Arnaldo Córdova
La derecha mexicana 
está exultante porque considera ya un hecho la aprobación definitiva de 
la reforma laboral de Calderón y Peña Nieto. Aprobada no sin incidentes 
en la Cámara de Diputados, ahora espera que se apruebe sin más en el 
Senado, donde el PRI goza de una mayoría aplastante y, junto con sus 
aliados, inclusive de una mayoría absoluta. Podría ser que no pasaran 
los enjuagues que se hicieron entre priístas y panistas en la Cámara 
baja en torno a la fiscalización de las finanzas de los sindicatos y a 
la adopción del voto secreto en las votaciones de las asambleas 
sindicales. Los panistas, en este punto, no son de fiar y pueden 
reproducir los mismos acuerdos vergonzantes de los que ahora se quejan y
 que antes hasta festinaron.
Lo que más sorprende de la actitud de la derecha es su persistencia 
en justificar lo injustificable, vale decir, que la reforma buscó en 
todo momento someter a los trabajadores a la más abyecta explotación y a
 su división hasta hacer desaparecer sus derechos colectivos. En un 
desplegado que se publicó el 29 de septiembre en todos los periódicos, 
el gobierno panista se defiende de las acusaciones en el sentido de que 
la iniciativa de reforma afecta la estabilidad en el empleo, impide que 
los trabajadores generen antigüedad en el mismo, afecta el derecho de 
huelga, limita el pago de salarios caídos, legaliza la subcontratación y
 violenta la vida interna de los sindicatos.
Su defensa se limita simplemente a negar que esas acusaciones sean 
ciertas, sin argumentar nada en contrario. La estabilidad en el empleo, 
dice el gobierno, no se toca si un empleado tiene trabajo: el asunto es 
en el nuevo régimen, con la terciarización (outsourcing), el 
pago por horas y otras minucias, queda claro que el trabajador jamás 
podrá sentirse seguro en su trabajo y menos si está sometido al régimen 
de capacitación. Se dice que es falso que el pago por horas vaya a 
significar el pago de 7 u 8 pesos por hora; la afirmación sólo se 
sostiene diciendo que se trata de una forma de pago que ya está prevista
 en la ley; y así por el estilo en los demás rubros.
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