En las semanas recientes el gobierno mexicano “ha arreciado su política antisindical, hasta llevarla a extremos de terrorismo de Estado, cometiendo directamente o cobijando agresiones sistemáticas de grupos empresariales contra organizaciones gremiales, lo que ha dejado un saldo de sindicalistas despedidos, represión, negativas de registros de nuevos sindicatos y de toma de nota”, mientras a los líderes “corruptos les dan con toda celeridad sus reconocimientos oficiales, les aceptan recuentos amañados, manejo de contratos de protección y les permiten el uso de golpeadores”.Organizaciones sindicales, como la de técnicos petroleros, de Vidriera del Potosí, de Trabajadores Docentes del Estado de México, de la empresa Atento-Call Center y demás han sufrido esta situación, por lo que determinaron “unificar las luchas” en una sola, ya que son víctimas de la falta de transparencia en el registro de sindicatos y de las juntas de conciliación y arbitraje.
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