¡Alto a la criminalización de las luchas del Pueblo! ¡La energía eléctrica es un servicio público, no una mercancía!

• La Comisión Federal de Electricidad a través de la Oficina Regional en Campeche presentó denuncias penales contra miembros de la Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica
• La Procuraduría General de la República integra actualmente una Averiguación Previa contra decenas de miembros de dicho movimiento
• La acción penal de la CFE y la complicidad que ejerce la PGR en este caso sólo busca amedrentar e intimidar al movimiento de Resistencia que cada vez crece más

El día de hoy, alrededor de las 12 del día, en Conferencia de Prensa convocada por la Senadora Rosario Ibarra de Piedra, desde la Sala Heberto Castillo ubicada en la Torre del Caballito, el movimiento de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica y la Represión en Campeche, y la Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, acompañados por la Alianza Nacional por la Autodereminación de los Pueblos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado y representantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de la Economía Popular, hicieron del conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

El 25 de septiembre del año en curso, se desplegaron en la ciudad de Candelaria, Campeche, varias camionetas de la CFE que pretendían cortar y suspender el suministro de la energía eléctrica en cientos de hogares que se han manifestado en contra del alto costo de la energía eléctrica y que han dejado de pagar sus recibos por ser desproporcionados e injustos.

Decenas de habitantes de Candelaria se movilizaron ese día y lograron suspender los cortes de la energía y garantizar que un funcionario de la CFE se trasladara directamente a las colonias para verificar que no se suspendería el servicio y garantizar también que en los hogares donde ya se había suspendido se hiciera la reinstalación.

Por estos hechos el personal de la Comisión Federal de Electricidad con sede en la ciudad de Candelaria Camp., presentó sendas denuncias penales contra varios compañeros del movimiento de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, acusándolos de “privación ilegal de la libertad” y “obstrucción de una obra o servicio público” ante la Procuraduría General de la República.

Desde hace seis semanas varios integrantes de la Resistencia se han presentado a declarar ante el Ministerio Público Federal y han presentado testigos de descargo con la finalidad de demostrar ante la autoridad ministerial que no incurrieron en ningún ilícito ese 25 de septiembre.

El día de hoy queremos denunciar a la opinión pública que en propia voz el Ministerio Público que integra la investigación nos refirió que “hay intereses de arriba de consignar este expediente al Juez” de tal suerte que “no importa si se presentan pruebas o testigos, esto se tiene que consignar”, e incluso ha llegado a amenazas y amedrentamientos a los testigos de nuestros compañeros y compañeras para que “inculpen” a los líderes del movimiento y sirvan de ejemplo para el resto de las comunidades que se resisten a pagar a la CFE los excesivos e injustos cobros que hasta la fecha sigue imponiendo por la prestación del servicio eléctrico.

Organizaciones civiles y sociales tanto nacionales como internacionales entre ellas la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, han manifestado su solidaridad con los compañeros y compañeras que están siendo intimidados y hostigados por el Ministerio Público Federal asentado en la ciudad de Escárcega, Campeche, en la persona del Lic. Gregorio García Solórzano, quien integra la averiguación previa PGR/CAMP/ESC-I/103/108 excediéndose en sus facultades legales al pretender consignar una averiguación previa infundada y sin sustento jurídico real.

El apoyo que han recibido los compañeros y compañeras de la Resistencia también ha provenido de instancias oficiales.Ha adoptado un papel singular la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República a cargo de la Senadora Rosario Ibarra de Piedra. Dicha Comisión desde el principio ha mostrado su respaldo defendiendo esta causa y hasta el día de hoy continúan asesorando jurídicamente a las personas denunciadas.

No podemos permitir que la CFE en complicidad con la PGR utilice las denuncias penales como instrumento de amedrentamiento y amenaza contra los defensores civiles y activistas que se enfrentan al cobro de tarifas injustas y desproporcionadas por parte de la CFE.

Las garantías de debido proceso y debida diligencia deben respetarse en todas las etapas procesales del caso, no podemos permitir que las averiguaciones previas se entablen y desarrollen “por consigna” o “por órdenes superiores” sino apegadas a derecho y respetando en todo momento los derechos de nuestros compañeros y compañeras.