Legislando elitismo e impunidad

John M. Ackerman

La intensa actividad legislativa que marcó el cierre del periodo ordinario del Congreso de la Unión la semana pasada dejó varios pendientes que son sintomáticos de la falta de conducción política del país. Los legisladores se echaron para atrás en la regulación de los bancos, se negaron a adecuar la Ley Federal de Radio y Televisión a las nuevas disposiciones en materia electoral, se rehusaron a aprobar modificaciones que evitarían la utilización política del gasto social y pararon en seco el intento de introducir una versión light del plebiscito y el referendo.

Muchas veces las omisiones dicen más que las acciones, y estas ausencias desnudan la timidez de la coalición gobernante que no se ha atrevido a poner un alto a los poderes fácticos o abrirse a la ciudadanía. La verdadera salida de la triple crisis (política, económica y de seguridad) en que nos encontramos, no podrá venir de la firma de “pactos” y “acuerdos”, sino de una profunda renovación de la clase política, así como de las formas de ejercer el poder público. Lamentablemente, seguimos anclados en la lógica de los acuerdos cupulares, donde el quid pro quo (“el toma y daca”) es la prioridad, mientras los cambios que necesita el país duermen el sueño de los justos.

La reforma que hubiera controlado algunos abusos de los banqueros ni siquiera abordaba el asunto de las comisiones e intereses leoninos que estas instituciones financieras cobran a una ciudadanía cada vez más empobrecida. La nueva ley simplemente se limitaba a “transparentar” estos abusivos cobros, poner límites a las llamadas telefónicas de hostigamiento crediticio y dotar de algunas facultades adicionales de control al gobierno. Aun así, los legisladores no se atrevieron a molestar a los señores del dinero.
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