- Senadores consideran la rúbrica un
acto cobarde
y con fines políticos - El Ejecutivo desoye recomendaciones de legisladores
- El acuerdo debe ser ratificado por el Senado
InternetFoto Alfredo Domínguez
Andrea Becerril y Myriam Navarro
Viernes 13 de julio de 2012, p. 17
La decisión del presidente Felipe Calderón de suscribir de forma repentina el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), pasa por encima del Senado, que de forma oficial le recomendó no signar ese tratado, porque viola garantías incluidas en la Constitución para los mexicanos, advirtieron legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
Asimismo, reiteraron que el Senado debe mantenerse en su postura y no ratificar ese acuerdo, que limita la universalidad del acceso a Internet, puede ahondar la brecha digital
en el país y abre la posibilidad de intromisiones en la privacidad de los usuarios.
Lamento que las conclusiones del grupo plural del Senado hayan sido desoídas
, escribió el coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones, en su cuenta de Twitter.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Francisco Javier Castellón Fonseca, coincidió en que es una falta de respeto
al Poder Legislativo la firma del ACTA, ya que anteriormente los senadores se habían manifestado de manera unánime por no rubricar este instrumento internacional, que atenta contra la libertad de los usuarios de Internet.
Por separado, el senador del PRD Carlos Sotelo dijo en entrevista que Calderón actuó como operador de grupos de interés, particularmente de los monopolios de Estados Unidos, que intentan limitar el acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación a amplios sectores de las sociedades en México y el mundo
.
El perredista consideró que el mandatario actuó con cobardía y cálculo electoral
al firmar el acuerdo después de la elección del primero de julio, desoyendo el exhorto que formuló el Senado en septiembre del año pasado para que no lo hiciera.
El priísta Eloy Cantú, presidente del grupo plural, encargado de analizar la conveniencia de suscribir el ACTA, explicó que desde un principio hubo problemas, ya que Calderón no informó al Senado que había iniciado la negociación para firmar ese acuerdo comercial.
Debido a ello, dijo, el grupo escuchó a prestadores y usuarios de servicios de Internet, a autores intelectuales, creadores y abogados expertos en el tema, y determinó que México no debe firmar ese convenio.
Las conclusiones, cuyos argumentos son similares a los que expresó la Unión Europea para rechazarlo recientemente, fueron aprobadas por el pleno senatorial y remitidas al Ejecutivo el 11 de septiembre de 2011.
Cantú lamentó que Calderón haya desestimado las recomendaciones del Senado, y aseveró que a su juicio será la nueva legislatura la responsable de analizar la ratificación del ACTA. Al respecto, Sotelo dijo que alertarán sobre esa inadmisible
decisión y confiamos en que el Senado honrará su palabra, su acuerdo y su trabajo
.
A través de un comunicado, Francisco Javier Castellón consideró que el gobierno mexicano aplicó la célebre frase ni los veo ni los oigo
, pues durante un largo periodo de la actual legislatura el Senado hizo un profundo análisis del contenido de ACTA y sencillamente el gobierno federal ignoró el debate y ahora dice que firma el tratado para llamar a una discusión
.
El senador perredista estimó que las autoridades debieron haber contraído algún compromiso internacional
para suscribir el ACTA, instrumento que podría ser utilizado como moneda de cambio con el nuevo Congreso. Para el gobierno federal, traer ya firmado dicho acuerdo implica evidentemente tener una baraja en las manos para poder negociarla
en la siguiente legislatura, apuntó.
De igual forma, Castellón adelantó que en la próxima sesión de la Comisión Permanente presentará un punto de acuerdo para que se ratifique el exhorto emitido el año pasado por el Poder Legislativo, y se dijo preocupado por la posibilidad de que a través del ACTA las procuradurías de justicia de los estados busquen intervenir en la red con la excusa de perseguir delitos en Internet.
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