir una maternidad voluntaria, protegida y gozosa, si optamos por ella", indican.
Sólo de este modo, advierten, serán respetados los derechos humanos de las mujeres, establecidos en las Conferencias de El Cairo y Beijing, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En la región, los avances más recientes son el Distrito Federal, en México, donde, con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo hasta el primer trimestre, y en 2006 la Corte Constitucional de Colombia liberalizó la legislación al permitir el aborto por riesgo a la salud y vida de la mujer, en casos de violación y por graves malformaciones fetales.
EL ABORTO, DERECHO IRRENUNCIABLE EN EL DF
Por: Lourdes Godinés
MEXICO, D.F., 29 de septiembre (apro-cimac).- Con la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México en 2007, un derecho alcanzado a través de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, el Gobierno local dio cumplimiento a los compromisos firmados hace 14 años en las conferencias internacionales de El Cairo y Beijing.
Dio inicio también al registro de la práctica del aborto en el país, de la que no existen estadísticas a nivel federal, pues en 31 entidades federativas sigue siendo ilegal, excepto bajo algunas causales, por lo que prevalece su clandestinidad.
La ILE, que pasó por una demanda de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), desestimada el pasado 28 de agosto por la SCJN, se convirtió en avance para los acuerdos firmados por México en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo o El Cairo (CIPD).
Además, la ILE en el DF constituye el tercer caso en Latinoamérica en que se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Cuba y Puerto Rico son los otros dos países donde también existe ese derecho.
La interrupción del embarazo fue uno de los puntos discutidos en las conferencias internacionales de El Cairo y Beijing, donde por primera vez se reconocieron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y jóvenes y se acordó evitar los embarazos no deseados y el aborto en malas condiciones.
Otro de los compromisos fue reducir de forma significativa la morbi-mortalidad derivadas del aborto practicado en condiciones inadecuadas, reducir su práctica y mejorar los servicios de planificación familiar, así como garantizar a las mujeres acceso a servicios de calidad para el manejo de complicaciones por aborto, servicios de consejería, educación y planificación familiar post-aborto.
Datos de la Secretaría de Salud capitalina indican que, hasta agosto de 2008, 12 mil 262 mujeres se han realizado una ILE, se ha cubierto el 100 por ciento de consejería y más del 60 por ciento de las mujeres ya usa un método anticonceptivo para prevenir embarazos no deseados.
No obstante, también registró e informó de la muerte de una menor de edad en febrero de este año en el Hospital Balbuena, luego de presentar complicaciones tras la realización de una ILE.
Informó que se trató de una negligencia médica, ya que se omitió, entre otros estudios, el ultrasonido para determinar la edad gestacional además de que la menor de edad presentaba problemas previos de salud.
El médico fue suspendido y la Comisión de Derechos Humanos del DF hizo una recomendación el fin de semana pasado por esa causa y por deficiencias en la atención de la ILE, principalmente dilación en los servicios de salud.
En el documento, enviado a la Secretaría de Salud del GDF, el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, recomendó además de la reparación del daño a los familiares de la menor de edad que murió, fortalecer la consejería e información a las usuarias, así como llevar a cabo los procedimientos para la práctica de la ILE respecto de los lineamientos y normatividad emitida por la dependencia.
También, elaborar un paquete informativo sobre todo lo que implica el procedimiento y los servicios que ofrece la SS; garantizar que en los hospitales exista personal médico suficiente para atender la demanda de mujeres que soliciten una ILE y la elaboración de un sistema para evaluar este programa.
La SS contará con un plazo de 15 días hábiles a partir del pasado 21 de septiembre, para admitir o no esta recomendación.
De todas las legislaciones del mundo respecto del aborto, las más restrictivas son las latinoamericanas, que en su mayoría lo penalizan, incluso por violación y por cuestiones terapéuticas.
En Guatemala, Belice, Costa Rica, Panamá, Haití, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina el aborto está prohibido excepto cuando peligra la vida o salud de la mujer.
Guatemala y Colombia no penalizan su práctica cuando también es producto de una violación, y en Belice cuando es por razones socioeconómicas.
En Venezuela, Paraguay y Uruguay se contempla la no penalización del aborto por "cuestiones de honor", mientras que en El Salvador, Honduras y Nicaragua no se permite bajo ninguna circunstancia.
Los países que permiten la ILE por cualquier motivo antes de las 12 semanas de gestación, son Cuba, Puerto Rico y, recientemente, la Ciudad de México.
Estudios realizados este año sobre anticoncepción en Latinoamérica por el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) e IPAS, especialistas en derechos sexuales y reproductivos, destacan que, pese a contar con información y acceso a métodos anticonceptivos, el 32 por ciento de las mujeres latinoamericanas de 13 a 45 años no usa ninguno. Y el 62 por ciento de 15 a 19 años tampoco, mientras que el 42 por ciento no mantiene adherencia al tratamiento.
Además, el 66 por ciento de los embarazos ocurre en mujeres que no utilizan ningún método, por lo que señala que, a mayor utilización de éstos, menor el número de abortos practicados en condiciones clandestinas.
IPAS revela que el índice de abortos clandestinos practicados en la región es más alto que en cualquier otra parte del mundo, pues el 95 por ciento de éstos son ilegales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Alan Guttmacher y la organización civil Family Care Internacional, estiman que el aborto inducido en forma clandestina y condiciones inseguras es la causa de una de cada tres muertes maternas en AL y el Caribe y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.
Los servicios de aborto seguro, indican los organismos, podrían prevenir entre el 20 y el 25 por ciento del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en desarrollo.
http://www.mujereshoy.com/secc_n/portada.php
Por: Erika Ramírez
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