La tercerización de servicios es una de las formas en las que el gobierno pasa el dinero público a empresas privadas; así como el outsourcing es utilizado muchas empresas para no dar prestaciones ni contratos a los empleados. Fuente: Impunemex.com / Proyecto Ambulante
por: @totuania
La actual Ley Federal del Trabajo lleva 42 años en funcionamiento y fue promulgada por Gustavo Díaz Ordaz en 1970. Fue elaborada en un momento histórico en el que los sindicatos tenían un gran peso en la organización del trabajo; el Estado era el rector de la economía y las relaciones laborales se contemplaban a largo plazo.
El 3 de septiembre pasado Felipe Calderón aprovechó la nueva facultad de iniciativa preferente que le otorgó la reforma política del 9 de agosto para enviar al congreso su propuesta de reforma laboral; mediante ésta, el legislativo está obligado a revisar y en su caso aprobar, en menos de 30 días naturales, esta iniciativa de ley.
De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuya titular es Rosalinda Vélez Juárez, la iniciativa de ley representa las siguientes mejoras en la legislación actual:
Acceso al mercado laboral: prevé nuevas modalidades de contratación a prueba y trabajo temporal, prohíbe la discriminación y considera el “tele-trabajo”.
Productividad y competitividad: contempla que sean las aptitudes del trabajador las que incidan en su ascenso y salario.
Justicia laboral: se profesionalizará a los servidores de la Junta de Conciliación y Arbitraje, agiliza los trámites en materia d seguridad social y limitará la duración de las huelgas al agilizar su resolución.
Transparencia y democracia sindicales: amplía los derechos del trabajador de conocer el manejo de los fondos sindicales, hará pública información de los sindicatos que hoy son secretas, respetará la autonomía sindical pues no habrá intervención de terceros en dichos procesos.
Los coordinadores de los principales partidos en el congreso, Manlio Fabio Beltrones (PRI), Silvano Aureoles (PRD) y Alberto Villareal García (PAN), han declarado que sus grupos parlamentarios ya instalaron comisiones para analizar la reforma de ley, sobre la que se dictaminará el 1 de octubre.
De acuerdo con Enrique de la Garza Toledo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, estas reformas a la ley se vienen impulsando desde 1988 por el PRI y por el PAN y se justifican por la necesidad de integrar a México al mercado global; la flexibilización del trabajo es la premisa mayor, esto con la finalidad de “adecuar las condiciones laborales a los nuevos modos de producción”. Sin embargo, para Toledo, detrás de esta reforma de ley se encuentran los intereses empresariales que buscan terminar con la autonomía sindical, con los contratos colectivos y con las obligaciones patronales que establece la actual ley.
Otros actores políticos, como el desaparecido Sindicato Mexicano de Electricistas, el sindicato Minero (presidido por Napoleón Gómez Urrutia, quien se encuentra auto-exiliado en Canadá, ya que lo requiere la justicia mexicana por un supuesto desfalco a sus agremiados) y el grupo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, han tachado a esta reforma estructural de “ir en contra de las conquistas laborales de los trabajadores mexicanos”.
Enrique Peña Nieto, presidente electo, ya ha hablado de la necesidad de implementar esta y otras “reformas estructurales” para hacer a México “más competitivo”. Si tomamos en cuenta la vocación anti sindical y anti trabajadora que el gobierno federal ha tenido en los últimos años, no debería sorprendernos tanto el hecho de que le nueva Ley Federal del Trabajo socave muchos derechos de los trabajadores. La tercerización de servicios es una de las formas en las que el gobierno pasa el dinero público a empresas privadas; así como el outsourcing es utilizado muchas empresas para no dar prestaciones ni contratos a los empleados. Sin duda vienen tiempos difíciles para los trabajadores mexicanos promedio.
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