- Se pide a IFE y TEPJF, no ser omisos y cumplir su responsabilidad
Viernes 13 de julio de 2012, p. 7
El Movimiento Progresista demandó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Federal Electoral (IFE) que no sean omisos en su responsabilidad, que invaliden la elección presidencial y cumplan con los principios del artículo 41 de la Constitución relativos a certeza, legalidad, independencia, equidad e imparcialidad en los comicios.
Ricardo Monreal y Jaime Cárdenas, integrantes del equipo legal de Andrés Manuel López Obrador, consideraron que el ciudadano ya despertó y lucha por una verdadera democracia. Tal fenómeno se enmarca en el juicio de inconformidad, al convertirse en un juicio ciudadano donde se presentarán cientos de pruebas que demuestren los agravios. Asimismo, llamaron al pueblo de México a sumarse firmando la solicitud de invalidez a través de páginas de Internet o en actas físicas.
Hoy, dijo Monreal, por primera vez en una elección presidencial será aplicada la reforma constitucional aprobada en 2008, para castigar el probable gasto de 4 mil 599 millones de pesos que habría erogado el PRI. De comprobarse ese gasto, ello sería suficiente para invalidar los comicios y convocar a su reposición por haberse violado el principio de elecciones libres y auténticas.
La legislación tiene por propósito no permitir financiamiento privado preponderante en las campañas, ni triangulación financiera, lavado de dinero o uso de recursos ilícitos para financiamiento, así como no aceptar la compra del voto, que poderes fácticos o medios de comunicación determinen al ganador y se conviertan en grandes electores; tampoco permitir la manipulación o intromisión ilegal de funcionarios públicos en el proceso, ni gastos disfrazados o encubiertos.
El dinero que se habría destinado a respaldar la candidatura de Enrique Peña Nieto, insistió Monreal Ávila, se obtuvo de los presupuestos de los gobiernos estatales, del lavado de dinero, de estructuras paralelas de financiamiento o de endeudamiento de las administraciones estatales.
Jaime Cárdenas Gracia refirió que es el deseo y la exigencia del Movimiento Progresista que el tribunal electoral limpie la elección y repare la violación de los principios constitucionales. Ese organismo tiene la obligación suprema de garantizar que no se viole la Constitución; debe invalidar la elección y reparar el daño.
Los agravios son: inequidad en el trato de los medios debido a la adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión; rebase del tope de gastos de campaña; financiamiento encubierto; encuestas usadas como instrumento de propaganda e inducción del voto, así como actos de presión y coacción al sufragio antes y durante la jornada electoral; intervención ilegal de autoridades ajenas al proceso, además de negligencia de la autoridad en el cumplimiento de su responsabilidad legal.
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