Autor: Álvaro Cepeda Neri
Sección: Opinión
15 Diciembre 2008
Los grupos de poder económico –como la naviera Oceanografía y la gasera Grupo Zeta, que comercian alrededor de Petróleos Mexicanos– han emprendido inquisiciones judiciales contra el derecho a la información que ejercen (y continuarán haciéndolo hasta sus últimas consecuencias) la publicación quincenal Contralínea y la mensual Fortuna.
Con su periodismo de investigación sin concesiones de ninguna especie, estos medios de comunicación han estado contribuyendo a ventilar, con la máxima libertad constitucional de manifestación de las ideas a través de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, lo que consideran sus reporteros y su dirección editorial que, además de ser temas públicos, deben ser conocidos por la opinión pública nacional.
Empero, los hombres del dinero no están dispuestos –protagonistas por sus actividades y conductas de lo público– a ser objeto de las libertades de prensa. Y, echando mano de su poder, contratan abogados para convencer, con sus interpretaciones, a los jueces de los tribunales civiles y penales de que las informaciones de las revistas Contralínea y Fortuna –no obstante estar sustentadas en la veracidad y contrastadas con los hechos– los “desprestigiaron” (en el caso del Grupo Zeta). Por ello, el tribunal sentenció que las revistas se extralimitaron en el derecho a la información.
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