Medios de comunicación: Costos de una ley ausente

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 7 de abril.- Profesores, estudiantes de comunicación y la comunidad periodística no son ajenos a la Fundación Manuel Buendía (FMB), creada en 1984 con el concurso de Dolores Ávalos viuda de Buendía, Francisco Martínez de la Vega, Miguel Ángel Sánchez de Armas, Miguel Ángel Granados Chapa, Alejandro Gómez Arias, Alfonso Zárate Flores y José Luis Becerra López. Uno de sus aportes más significativos ha sido la ya clásica Revista Mexicana de Comunicación, nacida en 1988 con la intención de vincular la teoría con la práctica del ejercicio periodístico, dirigida en sus inicios por Sánchez de Armas y a partir de 1992 por Omar Raúl Martínez. Hoy, sin embargo, la Fundación corre el riesgo de cerrar sus puertas. Es una víctima más del ejercicio discrecional del erario y de la ausencia de normas jurídicas que regulen con criterios puntuales cómo debe gastarse el dinero público en los medios. Se trata, por supuesto, de una práctica recurrente en el país desde el siglo pasado. Ahora, empero, con el gobierno de Felipe Calderón, las expresiones de la ausencia de juicio han llegado a extremos lamentables. Veamos por qué.

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