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En el informe concluyen que “la población de San Antonio Ebulá se encuentra en estado de desplazamiento interno forzado por violencia, resultado de un acto ilegal encabezado por los empresarios Eduardo Escalante Escalante y Carlos Escalante Castillo, quienes con total impunidad, invadieron, robaron, destruyeron y cercaron el territorio donde hace 40 años se asentó el poblado de San Antonio Ebulá”.
“El Gobierno del Estado de la administración que concluyó el 15 de septiembre, es responsable de esta situación de desplazamiento y violaciones graves a derechos humanos en perjuicio del pueblo de San Antonio Ebulá”.
Las representantes de Indignación, Cristina Muñoz y Martha Capetillo, denunciaron que el secretario de Gobierno, Wílliam Roberto Sarmiento Urbina, condicionó la reunión con los ebuleños si acudían los defensores de los derechos humanos.
“Esta gente fue desplazada de su población y el Gobierno tiene la obligación de darles asistencia social, lo que hasta el momento no vemos. Esto sólo confirma que la violación de los derechos humanos va a continuar, para proteger a los verdaderos responsables”.
Lamentaron que “sea un grupo empresarial el que dirija las decisiones del Ejecutivo Estatal, y no existan condiciones de justicia que sancionen los graves delitos cometidos contra los ebuleños ni les permitan hacer efectivo su derecho a la restitución”.La comisión encabezada por el presidente del Comité Particular, Juan Villalobos, Gerardo Cahuich y Jorge Cocom, subió a dialogar con Sarmiento Urbina, con el objetivo de reiterar la postura de no aceptar las propuestas y reiterar que el plantón sólo terminará mediante la reubicación.