Los casos de Rafael Juanito Acosta, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos son pruebas de que los poderes fácticos no respetan la ley y sólo buscan el poder público para su beneficio privado. Para ellos lo primordial es llegar al poder “haiga sido como haiga sido”, pues saben que quienes dirigen las instituciones electorales eventualmente se someterán al poder e influencia de los violadores de la ley. Así ocurrió en las elecciones federales de 2006 y 2009, cuando la evidente y sistemática burla a las más básicas normas electorales fue dispensada, o castigada con multas menores, por las autoridades electorales.
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