Luna Ramos, presidente del Trife, cómplice de robo
La autora de las obras, en una conferencia de prensa que ofreció ayer en el Club de Periodistas de la ciudad de México, aseguró que después de ser amenazada por el vástago de Luna Ramos, habló con el titular del Tribepojufe para solicitarle su ayuda, pero el togado le respondió que no podía meterse en los asuntos de su muchacho.
“Si el magistrado Luna Ramos no puede resolver un caso que afecta a una ciudadana, cómo podrá resolver la calificación de la elección presidencial que afectará de una manera u otra a toda la nación?”, preguntó la artista, quien estuvo acompañada por el primer secretario de la embajada de Sudáfrica, Mazwandile Jipethu.
Antes de que el Instituto Federal Electoral enviara al Tribepojufe las impugnaciones presentadas contra el PRI y Enrique Peña Nieto por Andrés Manuel López Obrador y los partidos que impulsaron su candidatura, Alejandro Luna Ramos dijo públicamente que “nadie gana en la mesa lo que no ganó en las urnas”.
En cualquier país verdaderamente democrático esa declaración lo habría obligado a excusarse de intervenir en el juicio que determinará, tras el examen de las evidencias de lavado de dinero y compra de votos efectuada por el PRI, si el resultado de los comicios del pasado primero de julio debe anularse debido a graves violaciones no sólo a la ley electoral sino al Código Penal Federal.
Indiferente a las críticas que desató su postura –notoriamente favorable al PRI y a Peña Nieto--, Luna Ramos sigue al frente del Tribepojufe, mientras su colega, la también magistrada María del Carmen Alanís, ni siquiera ha intentado disculparse por haber dicho que está “hasta el gorro de las impugnaciones de López Obrador”.
Ahora, luego de la queja expuesta por la pintora sudafricana a quien Jorge Belisario Luna Fandiño –el que no sólo es hijo del presidente del Tribepojufe sino además sobrino de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos--, el magistrado Luna Ramos podría ser tachado de cómplice de robo, y peor aún, incluso de prevaricación, pues siendo un representante de la ley guardó silencio ante el delito cometido presuntamente por su heredero.
¿Esta clase de finísimas personas tiene en sus manos el destino de nuestro país? ¿Es necesario insistir en que una reforma penal debe establecer contra ellas castigos corporales tan severos como la pena de muerte? Ante los estragos de la crisis económica que padeció Noruega, a causa de la complicidad entre banqueros ladrones y jueces corruptos, el parlamento de aquel país decidió implantar la pena máxima para acabar con la impunidad de las autoridades relacionadas con los criminales.
Actualmente, los más altos funcionarios de Noruega se esfuerzan mucho más para actuar con rectitud, pues temen que si abusan de su poder la policía los encarcele y la justicia ordene que pierdan la vida. Muy por lo contrario, a los delincuentes que roban y asesinan se les confina en prisión durante largas condenas pero no se les ejecuta.
Durante la pasada campaña electoral, el Partido Verde Ecologista de México propuso a sus votantes la aprobación de la pena de muerte para los secuestradores, pero nada dijo acerca de castigar, ni mucho menos, a sus propios dirigentes y candidatos, que en complicidad con el PRI y gobernadores del partido de Peña Nieto lavaron dinero del crimen organizado para robarse la Presidencia de la República.
Es tan grande, tan extendida, tan profunda e inaceptable la corrupción que hay entre los representantes de los tres poderes –desde el titular del Ejecutivo hasta senadores y diputados, jueces, magistrados y ministros-- que el pueblo se pregunta cómo tendrá que hacerle para contar con autoridades respetables, honestas y decentes. ¿Sólo ante el peligro de sufrir la pena de muerte se comportarán mejor seres tan viles y deleznables como Leonardo Valdés Zurita y Alejandro Luna Ramos?
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