Si algo tiene que reconocerse a los industriosos gobiernos panistas, es su habilidad para aprender y asimilar rápidamente las ingeniosas lecciones de sus predecesores Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Ante la imposibilidad de rematar las pocas entidades propiedad de la nación que sus mentores priistas no alcanzaron a privatizar (Petróleos Mexicanos; la Comisión Federal de Electricidad; el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE; la Secretaría de Educación Pública, etcétera), los “innovadores” Vicente Fox y Felipe Calderón, solapados por los poderes Legislativo y Judicial, les depararon un mejor destino: las convirtieron en becerros de oro. Torcieron ilícitamente sus objetivos constitucionales, vaciaron el contenido que justifica su existencia en el desarrollo económico y sociopolítico de la nación y las convirtieron en sus cotos privados de pillaje, los cuales comparten espléndidamente con los grandes hombres de presa a través de los diversos tipos de contratos diseñados a su medida, de cuestionada legalidad. ¿Con sus respectivos y sacrosantos diezmos? En el engranaje de la corrupción, por ejemplo, Raúl, míster diezmo, hermano de Carlos Salinas de Gortari, fue acusado por el juez suizo Paul Perraudin de presuntos ilícitos, como el cobro de comisiones de 10 por ciento por contratos otorgados en obras y servicios estatales y el desvío de fondos públicos, que involucraron al propio Carlos Salinas y a empresarios, como Carlos Peralta, Adrián Sada González, Carlos Hank Rhon y Ricardo Salinas Pliego, entre otros, según el periodista Miguel Badillo (“Revela Suiza la red de complicidades de RSG [Raúl Salinas de Gortari]”, El Universal, 28 de julio de 2001).
Es obvio que Calderón no ha privatizado hasta la Presidencia por falta de ganas o porque sea respetuoso de la Constitución. Su problema radica en su esquizofrénico temperamento que ha obstaculizado la oportunidad de alcanzar los consensos necesarios con la mayoría legislativa –el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido Nueva Alianza–, como en su momento lo hicieron los gobiernos neoliberales priistas, y en que el vasallaje de los poderes Legislativo y Judicial ante el Ejecutivo ya no es absoluto como ocurrió hasta 1997, lo que a De la Madrid, Salinas y Zedillo les permitió privatizar y destruir alegremente a la nación (sin contratiempos, sin temor al estado de derecho, porque éste no existía ni existe actualmente). Los congresistas señalados no se volvieron súbitamente, por arte de magia, en escrupulosos respetuosos de lo que no existe. Simplemente han sido incapaces de comprar generosamente sus voluntades. Porque ellos han sido sus deferentes compinches en sus tropelías, e incluso solícitamente le ayudan a torcer la legalidad. ¿Quién ha legitimado la turbia privatización de las telecomunicaciones; la arbitraria desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que atropelló los derechos de sus trabajadores y los usuarios del servicio, el cual fue entregado al pillaje empresarial? ¿Quién formalizó los anticonstitucionales contratos de inversión financiada por el sector privado (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo) o la “asociación” entre el capital público y privado, el aprovechamiento de activos, las concesiones carreteras, la educación, la salud o el transporte? ¿Quién supervisa el contratismo, ensombrecido por la sospecha de la corrupción, los diezmos, la dilapidación y el saqueo del presupuesto, la pésima calidad de las obras realizadas?
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Es obvio que Calderón no ha privatizado hasta la Presidencia por falta de ganas o porque sea respetuoso de la Constitución. Su problema radica en su esquizofrénico temperamento que ha obstaculizado la oportunidad de alcanzar los consensos necesarios con la mayoría legislativa –el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido Nueva Alianza–, como en su momento lo hicieron los gobiernos neoliberales priistas, y en que el vasallaje de los poderes Legislativo y Judicial ante el Ejecutivo ya no es absoluto como ocurrió hasta 1997, lo que a De la Madrid, Salinas y Zedillo les permitió privatizar y destruir alegremente a la nación (sin contratiempos, sin temor al estado de derecho, porque éste no existía ni existe actualmente). Los congresistas señalados no se volvieron súbitamente, por arte de magia, en escrupulosos respetuosos de lo que no existe. Simplemente han sido incapaces de comprar generosamente sus voluntades. Porque ellos han sido sus deferentes compinches en sus tropelías, e incluso solícitamente le ayudan a torcer la legalidad. ¿Quién ha legitimado la turbia privatización de las telecomunicaciones; la arbitraria desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que atropelló los derechos de sus trabajadores y los usuarios del servicio, el cual fue entregado al pillaje empresarial? ¿Quién formalizó los anticonstitucionales contratos de inversión financiada por el sector privado (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo) o la “asociación” entre el capital público y privado, el aprovechamiento de activos, las concesiones carreteras, la educación, la salud o el transporte? ¿Quién supervisa el contratismo, ensombrecido por la sospecha de la corrupción, los diezmos, la dilapidación y el saqueo del presupuesto, la pésima calidad de las obras realizadas?
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