Por: Erika Ramírez(30/11/2011)
(Revista Contralínea)
El Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales, municipales y ministeriales aplican y promueven los mecanismos de tortura para obtener información y confesiones de sus detenidos. Por estos hechos, sólo se han registrado dos sentencias en contra de agentes del Estado, sin que existan detalles al respecto, afirman organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas.
Una colcha mojada recargada en su hombro. Hombres vestidos de negro y encapuchados enfilados frente a él. Armas largas apuntaban a su rostro, genitales, brazos y piernas. Burlas, gritos y amenazas de los funcionarios adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR).
Un cubículo de tres por cuatro metros cuadraros, aproximadamente, era el escenario que le prepararon sus verdugos. “Ya sabemos lo que hiciste, ahora sí te va a cargar la chingada”, advertían. Ramsés Villarreal Gómez, parado frente a ellos, inmóvil de miedo y angustia. No sabía de qué le estaban hablando. Ni por qué lo habían llevado a ese lugar. Luego se enteró de que eran las instalaciones de la PGR, en la delegación Azcapotzalco.
Era el 30 de septiembre de 2009. El joven universitario se dirigía a las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Viajaba en transporte público, de donde fue bajado a empujones por cuatro hombres vestidos de negro y llevado a una camioneta del mismo color (Contralínea 157).
Dentro del vehículo oficial, dos playeras (la propia de color clara y una oscura) cubrieron la totalidad de su rostro. Con la cabeza casi puesta sobre las rodillas y el peso de dos de los hombres sobre él escuchaba: “Te va a ir muy mal. Te vamos a matar, a torturar, a desaparecer”. Relata que fue hora y media de amenazas y trayecto.
Llegó con sus captores a una bodega donde lo tuvieron resguardado. Ignoraba cuál era su paradero, pensó que se trataba de un secuestro. “Ahí llegaron unos 10 policías, acompañados de personas de traje sastre. Fue ahí donde me dijeron: ?Estás aquí porque pusiste unos bombazos’”.
Los días 1, 8, 14, 16 y 22 de septiembre de 2009, el Distrito Federal fue escenario de varias explosiones en cajeros automáticos y tiendas comerciales. Por éstos, la PGR inició entre otras la averiguación previa PGR/DF/SPE-XII/4126/-09-09. Los delitos que se “investigaban”: daño en propiedad, violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y Terrorismo.
El último viernes de octubre de 2009, Villarreal Gómez fue aprehendido por agentes de la PGR, acusado de haber colocado los artefactos en las sucursales bancarias y tiendas departamentales.
Reportaje completo...
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