DISCURSO DEL PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, EN LA ASAMBLEA NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR, FRENTE A LA SEDE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Amigas, amigos:
Les pido a ustedes que primero tratemos el asunto para el cuál se convocó originalmente esta asamblea informativa y, posteriormente, nos ocupemos de definir nuestra postura de apoyo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Como lo hemos venido diciendo, la oligarquía, su gobierno y sus dos partidos, el PRI y el PAN, están decididos a seguir oprimiendo a la inmensa mayoría del pueblo aunque terminen de arruinar a México y de desgraciarnos a todos.
Es inaudito que frente a la crisis económica y de las finanzas públicas, esta funesta camarilla proponga como remedio aumentar los impuestos y los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica.
Pero no sólo eso, también pretenden utilizar los ahorros de los trabajadores con el pretexto de impulsar el crecimiento económico. Es decir, van sobre las Afores, quieren devorarse los fondos de pensiones de millones de mexicanos.
Y como lo han venido haciendo durante 26 años, desde que comenzaron a aplicar la llamada política económica neoliberal o de pillaje, vuelven a recurrir a las recetas de siempre, a la “estrategia” que, una y otra vez, ha fracasado. Vuelven a usar el mismo discurso mentiroso, a decir que no hay de otra, esa letanía que repiten en coro periodistas y conductores de radio y televisión vendidos o alquilados a la mafia del poder.
Por eso estamos aquí, para demostrar con argumentos que sí hay otro camino, que sí hay otra opción, otra forma de manejar la economía y los asuntos públicos del país. Venimos a desenmascarar de nueva cuenta a quienes han hecho del cinismo y de la infamia, su principal distintivo y su proceder mafioso.
Este día nos congregamos frente al Congreso para decirle al pueblo de México que sí existe otra alternativa ante la crisis de la economía y de las finanzas públicas.
Hemos señalado que si el déficit o el faltante en las finanzas del gobierno es de 360 mil millones de pesos, ese dinero se puede obtener suprimiendo el gasto extravagante destinado a los altos funcionarios públicos y con el cobro de impuestos, como lo establece la Constitución, a las 422 grandes corporaciones empresariales y financieras que gozan de privilegios fiscales y que prácticamente no contribuyen en nada a la hacienda pública.
Con estas dos medidas sencillas y posibles, se obtendrían 500 mil millones de pesos: 200 mil millones por la eliminación del gasto superfluo y 300 mil millones por la abolición de los privilegios fiscales de los supuestos grandes contribuyentes.
Con estos recursos se cubriría el déficit de las finanzas públicas y, además, sobrarían 140 mil millones de pesos para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, proteger el empleo, reactivar el campo y garantizar el derecho a la educación, la salud y el bienestar del pueblo.
Estas medidas, como se ha dado a conocer aquí, por integrantes de la comisión legislativa de nuestro movimiento, están plasmadas en dos proyectos de decreto que se presentarán el día de mañana, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Se trata de impulsar la aprobación de una ley de austeridad republicana que contempla reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos en un 50 por ciento; eliminar los bonos; las percepciones extraordinarias; la atención médica privada; la caja de ahorro especial de los altos funcionarios públicos; entre otras canonjías. También establece suprimir las pensiones millonarias de los ex presidentes de la República; la reducción en 80 por ciento del gasto de publicidad; el ahorro de 30 por ciento en servicios telefónicos, asesorías, computación, renta de inmuebles, combustible, fotocopiado, papelería, y de otros materiales y suministros; la prohibición para la compra de vehículos nuevos; la reducción en 50 por ciento del gasto en viajes nacionales e internacionales; la eliminación de la flotilla de aviones y helicópteros del Estado Mayor Presidencial y del sector público, con excepción de los que se utilicen para el traslado de enfermos, la protección civil y la seguridad pública. Es decir, los funcionarios tendrán que viajar por carretera o en aviones de línea comercial.
El segundo proyecto de decreto que presentaremos al Congreso, consiste en una reforma legal para abolir los privilegios fiscales de grandes empresarios y banqueros.
Esta propuesta contempla la derogación del régimen de consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos y en la adquisición de terrenos, el cobro de impuestos a las operaciones en la Bolsa de Valores, el pago de impuestos sobre dividendos; limita la reducción en el pago de impuestos por donaciones y campañas de redondeo. Además, modifica el llamado secreto fiscal para que el Congreso conozca cuánto pagan de impuestos los llamados grandes contribuyentes. También se propone suprimir la facultad discrecional de los funcionarios de la secretaría de Hacienda para condonar impuestos a grandes empresas y bancos.
Esta iniciativa busca restablecer la equidad fiscal; es decir, que haya progresividad en el pago de los impuestos, que pague más el que gana más. Se propone que las contribuciones sean proporcionales y equitativas, como lo establece el artículo 31 de la Constitución.
Es inadmisible que en 2008, las 422 corporaciones más acaudaladas del país, sólo pagaron de Impuesto sobre la Renta y de IETU, el 1.78 por ciento de todos los ingresos que obtuvieron, y todavía son beneficiados con devoluciones de impuestos.
En México, a la inmensa desigualdad social y económica, tenemos que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, los profesionistas, los pequeños y medianos empresarios y los comerciantes.
Los políticos y periodistas de prensa, radio y televisión al servicio de la oligarquía, hablan mucho de las ventajas de la globalidad, pero no quieren que se homologuen los sueldos de los altos funcionarios y el cobro de impuestos en nuestro país a los estándares internacionales. En ningún país desarrollado o de las llamadas economías emergentes, ocurre lo que en México, donde los altos funcionarios llegan a ganar hasta 600 mil pesos mensuales. Un ministro de la Corte gana el doble de lo que recibe el presidente Obama. Un magistrado electoral recibe más que sus homólogos del resto del mundo y los gobernadores de nuestro país obtienen ingresos superiores a los gobernadores de Estados Unidos y de todos los países europeos. Así mismo, en ninguna parte del mundo se presenta el caso de que un integrante de la clase media, un profesionista, un trabajador asalariado, en proporción a su ingreso, pague mil 500 por ciento más de impuestos que el más rico empresario o banquero del país, como sucede en México. Esto no sólo es injusto e ilegal, es una inmoralidad.
Las cúpulas de empresarios y banqueros cuestionan los supuestos privilegios laborales de los trabajadores, pero se niega a que se le cobren impuestos a las empresas en la misma proporción que a los trabajadores. Así mismo, proponen eliminar los subsidios a los servicios públicos, a los combustibles y a los programas de apoyo a los mexicanos más pobres del campo y la ciudad, pero lo que no dicen es que el gobierno otorga subsidios más grandes y onerosos a los más ricos, a las empresas y bancos con mayores ingresos. La verdad es que ellos son los hijos predilectos del régimen. No olvidemos que la oligarquía es el gobierno al servicio de unos pocos.
Es más, si tan sólo las grandes empresas y bancos pagaran sus deudas fiscales, que suman unos 460 mil millones de pesos, no habría necesidad de aumentar los impuestos ni los precios de bienes y servicios.
Por eso los diputados y senadores de nuestro Movimiento presentarán mañana, 13 de octubre, estos dos proyectos de ley en el pleno del Senado y de la Cámara de Diputados.
A partir de este momento, convocamos a la realización de un debate nacional sobre el daño que causa a la nación y al pueblo de México, mantener los privilegios de las élites del poder económico y el poder político en nuestro país. Vamos a invitar a participar en este debate público y de cara a la nación, a ciudadanos, trabajadores, empresarios, comerciantes, especialistas en la materia, a estudiantes y a intelectuales.
Ya es hora de acabar con fueros y privilegios que lesionan el interés nacional y debilitan las finanzas públicas. Si los políticos y traficantes de influencias quieren, como sostienen demagógicamente, solidarizarse con los más pobres, que actúen en consecuencia, que prediquen con el ejemplo, que sean los primeros en comportarse como buenos ciudadanos.
Ya basta de tanta injusticia: No aceptamos el aumento de impuestos, ni el alza de los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la electricidad. En consecuencia, nuestros legisladores van a actuar en el Congreso y nosotros los apoyaremos con la resistencia civil pacífica.
Tampoco vamos a permitir recortes a los presupuestos para educación, salud, campo, combate a la pobreza, a las universidades públicas, a la ciencia y tecnología.
Les propongo que para dar seguimiento al avance de nuestras dos propuestas, nos reunamos aquí mismo el próximo lunes 26 de octubre, a las 5 de la tarde.
Amigas y amigos:
La oligarquía en el poder quiere acabar con los derechos sociales para seguirse quedando con el patrimonio de todos los mexicanos. Quieren continuar por el mismo camino que nos ha llevado a la actual crisis económica, social, política, alimentaria, ambiental y de seguridad. Eso es lo que anunció hace unos días el inefable de Calderón con sus propuestas de reforma energética, laboral y de telecomunicaciones; es decir, ha comenzado una nueva embestida contra los intereses del pueblo y de la nación.
Un ejemplo de esta política antipopular y entreguista, es el golpe a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. De forma por demás arbitraria, están despidiendo a 42 mil trabajadores activos y dejando en la incertidumbre a 22 mil jubilados y a sus familias. Esta canallada es parte de la misma estrategia para avanzar en la privatización de la industria eléctrica nacional. Detrás de este asalto están los intereses de Carlos Salinas de Gortari, de Claudio X. González, José Córdoba Montoya y de otros más que, como buitres, pretenden desnacionalizar a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro.
En estos momentos críticos, la defensa del SME es la defensa de las conquistas sociales de nuestro pueblo; es defender los intereses de todos los trabajadores; de los campesinos; de los estudiantes, de los sectores más pobres del país. Porque hoy son los electricistas, pero si no frenamos a esta oligarquía irresponsable y prepotente, mañana sentarán en el banquillo a otras organizaciones sociales y sindicales, de derechos humanos y a cualquier disidencia.
Estamos viviendo en una atmósfera llena de autoritarismo, con dictadores encubiertos, de gente enferma de codicia, de auténticos opresores. Los medios de comunicación, con honrosas excepciones, están entregados por entero a la manipulación y a las campañas de desprestigio contra quienes no se venden ni doblegan. Por eso debemos llamar a la unidad a todas las fuerzas progresistas de nuestro país. Poniendo por delante los ideales, los principios y el interés del pueblo y de la Nación. También en estos tiempos es fundamental no caer en ninguna provocación, no hacerles el juego a los que no les asiste la razón y solo se apoyan en la fuerza bruta y en la violencia. El movimiento para rescatar a México ha sido, es y seguirá siendo pacífico.
Pongo a consideración de ustedes la siguiente propuesta: 1) que el movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional se exprese firme y decididamente a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. 2) Que con este propósito actuemos todos bajo la conducción de los dirigentes del SME y que participemos en todas las acciones de resistencia civil pacífica que ellos convoquen. 3) Que sin protagonismos de ninguna índole, participemos todos y llamemos a participar a los integrantes de nuestro movimiento en la marcha del próximo jueves del Ángel de la Independencia al Zócalo. 4) Les propongo que se forme una comisión de enlace con los dirigentes del SME, integrada por Claudia Sheinbaum, Bertha Luján y Jesús Martín del Campo. Y 5) que esta comisión, al mismo tiempo, inicie al interior de nuestro movimiento una campaña de acopio de víveres para apoyar la resistencia de los trabajadores y de sus familias.
Amigas y amigos:
Queremos que en México haya patria para todos, y para ello necesitamos derrotar a la oligarquía en el terreno político, de manera pacífica y hacer valer la democracia. Sólo con un gobierno del pueblo y para el pueblo, se distribuirán con justicia los frutos del trabajo y de las riquezas de México, y se garantizará el bienestar y la felicidad del pueblo.
Hoy está más claro que nunca que si no hay un cambio verdadero seguirá la decadencia y la renovación que se necesita no vendrá de los de arriba. De las cúpulas sólo saldrá todo aquello que perjudique a muchos y beneficie a pocos. Por eso tenemos que aplicarnos a fondo para seguir orientando, haciendo conciencia y organizando al pueblo para transformar la vida pública de México.
Recordemos que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación.
Como lo hemos venido diciendo, la oligarquía, su gobierno y sus dos partidos, el PRI y el PAN, están decididos a seguir oprimiendo a la inmensa mayoría del pueblo aunque terminen de arruinar a México y de desgraciarnos a todos.
Es inaudito que frente a la crisis económica y de las finanzas públicas, esta funesta camarilla proponga como remedio aumentar los impuestos y los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica.
Pero no sólo eso, también pretenden utilizar los ahorros de los trabajadores con el pretexto de impulsar el crecimiento económico. Es decir, van sobre las Afores, quieren devorarse los fondos de pensiones de millones de mexicanos.
Y como lo han venido haciendo durante 26 años, desde que comenzaron a aplicar la llamada política económica neoliberal o de pillaje, vuelven a recurrir a las recetas de siempre, a la “estrategia” que, una y otra vez, ha fracasado. Vuelven a usar el mismo discurso mentiroso, a decir que no hay de otra, esa letanía que repiten en coro periodistas y conductores de radio y televisión vendidos o alquilados a la mafia del poder.
Por eso estamos aquí, para demostrar con argumentos que sí hay otro camino, que sí hay otra opción, otra forma de manejar la economía y los asuntos públicos del país. Venimos a desenmascarar de nueva cuenta a quienes han hecho del cinismo y de la infamia, su principal distintivo y su proceder mafioso.
Este día nos congregamos frente al Congreso para decirle al pueblo de México que sí existe otra alternativa ante la crisis de la economía y de las finanzas públicas.
Hemos señalado que si el déficit o el faltante en las finanzas del gobierno es de 360 mil millones de pesos, ese dinero se puede obtener suprimiendo el gasto extravagante destinado a los altos funcionarios públicos y con el cobro de impuestos, como lo establece la Constitución, a las 422 grandes corporaciones empresariales y financieras que gozan de privilegios fiscales y que prácticamente no contribuyen en nada a la hacienda pública.
Con estas dos medidas sencillas y posibles, se obtendrían 500 mil millones de pesos: 200 mil millones por la eliminación del gasto superfluo y 300 mil millones por la abolición de los privilegios fiscales de los supuestos grandes contribuyentes.
Con estos recursos se cubriría el déficit de las finanzas públicas y, además, sobrarían 140 mil millones de pesos para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, proteger el empleo, reactivar el campo y garantizar el derecho a la educación, la salud y el bienestar del pueblo.
Estas medidas, como se ha dado a conocer aquí, por integrantes de la comisión legislativa de nuestro movimiento, están plasmadas en dos proyectos de decreto que se presentarán el día de mañana, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Se trata de impulsar la aprobación de una ley de austeridad republicana que contempla reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos en un 50 por ciento; eliminar los bonos; las percepciones extraordinarias; la atención médica privada; la caja de ahorro especial de los altos funcionarios públicos; entre otras canonjías. También establece suprimir las pensiones millonarias de los ex presidentes de la República; la reducción en 80 por ciento del gasto de publicidad; el ahorro de 30 por ciento en servicios telefónicos, asesorías, computación, renta de inmuebles, combustible, fotocopiado, papelería, y de otros materiales y suministros; la prohibición para la compra de vehículos nuevos; la reducción en 50 por ciento del gasto en viajes nacionales e internacionales; la eliminación de la flotilla de aviones y helicópteros del Estado Mayor Presidencial y del sector público, con excepción de los que se utilicen para el traslado de enfermos, la protección civil y la seguridad pública. Es decir, los funcionarios tendrán que viajar por carretera o en aviones de línea comercial.
El segundo proyecto de decreto que presentaremos al Congreso, consiste en una reforma legal para abolir los privilegios fiscales de grandes empresarios y banqueros.
Esta propuesta contempla la derogación del régimen de consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos y en la adquisición de terrenos, el cobro de impuestos a las operaciones en la Bolsa de Valores, el pago de impuestos sobre dividendos; limita la reducción en el pago de impuestos por donaciones y campañas de redondeo. Además, modifica el llamado secreto fiscal para que el Congreso conozca cuánto pagan de impuestos los llamados grandes contribuyentes. También se propone suprimir la facultad discrecional de los funcionarios de la secretaría de Hacienda para condonar impuestos a grandes empresas y bancos.
Esta iniciativa busca restablecer la equidad fiscal; es decir, que haya progresividad en el pago de los impuestos, que pague más el que gana más. Se propone que las contribuciones sean proporcionales y equitativas, como lo establece el artículo 31 de la Constitución.
Es inadmisible que en 2008, las 422 corporaciones más acaudaladas del país, sólo pagaron de Impuesto sobre la Renta y de IETU, el 1.78 por ciento de todos los ingresos que obtuvieron, y todavía son beneficiados con devoluciones de impuestos.
En México, a la inmensa desigualdad social y económica, tenemos que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, los profesionistas, los pequeños y medianos empresarios y los comerciantes.
Los políticos y periodistas de prensa, radio y televisión al servicio de la oligarquía, hablan mucho de las ventajas de la globalidad, pero no quieren que se homologuen los sueldos de los altos funcionarios y el cobro de impuestos en nuestro país a los estándares internacionales. En ningún país desarrollado o de las llamadas economías emergentes, ocurre lo que en México, donde los altos funcionarios llegan a ganar hasta 600 mil pesos mensuales. Un ministro de la Corte gana el doble de lo que recibe el presidente Obama. Un magistrado electoral recibe más que sus homólogos del resto del mundo y los gobernadores de nuestro país obtienen ingresos superiores a los gobernadores de Estados Unidos y de todos los países europeos. Así mismo, en ninguna parte del mundo se presenta el caso de que un integrante de la clase media, un profesionista, un trabajador asalariado, en proporción a su ingreso, pague mil 500 por ciento más de impuestos que el más rico empresario o banquero del país, como sucede en México. Esto no sólo es injusto e ilegal, es una inmoralidad.
Las cúpulas de empresarios y banqueros cuestionan los supuestos privilegios laborales de los trabajadores, pero se niega a que se le cobren impuestos a las empresas en la misma proporción que a los trabajadores. Así mismo, proponen eliminar los subsidios a los servicios públicos, a los combustibles y a los programas de apoyo a los mexicanos más pobres del campo y la ciudad, pero lo que no dicen es que el gobierno otorga subsidios más grandes y onerosos a los más ricos, a las empresas y bancos con mayores ingresos. La verdad es que ellos son los hijos predilectos del régimen. No olvidemos que la oligarquía es el gobierno al servicio de unos pocos.
Es más, si tan sólo las grandes empresas y bancos pagaran sus deudas fiscales, que suman unos 460 mil millones de pesos, no habría necesidad de aumentar los impuestos ni los precios de bienes y servicios.
Por eso los diputados y senadores de nuestro Movimiento presentarán mañana, 13 de octubre, estos dos proyectos de ley en el pleno del Senado y de la Cámara de Diputados.
A partir de este momento, convocamos a la realización de un debate nacional sobre el daño que causa a la nación y al pueblo de México, mantener los privilegios de las élites del poder económico y el poder político en nuestro país. Vamos a invitar a participar en este debate público y de cara a la nación, a ciudadanos, trabajadores, empresarios, comerciantes, especialistas en la materia, a estudiantes y a intelectuales.
Ya es hora de acabar con fueros y privilegios que lesionan el interés nacional y debilitan las finanzas públicas. Si los políticos y traficantes de influencias quieren, como sostienen demagógicamente, solidarizarse con los más pobres, que actúen en consecuencia, que prediquen con el ejemplo, que sean los primeros en comportarse como buenos ciudadanos.
Ya basta de tanta injusticia: No aceptamos el aumento de impuestos, ni el alza de los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la electricidad. En consecuencia, nuestros legisladores van a actuar en el Congreso y nosotros los apoyaremos con la resistencia civil pacífica.
Tampoco vamos a permitir recortes a los presupuestos para educación, salud, campo, combate a la pobreza, a las universidades públicas, a la ciencia y tecnología.
Les propongo que para dar seguimiento al avance de nuestras dos propuestas, nos reunamos aquí mismo el próximo lunes 26 de octubre, a las 5 de la tarde.
Amigas y amigos:
La oligarquía en el poder quiere acabar con los derechos sociales para seguirse quedando con el patrimonio de todos los mexicanos. Quieren continuar por el mismo camino que nos ha llevado a la actual crisis económica, social, política, alimentaria, ambiental y de seguridad. Eso es lo que anunció hace unos días el inefable de Calderón con sus propuestas de reforma energética, laboral y de telecomunicaciones; es decir, ha comenzado una nueva embestida contra los intereses del pueblo y de la nación.
Un ejemplo de esta política antipopular y entreguista, es el golpe a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. De forma por demás arbitraria, están despidiendo a 42 mil trabajadores activos y dejando en la incertidumbre a 22 mil jubilados y a sus familias. Esta canallada es parte de la misma estrategia para avanzar en la privatización de la industria eléctrica nacional. Detrás de este asalto están los intereses de Carlos Salinas de Gortari, de Claudio X. González, José Córdoba Montoya y de otros más que, como buitres, pretenden desnacionalizar a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro.
En estos momentos críticos, la defensa del SME es la defensa de las conquistas sociales de nuestro pueblo; es defender los intereses de todos los trabajadores; de los campesinos; de los estudiantes, de los sectores más pobres del país. Porque hoy son los electricistas, pero si no frenamos a esta oligarquía irresponsable y prepotente, mañana sentarán en el banquillo a otras organizaciones sociales y sindicales, de derechos humanos y a cualquier disidencia.
Estamos viviendo en una atmósfera llena de autoritarismo, con dictadores encubiertos, de gente enferma de codicia, de auténticos opresores. Los medios de comunicación, con honrosas excepciones, están entregados por entero a la manipulación y a las campañas de desprestigio contra quienes no se venden ni doblegan. Por eso debemos llamar a la unidad a todas las fuerzas progresistas de nuestro país. Poniendo por delante los ideales, los principios y el interés del pueblo y de la Nación. También en estos tiempos es fundamental no caer en ninguna provocación, no hacerles el juego a los que no les asiste la razón y solo se apoyan en la fuerza bruta y en la violencia. El movimiento para rescatar a México ha sido, es y seguirá siendo pacífico.
Pongo a consideración de ustedes la siguiente propuesta: 1) que el movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional se exprese firme y decididamente a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. 2) Que con este propósito actuemos todos bajo la conducción de los dirigentes del SME y que participemos en todas las acciones de resistencia civil pacífica que ellos convoquen. 3) Que sin protagonismos de ninguna índole, participemos todos y llamemos a participar a los integrantes de nuestro movimiento en la marcha del próximo jueves del Ángel de la Independencia al Zócalo. 4) Les propongo que se forme una comisión de enlace con los dirigentes del SME, integrada por Claudia Sheinbaum, Bertha Luján y Jesús Martín del Campo. Y 5) que esta comisión, al mismo tiempo, inicie al interior de nuestro movimiento una campaña de acopio de víveres para apoyar la resistencia de los trabajadores y de sus familias.
Amigas y amigos:
Queremos que en México haya patria para todos, y para ello necesitamos derrotar a la oligarquía en el terreno político, de manera pacífica y hacer valer la democracia. Sólo con un gobierno del pueblo y para el pueblo, se distribuirán con justicia los frutos del trabajo y de las riquezas de México, y se garantizará el bienestar y la felicidad del pueblo.
Hoy está más claro que nunca que si no hay un cambio verdadero seguirá la decadencia y la renovación que se necesita no vendrá de los de arriba. De las cúpulas sólo saldrá todo aquello que perjudique a muchos y beneficie a pocos. Por eso tenemos que aplicarnos a fondo para seguir orientando, haciendo conciencia y organizando al pueblo para transformar la vida pública de México.
Recordemos que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación.
¡Arriba los de abajo!, ¡Abajo los Privilegios!
¡Vivan los trabajadores del SME!
¡Viva el pueblo organizado!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
Ciudad de México, 12 octubre de 2009
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