viernes, 29 de mayo de 2009

¿A quién creerle?

Javier Solórzano
Vitral

Sería lamentable e imperdonable que el gobierno estuviera utilizando a Michoacán y Morelos como factor para influir en las elecciones. Los operativos de estos días confirman que la narcopolítica está entre nosotros. Bajo la doble moral, muy típica de los políticos, recordemos que hace no mucho tiempo el director del Cisen dijo que no sería extraño que hubiera dinero del narco en las campañas políticas, lo que provocó una reacción desbocada, la cual vista a la distancia sólo puede entenderse como parte de las hipocresías en las que vivimos.

No puede haber contemplaciones en casos como el de Michoacán. La clave está en cómo se hace y en si tienen amarrado el asunto. Si el gobierno supone que los “testigos protegidos” le van a resolver sus problemas, seguirá por la ruta de la incertidumbre que a lo mejor no les disgusta. Hemos visto tantas “certezas” —vendidas como logro, pero que terminan en el hoyo o en el olvido— que es mejor la prudencia. Este día sabremos de qué tamaño es todo cuando se defina la situación legal de los 29.

Sorprende la rudeza en Michoacán y la discrecionalidad en Morelos. Al gobernador panista le avisan o le mandan avisar, en tanto que al perredista no lo reciben en Los Pinos. Aunque la PGR finja demencia —hoy tan de moda, como ejemplificó De la Madrid—, es evidente que se actuó de manera diferenciada. La PGR está convertida en gran juez de casi todos los asuntos antes de que lleguen a tribunales. Tiene una desigual presencia en la sociedad.
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