QUERÉTARO, Qro. (apro).- El procurador Arsenio Durán reconoció que se han iniciado en la entidad averiguaciones previas por trata de personas y que hay un número, que no precisó, de personas desaparecidas aunque, según él, esto “no representa una problemática importante”.
En declaraciones a la edición de El Universal de Querétaro, el funcionario habló en esos términos en alusión al reportaje que Proceso publica en la edición 1872 de esta semana, en que se abordan los casos de jóvenes desaparecidas, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 16 años, y que organizaciones civiles reportan como preocupantes.
El semanario destacó que de “dos años a la fecha, Querétaro se ha convertido en una especie de agujero negro para las adolescentes. El número de muchachas de entre 13 y 16 años que simplemente ‘desaparecen’ ha aumentado exponencialmente a partir de 2010.
“Y en lugar de investigar y atender el problema, las autoridades locales falsean las cifras, criminalizan a las víctimas y se escudan en una ley ambigua para justificar su inacción. Son las familias de las desaparecidas y organismos de derechos humanos los que se dan a la tarea de averiguar qué pasa… Todo apunta a la operación de una red de tratantes de mujeres”.
Pese a que el funcionario estatal no ha atendido una solicitud de Proceso para hablar al respecto, sí hizo declaraciones a otro medio, en las que rechazó que exista “una problemática” en materia de personas desaparecidas.
No obstante, Durán Becerra nuevamente evitó dar a conocer una cifra oficial en la materia, y sólo comentó que tendría que verificar “los diferentes casos y sucesos”, registrados principalmente a través de Locatel, de acuerdo con la nota publicada por El Universal.
Según el titular de la PGJE, desde 2009 la dependencia ha iniciado “algunas averiguaciones” por trata de personas, en las que “se han ejercido las acciones correspondientes”, pero insistió en negar que esto represente “una problemática”.
En el caso de la joven Celia Serrato –expuesto en el reportaje de Proceso–, su madre acudió a la Procuraduría para denunciar lo que podría ser un ilícito de trata de personas, pero la queja se tomó inicialmente a través de una constancia de hechos, una figura empleada por los agentes del Ministerio Público en la mayoría de los reportes sobre personas extraviadas en la entidad, por “presumirse que no hay delito de por medio”.
No obstante, el martes 11, después de que Proceso solicitó la información sobre el caso de la joven de 16 años desaparecida desde el 24 de agosto y pidió una declaración al respecto del procurador, el estatus del asunto pasó de una constancia de hechos a una averiguación previa.
Ese mismo día se ordenaron todo tipo de diligencias y se acordó girar oficios a procuradurías de otros estados.
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