MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reforma laboral cocinada entre el PAN y el PRI pretende ser una concesión de México a los países miembros del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) –al que se incorporó apenas en junio pasado–, aunque podría contravenir el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El laboral es uno de los temas más críticos en las discusiones del TPP, que ya suma 14 rondas. La más reciente se efectuó este mes en territorio estadunidense, y en ninguna ha participado México.
Patricia Juan, abogada del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), comenta a este semanario: “Desde el proceso de firma del TLCAN la idea era tener un mercado abierto de mano de obra barata. Se ha estado buscando que, a partir de que en México hay posibilidades de invertir, ahora la competencia es que fuera más barato”.
Explica: “Ahora que se busca mayor flexibilidad y hacer más sencilla la inversión (la reforma laboral) es la base para negociar el TPP. Para nosotros, competir y mantenernos en ese nivel es lo que se requería para tener esa flexibilidad y esa competitividad”.
El TPP se conformó en 2006 con cuatro socios: Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Luego se sumaron Estados Unidos, Perú, Vietnam, Malasia, Australia, y en junio último Canadá y México. Ahora, según la especialista, mientras China se encareció, México se está convirtiendo en un atractivo foco para la inversión.
En su informe enviado al Senado el lunes 17, la Secretaría de Economía menciona 22 mesas de trabajo dentro de las pláticas del TPP, una de las cuales incluye los rubros “comercio y trabajo”, pero elude el aspecto laboral.
Este aspecto se perfila como uno de los más complejos en las discusiones, según el reporte Las negociaciones de la Alianza Trans-Pacífica y temas para el Congreso, coordinado por Ian F. Fergusson, especialista en comercio internacional y finanzas, y en el que colaboraron William H. Cooper, experto en comercio internacional y finanzas; Remy Jurenas, especialista en políticas agrícolas, y Brock R. Williams, analista en comercio internacional y finanzas.
Difundido recientemente por el Servicio de Investigación Legislativa de la Cámara Baja de Estados Unidos, el reporte apunta: “A los simpatizantes de derechos laborales fuertes –como los sindicatos y algunas ONG– les preocupa un posible fracaso en el respeto y promoción de esos derechos, incluyendo la negociación colectiva, que podría llevar a la imposición de bajos salarios y pobres condiciones en desventaja competitiva en la medida en que compitan contra prácticas laborales de costos y estándares bajos”.
Según el marco negociador del TPP de noviembre de 2011, este acuerdo tendrá un capítulo laboral separado. El convenio original –conocido como P-4, por sus firmantes originales– no aborda específicamente los derechos laborales.
Sin embargo, el reporte estadunidense critica ese convenio por “su lenguaje ambiguo”, sobre todo porque, apunta, “el capítulo ‘incluiría compromisos de protección de los derechos laborales y mecanismos para garantizar la cooperación, la coordinación y el diálogo sobre temas laborales de preocupación mutua’”.
El TLCAN, vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, incluyó un capítulo laboral fuera del cuerpo del acuerdo, en el que se pide a las partes aplicar sus propios estándares laborales. Las estipulaciones son cumplidas mediante un procedimiento especial de solución de disputas.
Mientras, el Tratado de Libre Comercio entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), en vigor desde 2006, contiene una figura similar, pues sus provisiones son ejecutables bajo el mecanismo de solución de disputas y las violaciones son sujetas a potenciales sanciones comerciales.
Nuevos principios laborales fueron incluidos en los TLC entre Estados Unidos y Perú (2009), Panamá (a partir del próximo mes), Corea del Sur (desde marzo pasado) y Colombia (desde mayo último), de modo que se pidiera a las partes adoptar y mantener cinco derechos laborales internacionalmente aceptados que aparecen en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998:
La libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo obligatorio o forzado, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el trabajo. Estos lineamientos son aplicables bajo los procedimientos de solución de disputas de los TLC.
Basadas en el capítulo laboral del TLCAN, sindicatos y organizaciones gremiales han presentado 35 denuncias contra México ante el panel laboral de 1994 a la fecha, pero sólo han concluido en recomendaciones a la Secretaría del Trabajo.
Estándares mínimos
México se alista para participar por primera vez en la próxima ronda de negociaciones del TPP, programada para diciembre próximo.
“Ahora es necesario hacer más vendible, más domesticable y más controlable la mano de obra. La reforma (laboral) genera ese contexto”, enfatiza la abogada del FAT.
A su vez el reporte estadunidense coordinado por Cooper asienta: “El tema del tratamiento de los derechos citados en el TPP ha provocado un debate entre sus socios y los actores estadunidenses”.
En diciembre de 2011, periódicos de Estados Unidos informaron que el gobierno de ese país entregó una propuesta al respecto a los otros países, que presuntamente se ceñía a los principios de la OIT.
De acuerdo con esas versiones –que la administración de Barack Obama aún no admite de manera pública– se intenta que las naciones tengan leyes laborales relacionadas con requerimientos de salario mínimo, horario de trabajo, seguridad y salud ocupacional. Asimismo, sus socios deberían tomar medidas para reducir el comercio en productos hechos con trabajo forzado o infantil y aplicar leyes laborales en las zonas de procesamiento para la exportación o de libre comercio.
El documento de Cooper, divulgado por el Servicio de Investigación Legislativa estadunidense y que recoge la información periodística, indica: “Los derechos de los trabajadores podrían ser controversiales entre los socios del TPP. Vietnam y Brunei, por ejemplo, habrían expresado su rechazo a provisiones laborales sujetas a procedimientos de solución de disputas vinculantes”.
A ello se debe también que los opositores a la reforma laboral calderonista hayan llevado su reclamo a Washington y a otras instancias internacionales.
“En la medida en que tengamos reformas laborales que restrinjan la asociación y la negociación colectiva, se rompe la posibilidad de mejores condiciones de trabajo. En la medida en que eso ocurra, en Estados Unidos van a perder empleos, porque las empresas se van a instalar en México, y va a haber migración”, sostiene la abogada Patricia Juan.
Por esa misma razón, el viernes 21 los congresistas demócratas Jan Schakowsky, James McGovern, Rosa DeLauro, Michael Michaud, Raúl Grijalva, Sam Farr, John Tierney, Linda Sánchez, Michael Doyle y John Conyers enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la cual le piden que inste al gobierno mexicano a proteger los derechos de los trabajadores, incluyendo el de organización:
“Le escribimos para expresar nuestra gran preocupación respecto al voto que está pendiente en el Congreso mexicano, el cual retrasaría las protecciones a los derechos laborales y haría todavía más difícil que los trabajadores puedan formar sindicatos independientes.
“En vez de abordar las debilidades de la ley laboral mexicana existentes, la legislación propuesta debilitaría aún más la situación de los trabajadores. La propuesta ampliaría el sistema de contratos de protección firmados entre los empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores, crearía impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitaría las protecciones laborales, promovería el trabajo precario y violaría la autonomía sindical.”
Debido al estado alicaído de la economía estadunidense, el empleo es uno de los temas centrales de la campaña presidencial que culmina en noviembre próximo y en la cual Obama busca la relección frente al republicano Mitt Romney.
Para los demócratas, los cambios a la legislación ampliarían el sistema de contratos de protección, crearían impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitarían las protecciones laborales y promoverían el trabajo precario, además de quebrantar la autonomía sindical.
La carta de los legisladores estadunidenses recuerda que “el intento por debilitar las protecciones a los derechos laborales en México ocurre justo cuando el gobierno mexicano está por unirse oficialmente a las negociaciones” del TPP y sugiere al gobierno de Estados Unidos “dejar claro que no es aceptable debilitar la ley laboral justo antes de unirse a las negociaciones del acuerdo”.
En tanto, los opositores a la reforma laboral calderonista preparan una ofensiva internacional para denunciar lo que consideran violaciones a la reforma constitucional en derechos humanos, a las convenciones 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva de la OIT y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente desde 1976.
Uno de sus propósitos es que una misión de la OIT visite México para constatar el impacto que tendrá la reforma impulsada por el PRI y el PAN. El Consejo de Administración de la OIT analizará la situación laboral de naciones como México en su sesión de noviembre próximo en Ginebra.
Los opositores a la reforma laboral pretenden presentar el caso actual ante el Comité DESC, conformado por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional: “También queremos incidir para que la relatora especial de la ONU sobre la Pobreza (la chilena Magdalena Sepúlveda Carmona) asuma el asunto del trabajo, pues a trabajo precario, ingreso precario”, sostiene la abogada Patricia Juan.
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