De acuerdo con un
informe del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos (Ifai), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra a los
usuarios de la zona fronteriza de Baja California tarifas hasta 770 por
ciento más altas que las que cobra por exportar energía eléctrica a
Estados Unidos. En tanto, una investigación de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC) señala que la electricidad enviada al norte de
la frontera
es la más subsidiada en el país, lo que representa un agravio para todos, lo cual
demuestra que las tarifas del horario pico no están basadas en una realidad de oferta y demanda, ni en la capacidad de producción real, y refuerzan la tesis de que se está sacrificando a nuestra región por acciones exclusivamente recaudatorias.
Los abusos de la CFE contra los consumidores mexicanos en la frontera
norte han dado lugar, desde hace muchos años, a movimientos de protesta
organizados por los usuarios, a fin de enfrentar cobros asfixiantes y
desmesurados. Tras el golpe de la administración calderonista contra Luz
y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), en octubre de 2009, incontables consumidores
domésticos, comerciales e industriales de la zona centro del país han
venido sufriendo atropellos similares con el argumento mendaz de que las
tarifas deben reflejar los
costos reales de producciónde la energía eléctrica a fin de no afectar las finanzas de la paraestatal.
Es difícil, sin embargo, conciliar tal alegato con el hecho de que la
CFE compre energía generada por trasnacionales privadas a precios mucho
mayores que los que le implicaría producirla, que condone pagos a
grandes concentraciones empresariales, que cobre tan poco dinero por la
electricidad exportada, que invierta sumas tan evidentemente
desmesuradas en campañas de imagen, que el patrimonio de la disuelta LFC
haya sido manejado en forma tan opaca que resulta inevitable sospechar
de un pillaje a gran escala y que el costo de liquidación de esa empresa
haya resultado mucho más alto que el supuesto déficit de la entidad
liquidada.
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