En el documento, el gobierno mexicano rechaza cualquier proceso interno que vulnere la soberanía de México, al ejercer jurisdicción para conocer de supuestos actos ocurridos en territorio nacional en los que presuntamente intervino el Presidente de la República (sic)
y sostiene que cualquier acto realizado por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (...) se llevó a cabo en el curso de su función oficial como jefe de Estado
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Llama la atención que este repentino celo por la soberanía provenga de un gobierno caracterizado por tolerar y propiciar la injerencia de Washington en tareas policiales, militares, diplomáticas y de inteligencia que únicamente corresponden al Estado mexicano, y que ha sido más que generoso en el reparto de contratos y en la concesión de recursos naturales a intereses extranjeros. Es significativo, además, que el gobierno abogue en favor de un ex mandatario cuyo gobierno se caracterizó por el abandono de las obligaciones básicas del Estado en los ámbitos de la soberanía, la alimentación, el empleo, la educación, la salud y los servicios.
La misma doble moral se aprecia en el gobierno de Washington, el cual ahora acepta la petición formulada por la SRE, aunque en otros momentos no ha mostrado escrúpulos para allanar soberanías nacionales mediante métodos violentos e ilegales.
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